Atreverse a no condenar

El caso contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha terminado con una condena de inhabilitación de dos años, una multa de 7200 euros y una indemnización a la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso de 10.000 euros. No solo ha sido un proceso plagado de irregularidades desde el principio, sino que hemos conocido el fallo antes de que se haya redactado la sentencia. Además, parece que no hubo deliberación. No hacía falta. Existen motivos para sospechar que la condena al fiscal general estaba decidida desde la apertura del juicio oral. 

El proceso parecía diseñado para obligar a dimitir al fiscal general. Tras no haber ocurrido esto, el Tribunal Supremo ha optado por condenarlo. No se ha atrevido a no hacerlo, pero estamos convencidos de que nadie pensó que el asunto llegaría hasta aquí porque la presión de imputar a un fiscal general le obligaría a este dejar el cargo. Es probable que, si lo hubiera hecho, no habría sido condenado, porque el objetivo se habría cumplido igual. 

Y el fiscal general resistió porque es inocente. Al final, ha sido condenado. Y que el sentido de la sentencia se haya anunciado el 20N parece una conmemoración, como lo han demostrado algunos nostálgicos al celebrar esta aberración del sistema judicial.