El rescate del Congreso
Se acabó la pura delegación de voto para cuatro años de los electores en los diputados; ya no se soporta una práctica política distante, propia de una democracia representativa dormida y antigua. Los nuevos tiempos imponen otra cultura política más ética, transparente y participativa, lo que implica una relación basada en un contrato cívico que exige al parlamentario rendir cuentas periódicamente a los electores y crear nuevos espacios de diálogo y participación ciudadana en un Parlamento abierto a la calle.
No deberíamos olvidar esta reclamación de la sociedad española que tendrá mucho peso en las próximas elecciones generales y que se vincula a la desconfianza en los políticos y en la política institucional. Se trata de la denuncia sobre las insuficiencias que presenta la democracia representativa y las limitaciones del Parlamento para ofrecer herramientas y vías efectivas de seguimiento, control y participación a la ciudadanía y a los agentes sociales. Nos demandan más información y mejor tratada, más accesible y comprensible, así como cauces para empoderar a la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones.
A la crisis económico-financiera que sufren las familias, traducida en paro, pobreza e incertidumbres, se suma la decadencia de un modelo institucional que ha convivido con la corrupción, cuestiónes ambas a las que todavía no hemos dado respuesta. Y el punto de partida es admitir que la democracia no es un modelo acabado sino que exige redefinir sus objetivos y el modelo de funcionamiento de la democracia del siglo XXI, empezando por el Parlamento.
Los vicios y limitaciones que ya acumulaba el Congreso se han visto desbordados con el uso antidemocratico que hace el PP de su mayoría absoluta. En este problemático escenario, nos encontramos con malas prácticas de las mayorías del Congreso al rechazar peticiones de la oposición para crear Comisiones de Investigación sobre casos de corrupción o al negarse a convocar Plenos y Comisiones en los “meses vacacionales” de enero y julio con el objetivo de dar salida a tantas iniciativas parlamentarias, preguntas a Ministerios y solicitudes de comparecencias atascadas y no atendidas.
La actual mayoría absolutista ha maltratado y distorsionado en su tramitación la Iniciativa Legislativa Popular que se presentó contra los desahucios y en favor de la dación en pago, incumplido el Reglamento para poder tramitar con urgencia inusitada proyectos de ley o impedido sesiones de control al Presidente del Gobierno. Todo ello ha supuesto un mayor desprestigio del Congreso y de los políticos y ha trasladado el eje de la acción política a la protesta ciudadana en la calle y a los tribunales.
El rescate del Congreso pasa por la urgente modificación de su Reglamento para garantizar un funcionamiento que permita el control efectivo sobre el Gobierno de turno, que obligue a una rendición de cuentas sistemática del Ejecutivo y de otras instituciones ante la Cámara. Y un tratamiento ágil de las iniciativas parlamentarias que, en muchos casos, han de esperar más de un año hasta ser debatidas.
Pero vamos con mucho retraso. Es tiempo de dar respuestas concretas a la desconfianza ciudadana por los errores que hemos cometido. Porque no saldremos de esta aguda crisis política sin más y mejor democracia. Para ello, los Grupos Parlamentarios han de buscar amplios acuerdos de modo que la reforma del Reglamento sirva para establecer unas reglas de juego más democráticas en la Cámara, en sus órganos y procedimientos, que permitan resolver sus carencias. Un funcionamiento que dé más autonomía a los diputados y permita un Congreso más eficiente, transparente, participativo, ágil, intenso y tecnológico. Está en juego dignificar la democracia representativa.
De ahí el sentido de la Proposición que acabo de presentar en nombre del PSOE al Congreso, con 18 medidas en favor de un Parlamento abierto que abra espacios de colaboración para integrar acciones ciudadanas y cauces horizontales y verticales de participación que incluyan a las redes sociales con todas sus potencialidades. El reto es saber escuchar, responder e implicar a la ciudadanía en los procesos deliberativos del Congreso en materia legislativa.
Ojalá resulte posible un pacto amplio entre los partidos sobre la reforma reglamentaria del Congreso. Pero habría de formar parte de un acuerdo sobre el proyecto global para la regeneración democrática pendiente que ha de perseguir la revitalización de la democracia en su doble vertiente representativa y participativa, para que funcione como una democracia incluyente.
