Fernando Martínez: “En el Valle de los Caídos habrá un centro de interpretación para que cambie el relato franquista”

En pleno reimpulso más de una década después de la aprobación de la primera ley y tras el vacío que los gobiernos del Partido Popular dejaron a su paso, son muchos los frentes que aún hay pendientes en las políticas de memoria histórica. Lo sabe bien Fernando Martínez (Vélez-Blanco, 1949), secretario de Estado de Memoria Democrática desde que el Gobierno decidió elevar de rango la dirección general que desempeñaba antes. Martínez recibe a elDiario.es en una de las salas del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; y lo hace en un momento decisivo para la Ley de Memoria Democrática que ha pilotado, cuyo recorrido en el Congreso acaba de empezar.

Exalcalde de Almería y exsenador, Martínez responde a las preguntas como un alto cargo, pero diserta y se detiene en ellas como un historiador. Acude a la entrevista con la ley que aspira a sustituir a la que el PSOE aprobó en 2007 en la mano, impresa, y la defiende como el “salto definitivo” que “le hace falta a la democracia española”. Eso a pesar de que el camino que le espera a la norma no será fácil; tendrá que bregar con críticas tanto a la izquierda, que pide mayor ambición, como a la derecha. “Estamos abiertos a hacer los ajustes que sean precisos para que sea posible”, dice sobre las negociaciones.

Lo que parece que será un punto caliente serán los obstáculos que permanecen en España para juzgar los crímenes del franquismo, entre ellos la prescripción de los delitos o la Ley de Amnistía, cuya revisión piden varios partidos, incluso Unidas Podemos, y organismos internacionales, el último, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU el pasado 30 de septiembre. Martínez pone el foco en que las víctimas tendrán derecho a conocer qué ha pasado a través “de la verdad judicial” y en que la ley impulsa “la investigación de las violaciones de derechos humanos” con la creación de una Fiscalía de Sala, pero rehúye pronunciarse sobre las trabas que han llevado a que la única causa abierta en el mundo contra estos crímenes lo esté a 10.000 kilómetros de nuestro país, en Argentina. Un proceso en el que precisamente el pasado fin de semana la jueza María Servini dictó un auto de procesamiento contra el exministro Rodolfo Martín Villa.

PP y Vox se oponen frontalmente a la ley mientras los socios de Gobierno, e incluso Unidas Podemos, y las asociaciones memorialistas exigen mayor ambición. ¿Cuánto margen hay para negociar el proyecto?

Es importante que se conozca bien, porque hay muchas cosas que se plantean que ya están recogidas. He hablado con los grupos parlamentarios y hay cosas que incluso desconocían. Somos flexibles a la hora de recoger las enmiendas. Trataremos de llegar a acuerdos; estamos abiertos a hacer los ajustes que sean precisos para que esta ley, que es muy potente, sea posible. Ancla los derechos fundamentales, pone en el centro de la acción política a las víctimas, nos homologa a los países de nuestro entorno y se vertebra en los grandes principios del derecho internacional humanitario: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición o deber de memoria, que es como le llamamos.

En estas conversaciones, ¿se han planteado algunas medidas concretas que se incorporarán?

Esquerra Republicana (ERC) planteaba que los tribunales de excepción del franquismo se declararan ilegales, no solo ilegítimos y sus sentencias nulas, como hacemos en la ley. Les hicimos una propuesta de redacción que no veían mal, así que se incorporará si hacen esa enmienda. En este tipo de cosas se puede avanzar.

¿Es optimista con que la Ley de Memoria Democrática sume suficientes apoyos en el Parlamento?

Como dijo el ministro el otro día en el Congreso, somos flexibles. Esta es una ley que le hace falta a la democracia española y supone un salto definitivo. Es un camino abierto que se va a ir desarrollando y tiene que llegar a la sociedad española; debemos ganarnos a la ciudadanía –sobre todo a la gente joven– para la memoria, y para eso hay que hacer buena pedagogía, que es algo que esta ley hace. No reabre heridas, al contrario, contribuye a cerrarlas y tiene en cuenta a todas las víctimas de la guerra y de la dictadura.

Uno de los puntos que genera mayores discrepancias es que el proyecto no toca la Ley de Amnistía. ¿Están dispuestos a revisarla?

Si derogamos la Ley de Amnistía, entrará en vigor al día siguiente, pero las leyes en España con carácter penal no son retroactivas. El problema no es la Ley de Amnistía, que tampoco impide que se juzguen los delitos de lesa humanidad.

Es un obstáculo que sí se ha puesto sobre la mesa a la hora de juzgar los crímenes del franquismo.

¿Cuántas veces se ha hecho teniendo en cuenta la Ley de Amnistía? Cuando ha ocurrido, como en el caso de la causa que llevaba Baltasar Garzón, se planteaba fundamentalmente la prescripción de los delitos, la irretroactividad de la ley y, de rondón, la Ley de Amnistía. En la Ley de Memoria Democrática lo que hacemos es declarar el derecho a la verdad de las víctimas y a la investigación de las violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura, algo que nunca había aparecido y de lo que no se habla. Con lo cual, ya se pueden investigar. Así es cómo lo afronta la ley, busca una interpretación de lo que ha ocurrido en el marco de la justicia restaurativa.

Para eso crea un Fiscal de Sala potente y proactivo al que se le dan unas atribuciones en las que incluso se pueden observar aspectos que pueden tener deriva penal. Estos son procesos que van a empezar a caminar y tienen que ir asentándose. La ley también establece el derecho a la verdad judicial vía jurisdicción voluntaria: si alguien pide que se conozca qué pasó, un juez tiene que entrar ahí. Ya nadie va a poder decir que la Ley de Amnistía impide investigar.

Pero un juez podrá decir que no se continúa un proceso judicial debido a la Ley de Amnistía.

Pero tiene que investigar si lo de dice una ley.

Nosotros fundamentalmente nos movemos en el marco de la justicia restaurativa: conocer la verdad judicial y que se pueda investigar

Al margen de la investigación, los obstáculos que se esgrimen para enjuiciar, que son la Ley de Amnistía y la prescripción de los delitos, seguirán vigentes...

Los crímenes de lesa humanidad se pueden juzgar siempre. En España existe la prescripción de los delitos, y la retroactividad de la ley está en la Constitución. Nosotros fundamentalmente nos movemos en el marco de la justicia restaurativa: conocer la verdad judicial y que se pueda investigar. Y es importante tenerlo en cuenta porque hablamos de sucesos que ocurrieron hace 80 años y los perpetradores están muertos. En cualquier caso, siempre se pueden pensar cosas; estamos en el marco de la flexibilidad, pero la ley está muy bien armada jurídicamente para remover los problemas que nos han puesto para que se investigue.

Argentina tiene en marcha un proceso judicial que ha imputado a personas que están vivas. Este pasado fin de semana la jueza María Servini ha dictado un auto de procesamiento contra el exministro franquista Rodolfo Martín Villa. ¿En qué posición nos deja que los delitos se estén intentando juzgar en otro país?

La Fiscalía General del Estado abrió esta posibilidad a través de una nueva circular para que no hubiera obstáculos desde España a la justicia universal. La ley entra en que se investigue y se conozca la verdad, que es el planteamiento de la justicia restaurativa, cosa que hasta ahora no se hacía. Es normalmente lo que quieren las víctimas, no quieren venganza, es más una cuestión de conocer y reparar moralmente la situación, quieren conocer qué ha pasado y que les devuelvan los restos de sus familiares. Esta es la reparación tan importante que hay en la ley, el derecho a la verdad, más que centrar todo en la cuestión penal. Es muy difícil poner el acento ahí.

Hay una voluntad de abrir esta vía penal porque las víctimas la han buscado fuera de España.

Nosotros garantizamos la investigación de lo que ha ocurrido a través de un instrumento muy potente desde el punto de vista jurídico que es la Fiscalía de Sala a la que mucha gente podrá acudir. En la ley se especifica [lee el texto del proyecto] que podrá “intervenir en aquellos procesos penales de especial trascendencia y ejercitar la acción pública en cualquier tipo de procedimiento exigiendo las responsabilidades que procedan cuando sean hechos que constituyan violaciones de derecho internacional de derechos humanos”.

¿Eso abre la puerta a que pueda haber juicios en España para juzgar estos delitos de lesa humanidad?

Lo referente a lesa humanidad ya está establecido por otro marco de leyes, esta no viene a regular eso. No soy jurista y no puedo hacer una interpretación que tiene que hacer un tribunal o un fiscal, pero la ley busca otras vías para investigar, para buscar la verdad. A lo que apunta fundamentalmente es a la justicia restaurativa, de conocimiento y reparación como elemento fundamental.

Si hay comunidades o ayuntamientos que se niegan a exhumar fosas, con la Ley de Memoria Democrática el Gobierno intervendrá

Cambiando de tema, otra de las reclamaciones que se le hacen a la ley tiene que ver con la reparación económica de víctimas que aún no la han recibido o en casos de incautaciones o robos de bienes. ¿Se ha cerrado la puerta a esta cuestión?

La ley establece que se investigarán las incautaciones y se hará una auditoría de bienes expoliados y de sanciones económicas que, una vez finalizada, dará a paso a implementar las posibles medidas de resarcimiento. El tema de las incautaciones se ha abierto para estudiarlo, hacer un inventario y a partir de que conozcamos el alcance que tiene, veamos cómo implementar las medidas con rigor.

La ley asume como responsabilidad del Estado la exhumación de fosas, pero el modelo que ya se ha puesto en marcha vía transferencias a ayuntamientos o comunidades no acaba de convencer a las asociaciones memorialistas. ¿Se ha descartado crear un organismo o instituto estatal que asuma esta responsabilidad y al que puedan acudir los familiares?

Hemos planteado un plan de choque y un plan cuatrienal de exhumaciones. El liderazgo lo tiene que tener el Estado, que era un de las grandes recomendaciones del relator de la ONU Pablo de Greiff, y el Estado es la Administración Central, las comunidades, los ayuntamientos y las diputaciones. Todo coordinado desde la Secretaría de Estado; aquí damos el visto bueno a las exhumaciones que proponen. En este momento hemos llegado a acuerdo con todas las comunidades excepto Murcia. Con los ayuntamientos lo hacemos a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El caso de Murcia es paradigmático porque descarta hacerlo. Con este modelo ¿no hay riesgo de que determinadas administraciones contrarias a la política de memoria miren para otro lado o directamente se nieguen?

Puede que la comunidad no tenga interés, pero sí los ayuntamientos. Si no, también vía diputaciones. Y en el momento en que tengamos la ley aprobada –todavía no lo podemos hacer– directamente intervenimos nosotros. Es una prioridad del Gobierno y estamos implicando a todo el Estado. El plan lo dirigimos desde aquí y tenemos a los especialistas- más significativos de España al frente. En la época de Zapatero se hicieron 177 exhumaciones; en este momento las actuaciones que tenemos en marcha, entre exhumaciones y dignificaciones, son 303.

¿En qué punto se encuentra el mapa de fosas?

Estamos permanentemente actualizándolo y vamos a seguir en ello. Muchas veces se da el dato de que hay unos 114.000 desaparecidos, pero hay que tener en cuenta que han pasado 80 años y ha cambiado mucho la situación de las fosas. Muchas han podido desaparecer, se han cambiado las infraestructuras...Tenemos 790 fosas exhumadas con rigor científico, de las cuales se han podido recuperar 10.000 cadáveres e identificar alrededor de un tercio. Con los estudios que hemos hecho, hablamos de que se puedan recuperar entre 20.000 y 25.000 cadáveres, que es lo que puede quedar realmente ahora mismo en las fosas en España. Calculamos que en una legislatura o legislatura y media pueda resolverse.

¿Existe el riesgo de que hacerlo vía subvenciones haya un cierto descontrol sobre quién hace las exhumaciones?

Es fundamental que se hagan bien, con mucho rigor científico. Nosotros no vamos a aceptar que se hagan sin equipos bien formados, con forenses antropólogos e historiadores. Somos muy rigurosos y se controla y coordina desde aquí. Ya se lo hemos comentado a las comunidades. Cualquiera no va a hacer una exhumación y eso las asociaciones de víctimas lo tienen muy claro.

En cuanto a las identificaciones, ¿en qué punto esta la creación de un Banco Nacional de ADN? ¿Va a incorporar los que ya existen en algunas comunidades?

En este momento estamos ya en contacto con todas las comunidades, los laboratorios que se dedican a este tema y con una universidad holandesa para que, en el momento en que tengamos la ley, podamos impulsarlo. Está todo dispuesto, es un camino que está muy avanzado y solo a expensas de que se apruebe la ley. También está en marcha la metodología para el censo de víctimas porque muchas veces el problema que tenemos en España es que hablamos de cifras por estimaciones; se necesita un censo oficial.

¿Hay algún avance sobre la resignificación del Valle de los Caídos? ¿Qué ideas están sobre la mesa?

Comprende muchas cosas. Empieza a haberla desde que en la época de Zapatero se crea una comisión para estudiarlo, cuando sale el dictador y con el proceso en el que estamos de entrar en las criptas para intentar dar con los restos de 82 solicitantes. Resignificar es explicar. Habrá un centro de interpretación para que cambie el relato que hay, que es un relato franquista, por uno democrático con el que se conozca absolutamente todo lo que pasó. Le acompañará una página web muy potente en la que estamos trabajando.

Habrá que contar quién lo construyó, en qué contexto, y su significado, que no es otra cosa que la simbiosis entre religión y política, que es el nacionalcatolicismo. Ya hemos empezado una investigación con el CSIC sobre la mano de obra penada que participó en su construcción y otra sobre el acarreo de cadáveres desde distintos puntos de España. Todo esto va a formar parte de la idea, porque ahora cuando entras nadie te explica nada.

El deber de memoria para crear condiciones de no repetición es fundamental para las futuras generaciones y el futuro de la democracia

Se van a cumplir dos años desde que Patrimonio Nacional autorizara las primeras exhumaciones en el Valle. Por el camino han fallecido familiares, entre ellos Manuel Lapeña, que contaba con una sentencia judicial. ¿Por qué se ha tardado tanto en entrar?

Una cosa es la autorización y otra poner en marcha los mecanismos jurídicos, económicos, administrativos y de equipos para ponerlo en funcionamiento. Día y noche estamos en la Secretaría de Estado con este tema porque entendemos la situación. Nos hubiera gustado que hubiera sido antes, pero no es porque haya habido un descuido. Ahora felizmente ya está puesto en marcha. En este momento la extrema derecha, como ocurrió con Franco, está intentando paralizar el proceso y ha puesto recursos contra la licencia que nos dio el Ayuntamiento de El Escorial, pero lo tenemos muy bien atado jurídicamente.

Una de las pretensiones es incorporar la memoria democrática en las aulas. Al corresponderle la educación a las comunidades, ¿temen que el discurso revisionista y contrario a las políticas de memoria histórica que estamos viendo por parte del PP y Vox pueda suponer un riesgo?

El deber de memoria para crear condiciones de no repetición es fundamental para las futuras generaciones y el futuro de la propia democracia. Para nosotros es clave que la memoria democrática entre en la escuela, y estamos trabajando en sintonía con el Ministerio de Educación para que esto avance. Las leyes son de obligado cumplimiento.