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El revival antiabortista del Partido Popular

En la situación en la que estamos, y si no padeciéramos el Tribunal Constitucional antigarantista que padecemos, merecería la pena recordar que en relación a los derechos sociales, también los sexuales y reproductivos, debe regir siempre el principio de no regresividad

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El Gobierno espera un gran acuerdo contra la violencia de género en el Congreso

La nueva ministra de Sanidad, Dolors Montserrat. EFE

Julia de Micheo es la nueva jefa de gabinete de la ministra de Sanidad e Igualdad, Dolors Montserrat, una de las diputadas que apostaba por derogar completamente la ley del aborto de Zapatero y por imponer la de Gallardón; una de las que apoyó con su firma la concentración pro-vida de 2014; alguien que confesó en una entrevista de la Gaceta.com que deseaba que el PP fuera pro-vida; ferviente miembro del Opus Dei en perseverante cruzada, como su mentor Federico Trillo, que coordinó la elaboración del recurso de inconstitucionalidad que el PP presentó contra la ley socialista.

Este recurso de inconstitucionalidad siempre ha funcionado como un as en la manga que podía activar en cualquier momento el Partido Popular, que le permitió eludir el coste electoral que le suponía la ley de Gallardón (inútil excepto para provocar su dimisión), aparentar progresía y modernidad, y hacernos creer que habíamos ganado una guerra que, en la práctica, había sido postergada a la espera de una situación más favorable –Tribunal Constitucional mediante (¿la investidura de Rajoy, por ejemplo?)–.

Recordemos que entre los preceptos recurridos se hallaba el que prevé la posibilidad de abortar en las catorce primeras semanas por la mera decisión de la madre, la obligación de enseñar las materias relativas a la salud sexual y reproductiva "desde una perspectiva ideológica de género" (esa misma que el humanista Cañizares compara con el nazismo y la guerra total), o el régimen de regulación de la objeción de conciencia, olvidando que este es un derecho al que no pueden acogerse los centros sanitarios, y cuyo ejercicio no puede suponer un perjuicio para el paciente.

La cuestión es que el recurso era amplio y ambicioso, y curiosamente, la ponencia recayó sobre el magistrado conservador Andrés Ollero, miembro del Opus Dei, diputado del PP durante 17 años, y de férreas y explícitas convicciones antiabortistas, de modo que el contenido de su borrador no era difícil de prever. Ciertamente, resulta sorprendente que no se haya recusado a este magistrado por razones similares a las que se utilizaron en el caso de Pérez Tremps, al que se apartó de la deliberación sobre el Estatuto catalán por sus supuestas simpatías catalanistas. Aunque, en realidad, lo sorprendente es que en un Estado aconfesional como el nuestro no estemos a salvo todavía de la influencia del catolicismo rampante, militante y sectario del Opus Dei ni en la creación de las normas ni en su interpretación y aplicación.

Lo cierto es que la prohibición del aborto que predica Julia de Micheo constituye una grave violación de los derechos de las mujeres, como no se ha cansado de recordarnos la CEDAW, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU o el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo – CIPD. Con tal prohibición, el Estado se convierte en un auténtico agresor institucional, violando el derecho a la vida (abortos inseguros); el derecho a la salud y a la atención médica; el derecho a la igualdad y la no discriminación; el derecho a la seguridad personal; el derecho a la autonomía reproductiva; el derecho a la privacidad; el derecho a la información sobre su salud reproductiva (que incluye la educación sexual); el derecho a decidir el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos; el derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico; y el derecho a la libertad religiosa y de conciencia, cuando se hace descarado apostolado desde las instituciones. Pero la prohibición del aborto supone, además, y sobre todo, una violación del derecho a no ser sometida a un trato cruel, inhumano y degradante, como han apuntado, para ciertos casos, la CEDAW, el Comité contra la Tortura, y el Comité de Derechos Humanos (CDH).

Este último Comité se ha pronunciado contra varios países por vulnerar los derechos de mujeres a quienes no se permitió interrumpir el embarazo por anomalías fetales graves, tal como proponía Gallardón en su ley. Uno de los casos más emblemáticos en este sentido fue el de KL vs. Perú, en el que el CDH condenó al Estado de Perú por negarse a practicar un aborto a una adolescente embarazada de un feto anencefálico (sin cráneo ni cerebro) que inevitablemente moriría en el parto o a los pocos días de nacer. En este caso la adolescente se vio obligada a llevar a término el embarazo y a amamantar al nacido durante los pocos días que permaneció con vida, de manera que en su dictamen el CDH consideró que el Estado de Perú le infringió tratos crueles, inhumanos y degradantes.

En fin, la prohibición del aborto supone tomar a las mujeres como si fueran máquinas reproductoras sin capacidad de decidir sobre su propia vida ante embarazos no deseados, viola sus derechos humanos, y las discrimina, además, frente a los hombres, pues el embarazo y el parto solo les afecta a ellas, especialmente si hablamos de quienes tienen menos medios culturales y económicos para procurarse abortos seguros y legales. La realidad de las madres que quisieron abortar y no pudieron se estudia muy bien en la Universidad de California (UCSF) en el Turnaway Study. Un estudio ("estudio del rechazo") que muestra cómo estas mujeres han acabado siendo más pobres, sufren más enfermedades y más trastornos mentales, y son más vulnerables frente a la violencia machista.

En la situación en la que estamos, y si no padeciéramos el Tribunal Constitucional antigarantista que padecemos, merecería la pena recordar que en relación a los derechos sociales, también los sexuales y reproductivos, debe regir siempre el principio de no regresividad; un principio de derecho internacional que obliga a los Estados a no adoptar medidas que disminuyan el grado de disfrute de los derechos conquistados y adquiridos.

Sin embargo, a la vista de nombramientos como el de Julia de Micheo, del revival del Partido Popular, en su versión más santurrona y misógina, y sabiendo que el Tribunal Constitucional se dedica a blanquear las medidas depredadoras de este gobierno y a hacer sus sueños realidad, resulta ilusorio recordar nada. Lo que todo indica, más bien, es que vamos a tener que prepararnos para otro Tren de la Libertad; otro Tren para exigir, incansables, que quien ha de velar por nuestros derechos no se dedique sistemática e impunemente a pervertirlos y amputarlos.

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