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Con una media en la cabeza

Podemos temer que en unas terceras elecciones generales la condena por el auto-hackeo de los ordenadores de su tesorería pueda ayudar a Rajoy a conseguir una nueva mayoría absoluta

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El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y la secretaria general del PP, María Dolores Cospedal. Foto: EFE

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y la secretaria general del PP, María Dolores Cospedal. Foto: EFE

El partido al que el rey Felipe VI ha hecho el endeble encargo de formar Gobierno, el Partido Popular, está, tras su procesamiento, a un paso de sentarse en el banquillo por la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Luis Bárcenas, que fuera tesorero del PP. Un procesamiento que llega después de ser “investigado”, ese término por el que el propio PP, en el anterior Gobierno de Rajoy, cambió el “imputado” de toda la vida, a través de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de octubre de 2015. Destruir esos discos duros suponía borrar los rastros de su contabilidad, una medida gravísima y (presuntamente) constitutiva de los delitos de daños informáticos y de encubrimiento. Lo que (presuntamente) se encubrió fue la contabilidad paralela de Bárcenas, es decir, del Partido Popular, delito que habrían cometido Carmen Navarro (tesorera/gerente del PP desde que, a instancias de la preclara Cospedal, sucediera a Bárcenas en mayo de 2012), Alberto Durán (abogado responsable de los servicios jurídicos del PP) y José Manuel Moreno Alarcón (informático responsable del Departamento de Sistemas de la Información del PP).

El partido al que el rey Felipe VI ha hecho el endeble encargo de formar Gobierno, el Partido Popular, formateó hasta 35 veces los discos duros de Bárcenas. 35 veces es una cifra que excede cualquier proceso normal de borrado, reseteado, formateado o lo que se quiera hacer para eliminar la información de un disco duro. Lo deduciría cualquier analfabeto informático y cualquier persona con sentido común. En efecto, borrar hasta 35 veces la información de un disco duro comporta tal pulsión obsesiva que solo denota o locura -que no atribuimos a Carmen Navarro, Alberto Durán y José Manuel Moreno- o turbia intencionalidad -que sí es fácil atribuirles. De hecho, la jueza ha determinado que esa compulsión responde a un sistema conocido con el nombre de ‘Método Gutmann’, que persigue un borrado tan “drástico” que no se conforma con que desaparezca la información que contiene un disco sino “la destrucción física” del mismo. No solo los borraron y formatearon, sino que también los rallaron.

El partido al que el rey Felipe VI ha hecho el endeble encargo de formar Gobierno, el Partido Popular, guardaba en esos discos, físicamente destruidos, los documentos que acreditaban su contabilidad B, la lista de sus donantes y de las reuniones mantenidas con ellos, los detalles presupuestarios de sus campañas electorales, los pagos efectuados por su caja B a Loewe y a otras distinguidas marcas de lujo. Un desenfreno. Por lo que es un alivio moral que la Justicia española, a través de su juzgado de instrucción número 32 de Madrid, haya dictado un auto que viene a recoger la indignación ciudadana ante semejantes hechos, después de que la anterior titular de ese Juzgado ordenara el sobreseimiento de una causa en cuya acusación popular hay numerosas organizaciones civiles, adheridas bajo el nombre de ‘Querella Bárcenas’. Entre otras muchas, la Asociación Libre de Abogados, Izquierda Unida o Ecologistas en Acción, así como casi 30.000 particulares. El objetivo de los promotores de esta querella fue “hacer explícito el apoyo social a las acciones judiciales de carácter penal” que se iniciaron contra Bárcenas y el Partido Popular. La nueva resolución permitirá ahora al Ministerio Fiscal y a las acusaciones abrir nuevas diligencias o, al menos, formular escrito de acusación.

El partido al que el rey Felipe VI ha hecho el endeble encargo de formar Gobierno, el Partido Popular, puede recurrir esta resolución y ya ha anunciado que lo hará. Pero es posible que los argumentos que lleva tres años defendiendo la acusación popular, y que son recogidos por la nueva instrucción, supongan una condena al Partido Popular. En principio, esa condena nos llenaría de orgullo y satisfacción. Y debiera bastar para que el PP no pudiera gobernar. Pero teniendo en cuenta que los innumerables y gravísimos casos de corrupción no le han pasado suficiente factura electoral, podemos temer que, si Rajoy no logra formar Gobierno y acabamos en unas terceras elecciones generales, la condena por el auto-hackeo de los ordenadores de su tesorería pueda ayudarle a conseguir una nueva mayoría absoluta. En cuyo caso, el robo y la extorsión a los fieles españolitos podría ya practicarlo el PP directamente con una media en la cabeza.

A fin de cuentas, se lo han ganado: el partido al que el rey Felipe VI ha hecho el endeble encargo de formar Gobierno, el Partido Popular, es el primer partido político en la historia de España que ha sido imputado (perdón, investigado) en una causa penal. Todo un mérito.

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