El Estado 'segurata'

Mariano Rajoy se ha ido a Australia a anunciar que irá más a Catalunya a explicar mejor eso de la soberanía nacional, para deleite y alborozo del comando de patriotas que custodia las esencias en la mayoría de los medios de la capital. También puso en su sitio al G20 y le espetó a Obama, Merkel y el resto de la panda lo que aquí ya sabemos, gracias a la excelente política de comunicación del Gobierno y el fantástico pluralismo informativo que disfrutamos: en España la crisis ya está arreglada porque hemos hecho unas reformas ejemplares que lo han dejado todo niquelado. Así que ahora a ver si hacen el favor de dejar de enredar, hacen sus deberes, se estiran un poco y consumen más y compran más de estos productos tan competitivos que hacemos los españoles cobrando menos de mil euros al mes. A ver si va a resultar que hemos hecho la devaluación interna sólo para que vengan más turistas. Nosotros también queremos exportar.

Ya metido en este papel de líder mundial, el presidente podía haberles explicado cómo, entre las grandes reformas que estamos implementando, se incluye una innovación que desmiente la vieja tesis neoliberal de que el Estado no vale para casi nada. Olvídense de antiguallas como el Estado de bienestar. Llega el Estado 'segurata'.

Ya sabemos que el Estado no está para abrir más hospitales, o contratar médicos o profesores, o dar becas, porque eso es gastar y vivir por encima de nuestras posibilidades. Pero si está para que las lanchas de la Armada escolten al barco de Repsol camino de sus prospecciones en Canarias y embestir a los ecologistas para que aprendan que en España, si quieres protestar, vete a tu casa y no molestes.

Ya sabemos por qué el gasto militar no se toca. Nos lo ha explicado el ministro Soria, el amigo de Monago: hay que defender la libertad de circulación en el mar. Es como pedir dinero y endeudarse. Es muy malo que el Estado lo haga, hasta que lo hace para pagar sin rechistar a ACS una indemnización de 1.300 millones de euros por construir un almacén de gas en una zona sísmica, entonces es de justicia y es la ley.

Las grandes empresas españolas pueden respirar aliviadas. Ya saben en qué se gasta el Estado español los impuestos que ellas no pagan, pero pagamos nosotros por ellas. En protegerlas y defenderlas de ecologistas, clientes, ciudadanos y gente peligrosa en general. Allí donde una gran empresa española tenga un problema, habrá siempre un ministro, un soldado, un buque o un cheque al portador puesto por el Estado 'segurata'. No estáis solas, amigas. Ánimo.

Lo peor de todo es pensar que Repsol es hoy una empresa privada porque Aznar lo decidió así y los gestores que hoy la patronean provienen del puñado de burócratas elegidos a dedo por el Gobierno del Partido Popular y los amiguetes a quienes les regaló un monopolio público que funcionaba bastante mejor, aportaba más valor a la sociedad y a la economía española y, además, si no nos gustaba, se podía cambiar votando a otro Gobierno.