Exmagistrados del Supremo y exfiscales de Anticorrupción denuncian al rey emérito por cinco delitos de fraude fiscal

“Nos mueve la defensa del interés general en cuanto que estimamos que exigen delitos contra la Hacienda Pública que vulneran no sólo los preceptos del Código Penal que invocaremos sino también los principios de igualdad y solidaridad, además de obligaciones legales y éticas, exigibles especialmente a aquellas personas que ostentan cargos públicos de relevancia constitución, en este caso, la Jefatura del Estado”.

Con estas palabras arranca la querella que un grupo de juristas e intelectuales presentan este lunes ante el Tribunal Supremo contra el rey Juan Carlos I, a quien acusan de cinco delitos de fraude fiscal, y que también impugna la regularización ante Hacienda realizada en 2021, que la fiscalía dio por buena y que sirvió para cerrar la investigación al rey emérito.

Entre los firmantes del escrito que pretende ejercer la acusación popular están los exfiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, los exmagistrados del Supremo José Antonio Martín Pallín y Clemente Auger, juristas como Javier Pérez Royo, Blanca Rodríguez Ruiz, Joaquín Urías y Eduardo Ranz Alonso, intelectuales como Josep Ramoneda y Pilar del Río y el periodista Miguel Mora.

A lo largo de 20 páginas, la querella dirigida al Tribunal Supremo va desgranando los cinco delitos que atribuyen al anterior monarca entre 2014, la fecha de su abdicación y 2018, y que consideran que no están prescritos, y a la vez trata de desmontar los criterios que llevaron a la Fiscalía a dar por buena la regularización ante Hacienda que hizo Juan Carlos I en 2021 cuando ya sabía que se le estaba investigando por eludir impuestos.

Los hechos denunciados guardan relación con el uso de instrumentos opacos, entre los que se citan las fundaciones Zagatka y Lucum (con sedes den Liechtenstein y en Suiza) para “ocultar o dificultar la cuantía de la cantidad defraudada”. Alegan los querellantes que esa conducta debería tipificarse como un fraude fiscal agravado con pena de entre dos y seis años de prisión y que no prescribe hasta una década después. Así que según sus cuentas, ninguno de los cinco ejercicios denunciados, ni siquiera el de 2014, cuyo plazo para declarar finalizó el 1 de julio de 2015 estarían prescritos.

La querella recuerda cómo en 2018, cuatro años después de su abdicación se iniciaron sendas investigaciones sobre el patrimonio de Juan Carlos I y que en 2020 la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ordenó remitir a la Fiscalía del Supremo una investigación iniciada por Anticorrupción un año antes sobre supuestas tarjetas de crédito vinculadas a fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, por parte del rey emérico y otros familiares, y un supuesto cobro de comisiones ilegales en las obras del Ave a la Meca y por la existencia de sociedades en paraísos fiscales.

La acusación popular recuerda que la regularización fiscal que hizo el rey Juan Carlos tuvo lugar después de que se le hubiera notificado desde la fiscalía en dos ocasiones que estaba siendo investigado. Fue entonces, entre diciembre de 2020 y febrero de 2021 cuando el rey emérito depositó 4.416.717,46 euros para cumplir con las obligaciones fiscales que no había cubierto en las declaraciones ante Hacienda correspondientes al quinquenio 2014-2018, cuando el monarca ya no gozaba de inviolabilidad tras haber legado la Corona a su hijo Felipe VI. Entre las declaraciones complementarias se incluye una para hacer frente a los impuestos derivados de los pagos realizados por la fundación Zagatka, que gestionaba un primo del rey -Álvaro de Orleáns-, para sufragar viajes y otros servicios que disfrutó Juan Carlos I, entre ellos armas de caza por un importe superior a 100.000 euros.

Son esas regularizaciones ante Hacienda las que impugna la querella presentada ante el Tribunal Supremo y la que lleva a la acusación popular a considerar que se debe juzgar al rey emérito por cinco delitos contra la Hacienda Pública. La querella lo sostiene con estas palabras: “La regularización de las defraudaciones tributarias se produce después de haber tenido conocimiento formal de la existencia de unas diligencias de investigación de la Fiscalía que le advirtió de la existencia de irregularidades en las declaraciones tributarias, con anterioridad a su regularización. En todo caso, su representación legal tuvo la oportunidad de personarse y conocer el contenido de las diligencias de investigación, aunque sin duda era conocedor de las irregularidades que se había cometido en las declaraciones correspondientes al IRPF correspondiente a los años 2014 a 2018”.

Por eso, incide la denuncia, “no concurre la aplicación del principio de íntegra y espontánea regularización que contempla el Código Penal” para el delito de fraude fiscal. A juicio de la acusación popular, el argumento que manejó entonces la fiscalía para considerar que la regularización se hizo en tiempo y forma y que se basaba en que en las dos notificaciones no se detallaban pormenorizadamente los hechos que se imputaban, “resulta incongruente”. El representante legal del rey emérito, señala la denuncia, “procedió a la regularización con los datos que le había facilitado la fiscalía y más específicamente la fiscalía anticorrupción”. “El Código Penal descarta los efectos despenalizadores si se regulariza después de tener un conocimiento formal, no necesariamente pormenorizado, de la iniciación de diligencias”, subrayan los denunciantes, que citan jurisprudencia del Tribunal Supremo para avalar su tesis de que esa regularización nunca se debió dar por buena.

Su conclusión por tanto es que el Supremo debe investigar los delitos fiscales y para ello piden la declaración en calidad de imputado del rey Juan Carlos I, y que comparezcan como testigos su primo, Álvaro de Orleans, que sufragó vuelos privados y armas al anterior monarca, el abogado que ha representado al emérito en su investigación tributaria, Javier Sánchez-Junco, y algunos de los nombres que han manejado las finanzas del rey en Suiza como Arturo Fasana y Dante Canónica. También se pide citar como testigo al empresario mexicano Allen Jesús Sanginés-Krause, que supuestamente abonaba parte de los gastos del rey emérito y familiares, además de representantes de bancos suizos, empresas y agencias de viajes.

El grupo de juristas e intelectuales que firman la querella solicita al Supremo que se fije una fianza simbólica de un euro, ya que su propósito es el de “potenciar el valor superior de la Justicia, los principios generales del Estado de Derecho y la igualdad ante la ley”.

En el último punto, la querella propone que, cuando llegue el momento procesal oportuno, en caso de que haya condena, se fije el mínimo posible en la pena privativa de libertad “teniendo en cuenta la edad del querellado, pero que la multa sea de la cuantía máxima fijada por ley”.