La repera pepera
Si hay algo en lo que los españoles son –somos– grandes expertos es precisamente en el asesoramiento verbal, en tomarnos un cafelito y contarles a nuestros contertulios cómo vemos las cosas. Desde el útlimo partido de fútbol a la física cuántica, pasando por la política, claro, que es de lo que más se habla en las casas y en los bares de nuestro país, especialmente en estos tiempos en que los escandalosos casos de corrupción envenenan el ánimo de tantos ciudadanos que, enredados en sus penalidades cotidianas, no ven por ningún lado esa recuperación económica de la que tanto habla el Gobierno.
Expertos en hablar de todo, sí (tengo un amigo que en su tarjeta de visita, bajo su nombre, ha escrito: “polemizo sobre cualquier cosa”), pero siempre gratis. Hasta ahora, salvo los abogados de los grandes bufetes, que cobran por cada segundo dedicado a sus clientes, no se sabía de nadie que percibiera una cantidad fija mensual por asesorar oralmente sobre algo. Ni siquiera esa legión de periodistas, economistas y demás profesionales liberales que se han reconvertidos en consultores y que tratan de justificar sus emolumentos con la elaboración de algunos informes.
En los últimos días, sin embargo, se ha conocido una nueva manera de asesorar, que consiste en que un diputado –en este caso el veterano parlamentario del PP Vicente Martínez Pujalte– se tomaba un par de cafés al mes con el consejero delegado de una empresa constructora que concursaba para obtener la adjudicación de parques eólicos en Castilla y León, y cobraba por ello 5.000 euros mensuales. Dice el asesorado que “no eran informes, que nos sentábamos y yo le preguntaba por dónde iba la economía y si creía que la crisis iba a ser pasajera o no”, dado que, a su juicio, el diputado “tiene una visión muy privilegiada de la economía y de la vida real”.
El caso es que quien ha descubierto esos pagos por asesoramiento verbal a la consultora de Pujalte –75.000 euros en un año y tres meses– y al bufete de abogados del exministro y actual embajador en Londres, Federico Trillo –354.560 en casi tres años–, es la Agencia Tributaria, que investiga el pago de comisiones de la mencionada empresa a altos cargos del Gobierno castellano-leonés por la adjudicación de los parques eólicos. Dicen los expertos que no es fácil que en lo que afecta a Trillo y Pujalte se produzcan consecuencias judiciales, aunque parece, como mínimo, muy poco ética esa manera de actuar por parte de políticos en ejercicio, que nunca han perdido ocasión de sacar el látigo de la moral pública para atacar a sus adversarios.
El conocimiento de estos casos se suma a la lista de los 704 más Rodrigo Rato, que han sido expurgados de los 30.000 que se acogieron a la amnistía fiscal de Montoro. Por la información facilitada por los responsables de la Agencia Tributaria se conoce el número –aunque varía según las fuentes de 705 a 715 o 750– y las razones por las que les investigan: que son personas que han ocupado cargos públicos y cuyo patrimonio declarado no concuerda con los emolumentos que percibieron. Se sabe también, porque lo aclaró el propio ministro de Hacienda, que no hay nadie tan relevante como Rato. Y pese a que los voceros del PP van diciendo por ahí que entre esos más de 700 embajadores, jueces, altos funcionarios, etc., hay gente de todos los partidos –y es muy probable que así sea–, por lo que se va conociendo hasta ahora, más bien parece que la “repera patatera” de la que habló el director de la Agencia Tributaria en el Congreso puede acabar siendo la repera pepera.
