Casado despertó y Sánchez seguía allí

Entre la España que arde y la España que florece debe haber un espacio intermedio que no cabe en los actuales códigos de la política. Entre el país de luz y color que dibuja el Gobierno y la agitación permanente que la oposición percibe en la calle no hay zonas grises. Y entre los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social y las colas del hambre, hay una zona en penumbra por la que transitan miles de trabajadores con salarios precarios, de los que nadie habla pero viven en riesgo de pobreza o exclusión social. 

En esta España sin matices ni espacios templados esta semana el Gobierno de Pedro Sánchez ha roto por primera vez desde 2015 con la dinámica de la inestabilidad presupuestaria al lograr en el Congreso de los Diputados la aprobación de los segundos PGE consecutivos. En tiempo y forma. Los de 2017 y 2018 se aprobaron fuera de plazo (pasados seis meses del ejercicio presupuestario) y por una mayoría mucho más exigua que la sumada esta vez por la coalición progresista -188 votos afirmativos de 11 partidos representados en el Congreso-. 

Pedro Sánchez enfila así, con un apoyo superior al que hizo posible su presidencia -167 votos y el aval de siete partidos- el ecuador de la XIV Legislatura. Un mandato que Pablo Casado creyó que no duraría un suspiro y con el que hasta ahora ha flirteado con la posibilidad de un constante anticipo electoral que se diluye en el horizonte cuando menos hasta finales del 2023 o principios de 2024.

Por las diferencias entre los socios de la coalición, por la  pandemia, por la crisis económica o por una supuesta y falaz desconfianza de Bruselas, lo cierto es que la derecha tradicional construyó su estrategia de oposición sobre la base de que el primer gobierno de coalición en democracia caería y que la crisis sociosanitaria derivada de la pandemia se llevaría por delante a Sánchez más pronto que tarde. Un escenario que, en Moncloa, certifican que “no sólo no ha ocurrido, sino que aún no ha sido digerido” por el principal partido de la oposición que, según la opinión que impera en el gabinete presidencial, tendrá que revisar su estrategia después de que se haya roto el consenso demoscópico sobre una supuesta ventaja del PP en las encuestas sobre las que durante meses ha cabalgado el líder del PP. 

El PP y la negación de la realidad

Esta semana se han publicado varias sondeos de medios ideológicamente afines al PP que coinciden en situar al PSOE por delante de la derecha y en subrayar que el enfrentamiento entre Génova e Isabel Díaz Ayuso por el control del partido en Madrid ha doblado su bolsa de votantes indecisos. Un sondeo de IMOP-Insigths para El Confidencial ha llegado a cifrar incluso en 600.000 potenciales votantes el coste electoral de la batalla interna entre los populares. 

Y es en este contexto demoscópico y en la negación de la realidad en lo que fuentes gubernamentales enmarcan ahora la decisión de Pablo Casado de echarse a la calle con el objetivo de agitar una protesta social generalizada que, en opinión del Gobierno, no existe, más allá de las legítimas reivindicaciones sectoriales“ que se han sucedido estos días y no interpelaban en todos los casos al Ejecutivo.

La Moncloa no ve un hilo conductor en las concentraciones de agricultores, trabajadores del metal o policías, y tampoco un clima social generalizado de rechazo al Gobierno como el que protagonizó el movimiento de los “chalecos amarillos” contra Macron en Francia. Añaden además que, lejos de dar la espalda a reivindicaciones sectoriales que no tenían todas como destinatario a Sánchez, el Ejecutivo ha ido resolviendo asuntos, como ha sido el caso de la decisiva mediación de la ministra Reyes Maroto en el conflicto entre trabajadores y patronal del metal en Cádiz. 

El Congreso aprobará además el jueves próximo el proyecto de Ley de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria que establecerá precios mínimos para agricultores y ganaderos y reducirá los márgenes de los intermediarios. Una medida llamada a apaciguar las protestas del sector primario que ha intentado instrumentalizar el líder del PP en beneficio propio, como si las demandas no hubieran sido una constante desde hace lustros. 

Las manifestaciones de policías y guardias civiles en protesta por la reforma de la Ley de Seguridad, más conocida por ley mordaza, son las más ideológicas de cuantas se han sucedido y no responden, a juicio del Ejecutivo, ni a un asunto salarial ni de incremento de efectivos, sino a “una lectura de la nueva ley construida a base de fakes y del ruido constante en las redes sociales de sindicatos vinculados a la extrema derecha ”que nada tiene que ver con la realidad ni con la literalidad del texto“. 

Según datos del Ministerio del Interior, desde 2018 la aplicación de tasas de reposición superiores al 100% han permitido la creación de 13.800 plazas en las Fuerzas de Seguridad, lo que se traduce en un crecimiento de 13.000 plazas netas, 5.000 en Policía Nacional y 8.000 en Guardia Civil, en solo tres años. Los Presupuestos de 2022 aprobados ya consolidan de hecho la incorporación de 4.843 nuevos efectivos. 

La culminación del proceso de equiparación salarial ha supuesto además un incremento muy significativo en las retribuciones de todos los agentes, que se ha traducido en una subida media entre 2018 y 2021 de un 21,5% que han supuesto 807 millones de euros.

“Lo que subyace detrás de todas las protestas puede responder a un estado de ánimo postpandémico, pero no a una rebelión contra al gobierno”, subrayan fuentes gubernamentales. Ni siquiera la desorbitada subida del precio de la luz ha provocado una ola de indignación social en las calles del país. Para protestas, apostilla un socialista, “las protagonizadas en Austria, Dinamarca y Países Bajos contra el confinamiento y la vacunación obligatoria, y no las que se suceden en España convocadas por cuestiones sectoriales y no contra el Gobierno, como pretende trasladar la derecha de Casado y la ultraderecha de Abascal”.

Reforma laboral, pensiones y fondos europeos

Sea como fuere, desde Moncloa trasladan que el Gobierno aguanta, “está más unido que nunca en torno a los consensos sociales, los Presupuestos y en dar estabilidad a una Legislatura que será larga y que aún no ha llegado ni al ecuador”, por lo que el líder del PP tendrá que cambiar su estrategia para adaptarla a una realidad inapelable: que cuando Casado despertó del sueño de que la pandemia se llevaría por delante al Gobierno, Sánchez, como el dinosaurio de Monterroso, todavía estaba allí, en La Moncloa. Dicho de otro modo: la Legislatura durará más de lo que imaginaron las derechas. 

Y hasta final de año, tras haber desplegado ya una agenda social y reformista que ha tensionado al electorado del PSOE con la aprobación del SMI, la ley de Formación Profesional, la de Vivienda o la de Universidades, se centrará en la reforma de las pensiones (ya encarrilada) y en el nuevo marco de relaciones laborales. La previsión es que ambas, imprescindibles para que el Gobierno esté alineado con las exigencias de Bruselas, estén aprobadas antes del 31 de diciembre. Y pese a que la patronal no se sumó al consenso con los sindicatos en materia de jubilaciones, en Moncloa creen que hay margen para que lo haga en la reforma laboral. 

En 2022, el objetivo es centrar todos los esfuerzos en la gestión de los fondos europeos para lograr, además de un cambio de modelo productivo, una recuperación justa que permita a la izquierda revalidar la mayoría en las urnas. Y todo, pese a que la situación económica está aún lejos de ofrecer garantías de certidumbre y pese a que no se vislumbra la aprobación del nuevo modelo de financiación que demandan las Autonomías. “Sin un acuerdo, hoy inalcanzable entre PSOE y PP, será imposible que salga adelante”, augura un presidente regional de los ocho que participaron en la llamada cumbre de Santiago.