El Estado de deshecho
En una curiosa manera de no participar en una campaña supuestamente ilegal, justo al día siguiente de su arranque, Mariano Rajoy se fue a Barcelona a presidir un acto de la Junta directiva del Partido Popular; por si a alguien le quedaba alguna duda respecto al uso partidista que el PP aplica a todo cuanto sucede en Catalunya, mientras desde Ciudadanos y el PSOE les hacen el favor de blanquear su estrategia de partido como si fuera una razón de Estado tan eterna como sagrada.
Sin que a nadie le llamara la atención o le inquietara, allí explicó solemne Mariano Rajoy que “nos va a obligar a llegar donde no queremos llegar”; como si gobernar y cumplir y hacer cumplir la ley fuese un acto discrecional, un ejercicio de pura voluntad que dependiera del buen comportamiento del súbdito y la generosidad del gobernante.
En España esto del Estado de Derecho supone una novedad de hace poco más de tres décadas. Pero lo tratamos y lo enarbolamos como si fuéramos ingleses y siempre hubiera formado parte de nuestra forma de gobernar. También solemos manipularlo como si fuera duro y resistente a todo, igual que el diamante, el plástico que envuelve los DVDs o la kriptonita. Pero ni los españoles inventaron el Habeas Corpus, ni el Estado de Derecho es indestructible.
El Estado de Derecho se ha demostrado más bien frágil y vulnerable a lo largo de la historia. Hay que manejarlo con cuidado, no magrearlo con la torpeza y la vastedad que estamos presenciando estos días; porque de tanto usarlo no solo se rompe, como decía la canción, sino que se convierte en un auténtico estado de deshecho.
No hay Estado de Derecho que pueda soportar que los jueces, argumentado que se contraviene la suspensión del TC sobre la Ley del Referéndum catalana, empiecen a prohibir actos públicos en espacios públicos simplemente porque son público y se va a hablar del derecho a decidir, pedir un referéndum o incluso animar a participar en el 1-O, porque inevitablemente lo siguiente será prohibir que se defienda en cualquier espacio y lo siguiente prohibir que se hable de ello de cualquier manera. Si el auto lo dicta un juez que se ha posicionado púbicamente contra el referéndum y contra la alcaldesa, Manuela Carmena, que lo ha autorizado en un espacio municipal, entonces nos encontramos a las puertas del estado de desecho.
No hay Estado de Derecho que pueda soportar que el Fiscal General advierta a 55.000 ciudadanos que pueden incurrir en delito si acuden a formar parte de una mesa electoral. En primer lugar porque ni es delito, ni puede serlo, atender la llamada de una administración legalmente constituida para atender un deber cívico ordinario mientras un juez no diga lo contrario. En segundo lugar porque, en un Estado de Derecho homologado, igual que no existen las causas generales, no pueden existir los avisos penales indeterminados, ni la desobediencia sin una instrucción previa y personalizada.
En un Estado de Derecho, el derecho penal se trata como un instrumento de uso y alcance rigurosamente tasado y limitado. No puede arrojarse de manera indeterminada sobre decenas de miles de ciudadanos porque eso es puro estado de deshecho.
