Eustasio López y el periodismo

Alrededor de la segunda fase del caso 18 lovas, ya saben, la trama de prostitución de menores en la que aparece como uno de los encartados el empresario Eustasio López, ha estallado una hemorragia incontenible de sentimientos, muchos de ellos nobles, sin duda, pero otros bastante indeseables. Y digo segunda fase porque la primera, la que emergió cuando se descubrió en 2016 la operación policial que desembocó en una instrucción judicial que ahora se encamina a su final, ya tuvo su propia escandalera. No era para menos: se descubría que varias menores, alrededor de la veintena, habían sido presuntamente prostituidas por un grupo de hombres después de atraerlas con el cuento de que podían ser azafatas, promotoras o bailarinas en fiestas privadas, cuando en realidad lo que se pretendía era ofrecerles dinero a cambio de relaciones sexuales.

Algunas de esas chicas se encontraban entonces tuteladas por el Gobierno de Canarias en centros de menores, lo que agravaba la lógica indignación de la ciudadanía, que reclamó desde ese momento una respuesta ejemplarizante por parte de la Administración de justicia. 

Pronto, muy pronto, quedó de manifiesto que a la lógica indignación por el descubrimiento de esta trama, se sumaron las vendettas. Nosotros particularmente descubrimos cómo en redes sociales y en webs tan rigurosas como Wikipedia, se sumaron solícitas algunas manos teóricamente anónimas para colgarle al poderoso empresario encartado la condición de pederasta, de proxeneta y de asaltante de cunas. La informática deja rastros y se supo desde aquel momento que detrás estaba el equipo tecnológico de cierto empresario muy enfrentado al dueño de Lopesan, con quien todavía mantiene abiertos agrios litigios.

También al calor de la presencia de un empresario millonario desembarcaron por aquí unos cuantos periodistas de prestigiosos periódicos de la villa y corte pidiendo dinero sin recato. Uno vino de la mano de un jefe de prensa institucional con acceso al sumario judicial, y la cosa desembocó en lo que tenía que desembocar: si no hay pasta, hay escándalo.

A lo largo de estos cinco años que ha durado la instrucción, la prensa de Canarias no ha dejado de recibir improperios, a veces insultos y siempre exigencias de algunas personas, casi siempre en las redes sociales. Son personas deseosas de conocer el desenlace de la operación, pero la mayoría empeñadas en denunciar un silencio cómplice de unos medios de comunicación a los que han visto siempre en connivencia con el juez instructor, Rafael Passaro, y supongo que también con la fiscal encargada del caso, Inés Herreros, con el perverso objetivo de que todo acabara enterrado pasto del olvido. Desconocía ese incansable coro de conspiranoicos lo que se estaba cociendo en el interior de esas diligencias previas, muy complejas y delicadas, y no por la presencia de un poderoso empresario al que habría que tapar (según sus proféticos designios), sino porque se trató desde un principio de víctimas menores de edad, cuya intimidad y otros derechos se hacía necesario preservar en todo momento.

Los medios de comunicación canarios, constantemente acusados de una suerte de omertá, no publicábamos nada nuevo del caso 18 lovas sencillamente porque no había nada nuevo que contar del caso 18 lovas, pero la masa hambrienta de justicia justiciera quería cabezas rodando sobre la tarima y medios de comunicación avergonzados y condenados por no colaborar en el linchamiento. 

En el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria se tramitaba la causa con la agilidad y los recursos que adornan a la justicia en España; con las declaraciones de muchas víctimas y muchos testigos, con escritos, recursos y peticiones de las defensas de seis investigados y con la necesidad autoimpuesta del juez instructor de armar bien todos los indicios para poder emitir el auto de procesamiento -muy discutido auto de procesamiento- que ha dado lugar a esta segunda fase del caso.

Desde que en este periódico tuvimos conocimiento de esas diligencias, hicimos todo lo posible por informar con rigor, sin aspavientos ni bajas pasiones. Muy pronto tuvimos acceso al sumario –sé que no es conveniente decir esto, pero así fue- lo que nos permitió conocer cabalmente aspectos de la investigación que nos condujeron a una línea informativa más certera que la de otros muchos colegas (ni que decir tiene que de la inmensa mayoría de comunicólogos de las redes sociales) para discernir con claridad quién es quién en esa operación y el papel que desempeñó cada cual. Y lo publicamos todo.

En el caso concreto de Eustasio López, desde el principio informamos cuál fue su participación en este asunto: estuvo en una fiesta privada en una finca del sur de Gran Canaria donde había una decena de mujeres jóvenes, entre ellas, dos menores de edad. Junto a él, el empresario Eugenio Hernández, uno de los dos cabecillas de la trama, al que el juez atribuye el coliderazgo de la operación de prostitución de muchas de las menores. En aquella fiesta había dos víctimas, ambas de 17 años, y una de ellas -que no lo admite- le habría practicado una felación al empresario, según recoge el auto de procesamiento del juez Rafael Passaro. Por la presencia de esas dos menores en situación de prostitución en el mismo jacuzzi en el que estaba Eustasio López, el juez le atribuye otros tantos delitos de prostitución de menores. Ni uno más, pero tampoco ni uno menos.

Al empresario, como al resto de los investigados, se le intervino el teléfono durante la investigación el tiempo que estuvo secreta. No se encontró ninguna relación más ni con los cabecillas de la trama, ni con la trama ni con ninguna de las menores consideradas víctimas de la trama. Sus delitos se limitan a lo ocurrido en esa fiesta en Ayagaures.

Sin restarle la menor importancia al reproche penal que pueda hacérsele, es evidente que López no es el cabecilla de la trama, como se ha tratado de hacer ver en un ejercicio funambulista de ciertos periodistas, tertulianos todólogos y determinados medios de comunicación en busca del enardecimiento de las masas a mayor gloria de sus audiencias. Como ocurriera con las primeras semanas de la erupción del volcán de La Palma, los medios informativos nacionales (con honrosas excepciones) desembarcaron de nuevo en Canarias para destripar un caso del que nada o muy poco les han importado las menores, ni los centros tutelados, ni la presunción de inocencia. Se lanzaron a vender mierda porque es lo único que creen rentable de esta ultraperiferia. 

Durante estos días ha habido de todo, incluso quien ha pretendido que se impute al Gobierno de Canarias por negligencia con las menores protegidas, cuando en la instrucción quedó claro que no fueron precisamente los mecanismos de protección los que fallaron. Y todos, casi sin excepción, ya dando por sentado que el empresario debe ir a la cárcel. Este tuit, obra de un experto en comunicación con alto predicamento social, colocó a Eustasio López como líder de una red que operaba “en toda España”. 

Aunque pueda resultar llamativa la presencia en una trama de prostitución de menores de un millonario en lugares destacados de la lista de Forbes, del empresario líder turístico de Canarias, de un emprendedor con éxito en los negocios, admirado y odiado a partes iguales por su desempeño profesional, nada de eso lo convierte en más culpable de lo que pueda declarársele en un juicio justo y con todas las garantías, que acabará celebrándose, no hay la menor duda. Condenarlo ya por el simple hecho de ser poderoso, magnate u oligarca (son algunos de los términos empleados para denostarle) se me antoja el resultado de frustraciones ocultas de quienes colocan esos agravantes por encima de los que incluye la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El abogado del empresario, el letrado local José María Palomino, ya ha interpuesto el correspondiente recurso contra el auto de procesamiento, que a su entender no resiste la más mínima prueba procesal. Pero el juez Passaro no va a atreverse a cambiar su criterio inicial, básicamente porque el ambiente mediático y social no lo entendería. Lo que pase en otras instancias, ya se verá.

Los que no nos vamos a sentar en el banquillo, por mucho que algunos lo estén deseando, somos los medios de comunicación locales, de los que se ha llegado a decir que no hemos publicado nada, que hemos ocultado la aparición del empresario en la causa, que hemos colaborado para taparlo todo. Hemos hecho nuestro trabajo lo mejor que hemos podido, con el material judicial verificado al que hemos accedido, sin condenar a nadie de antemano, como es nuestra obligación, aunque la pena de banquillo, de paseíllo o del telediario sea inevitable para todos los procesados, especialmente para el que goza de mayor conocimiento (y reconocimiento) social. Lo peor que le puede pasar a Eustasio López es que lo absuelvan porque la misma masa irrefrenable y justiciera terminará diciendo que compró a los jueces.