El hecho diferencial catalán
Sobre los llamados “hechos diferenciales” de Cataluña se ha hablado y escrito mucho y espero y deseo que sigamos hablando y escribiendo después de este domingo, en el marco de una negociación de buena fe, que permita encontrar una respuesta satisfactoria para la integración de Cataluña en España. Satisfactoria para los ciudadanos que viven en Cataluña y para los que viven en el resto del Estado.
Entre estos “hechos diferenciales”, sin embargo, no figura un “hecho diferencial” sin el cual no se entiende lo que ha pasado en Cataluña en estos últimos años, lo que está pasando ahora mismo y lo que va a pasar el domingo y en el futuro inmediatamente posterior. Me refiero al hecho de que el nacionalismo catalán ha sabido dotarse de plataformas de movilización ciudadana sin parangón en cualquier país de Europa y posiblemente en cualquier otro país del mundo.
Conviene subrayar este dato, porque creo que no se le está prestando la atención que merece. En términos relativos es seguro que no hay en ningún lugar de Europa y posiblemente en ninguno del mundo, algo comparable a lo que hay en Cataluña. La NRA, la Asociación Nacional del Rifle en los Estados Unidos, es el ejemplo de asociación con capacidad de movilización más conocido del mundo. Por esa capacidad de movilización es en buena medida por lo que resulta casi imposible que se apruebe en Estados Unidos legislación alguna sobre el control de armas. En términos relativos la capacidad de movilización de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) no es menor. Los entre 400.000/500.000 ciudadanos integrados en la ANC se comparan favorablemente con los entre 3 y 4 millones integrados en la NRA.
Esto es algo que se suele pasar por alto cuando se analiza el ‘procés’, sobre todo fuera de Cataluña. Que una Asociación sea capaz de movilizar año tras año a multitudes ingentes con un mensaje inequívoco y una logística enormemente compleja, es un dato de primer orden. La organización de una cadena humana de 400 KMS, como hizo la ANC en La Diada del 2013 habla por sí misma. Sin tomar en consideración este dato, repito, no se puede entender ni lo que ha pasado hasta ahora ni lo que puede pasar de ahora en adelante.
Las plataformas de movilización del nacionalismo catalán, ANC, pero también OMNIUM y otras varias, están a años luz de las que han sido capaces de activar quienes están en contra de la independencia. La manifestación del 19 de marzo de 2017 convocada en Barcelona por Societat Civil Catalana reunió a entre 6.500 y 15.000 manifestantes. La comparación entre estas cifras y las que han acudido desde julio de 2010 a la manifestación contra la STC 31/2010 y a las sucesivas “DIADAS”, lo dice todo.
Esta es una de las consecuencias de la estrategia del Gobierno de considerar que, puesto que la Constitución no lo permite, el problema de la independencia de Cataluña no existe. El NO con mayúsculas y sin matices del Gobierno de la Nación, que es un NO a la POLÍTICA, deja sin discurso a quienes está en contra de la independencia, que en todas las consultas celebradas hasta la fecha no son menos que los que están a favor de esta última.
Dejar la política en régimen de monopolio al nacionalismo y reaccionar frente a la política con el aparato represivo del Estado no puede conducir más que a un incremento brutal de la movilización política del nacionalismo, con la consecuencia adicional de que no va a poder ser frenada por los jueces, fiscales y policías, a menos que pongan en marcha una operación de represión de una brutalidad mayúscula, que pondría en riesgo la supervivencia del Estado de Derecho y la propia permanencia en la Unión Europea.
El Gobierno debería reflexionar, además, sobre el daño que está infligiendo a policías nacionales y guardias civiles, así como a los jueces con la estrategia que está poniendo en marcha para evitar el 1-O. No se puede enviar a millares de policía y guardias civiles a Cataluña como si fueran fuerza de ocupación. Para esos policías y guardias civiles y sus familias la presión es insoportable. Dichos policías y guardias civiles van a quedar “tocados” con consecuencias imprevisibles, pero, en todo caso negativas. Y esto lo acabaremos pagando todos en todo el Estado.
Peor todavía es la posición en la que se coloca a jueces y magistrados. Para administrar justicia de una manera que pueda ser entendida y aceptada por los ciudadanos, los jueces no pueden aparecer ante dichos ciudadanos como esbirros del Gobierno de la Nación, que a través de la Fiscalía General los hace intervenir contra ellos.
El incumplimiento de la primera obligación que la Constitución impone al Gobierno, “la dirección de la política interior” (artículo 97. 1 CE), supone un coste insoportable para los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y para los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial, que se ven obligados a intervenir de manera represiva, porque el Gobierno, que es el único que debería enfrentarse con un problema de esta naturaleza, escurre el bulto.
El desastre ya no puede ser evitado. Únicamente cabe esperar y desear que no llegue a tener el carácter de irreparable.
