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La realidad de las fosas del franquismo a la que la nueva Ley de Memoria busca poner fin: solo se han recuperado 9.000 de decenas de miles de víctimas

Una tesis pone cifras al trabajo en las fosas del franquismo: 9.009 víctimas recuperadas en 743 exhumaciones

Juan Miguel Baquero

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España es uno de los países con más desaparecidos forzados en el mundo. El golpe de Estado fascista de 1936, y la posterior dictadura de Francisco Franco, dejó la nación sembrada de tumbas ilegales. Y la mayoría siguen sin abrir. Una anomalía que el Gobierno pretende resolver con un plan estatal de exhumaciones activado al hilo de la nueva Ley de Memoria que llega el martes al Consejo de Ministros.

Nuestro país, hasta ahora, solo ha hecho una parte del trabajo. Una investigación pone cifras a la realidad de las fosas comunes del franquismo: 9.009 víctimas recuperadas en 743 exhumaciones entre los años 2000 y 2018. El resultado es fruto de la tesis doctoral titulada 'Arqueología de la Memoria: el método arqueológico aplicado a la historia reciente' de Lourdes Herrasti, doctora en Historia de la Universidad del País Vasco.

Con la próxima legislación –que reemplazará a la ley memorialista de 2007–, el Estado asume de oficio la apertura de fosas con una plan estatal de exhumaciones. El Gobierno pretende liderar las labores de búsqueda de desaparecidos forzados, desde la localización de las sepulturas al rescate de los restos óseos y la identificación genética. Otras instituciones y las propias familias de víctimas podrán solicitar estos procesos.

El Estado participará también de forma activa en la entrega de los restos a los descendientes. La norma facilita la ocupación temporal de terrenos privados si el propietario no da permiso para buscar una posible fosa. Además, la Fiscalía será informada sobre los “indicios” de delito que aparezcan en las fosas y habrá una actualización del Mapa de Fosas estatal, como ha adelantado Infolibre.

El estudio de Lourdes Herrasti deja una radiografía: el 89% de los cuerpos recuperados en las fosas son de población civil que no participaban en ninguna guerra. Y la mayoría eran trabajadores del campo. Claves que desnudan la pedagogía del terror de los golpistas, ejercida como “represión de clase y política”, en palabras de Herrasti.

Décadas de retraso en memoria histórica condenan a la mayor parte de familias a no recuperar jamás a sus muertos. España está en disposición de recuperar de las cunetas a apenas una cuarta parte de las víctimas del terror franquista. Y unas 7.000 personas como máximo quedarían identificadas, según un informe del Ministerio de Justicia al que ha tenido acceso elDiario.es. En un lustro podría estar solucionado el problema de los desaparecidos poniendo en marcha varios equipos arqueológicos, según el estudio.

“Lejos” de las cifras de desaparecidos

La investigación de Lourdes Herrasti abarca desde el año 2000 a 2018. Empieza en la primera intervención realizada con criterio arqueológico, conocida como la fosa de los 13 de Priaranza del Bierzo, en León. “Desde ahí se han excavado más de 700 fosas entre todos los equipos y recuperadas más de 9.000 personas”, cuenta en conversación con elDiario.es.

Pero los datos están “muy lejos” de alcanzar la dimensión real de las desapariciones forzadas en España. “Si solo cogemos el auto del juez Baltasar Garzón, se refiere a más 114.000 víctimas de la represión”, alude. Y ahora, en 2020, “estaremos por encima de las 9.500 víctimas” rescatadas de la tierra.

Un problema que arrastra el país es la “evolución diacrónica desigual” en la búsqueda de los desaparecidos. “Influyó mucho la Ley de Memoria Histórica de 2007 y la financiación de aquel momento, cuando hubo un mayor número de exhumaciones”, explica.

Luego todo “decayó en 2011 tras el triunfo del PP” y el repetido mantra que asumió el expresidente Mariano Rajoy de ‘cero euros’ a las víctimas del franquismo. El ritmo “se vuelve a retomar en 2013 sobre todo a través de las comunidades autónomas que desde entonces lideran las intervenciones en fosas”, refiere. Más los procesos liderados, y costeados en casos, por la propia sociedad civil, las asociaciones memorialistas y las familias de los represaliados.

Nunca, en todo caso, podrán recuperarse todas las víctimas arrojadas a fosas y cunetas. “Eso es un hecho incuestionable”, confirma. “Hemos empezado tarde y todos somos conscientes de la distancia que nos separa de los hechos y de las personas que podían saber… Muchas fosas no sabremos dónde estaban y otras fueron desbaratadas, especialmente en los cementerios, pero también con el crecimiento de los pueblos”, cuenta Herrasti.

“Llegar tan tarde nos limita muchísimo”, lamenta. “No sé si podremos recuperar alguna vez a 15.000 víctimas, o 20.000… es imposible saber por ahora”, dice. Lo que tiene claro la investigadora “es que lo que se ha hecho y lo que queda puede valer como ejemplo de lo que ocurrió, que fue verdad”, y las fosas abiertas son testigo de crímenes contra la humanidad.

La población civil como víctima

“El gran volumen de las víctimas correspondía a la población civil”, de asesinatos que suceden “sobre todo en los primeros seis meses de la guerra que es el momento álgido de la represión”, afirma Lourdes Herrasti. Esta táctica de violencia extrema sirve “como ejemplo”, como el escenario habitual que certifica su tesis: la mayoría son “fosas de retaguardia”.

Casi 9 de cada 10 ejecutados “no estaban en un contexto de guerra”, sostiene. “Hay algunas fosas que pertenecen a combatientes pero incluso en estos casos muchos eran muertos en la retaguardia”, completa. De ahí “se puede deducir que el 89% de los asesinados son población civil”.

Y de las profesiones que ejercían. “La mayoría eran campesinos, jornaleros, temporeros… distintas formas de trabajar y casi todas relacionadas con el campo”, asegura la doctora en Historia.

El trabajo que ejercían también “queda patente en los objetos que llevaban” en el momento de la muerte y que quedan guardados en la tierra. Los elementos personales “delatan que era gente de condición humilde”.

El “inventariado recuperado” de las tumbas ilegales del franquismo describe así la “represión de clase” dirigida “contra todos los que votaron al Frente Popular y pertenecían a partidos y sindicatos”.

La violencia golpista contra el adversario social, desvestida por una tesis. “Muchos llevan como calzados solo unas zapatillas con el suelo de caucho o hecho aprovechando un trozo de neumático de una rueda”, resume Lourdes Herrasti.

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