El juez del Supremo ignoró un acta que descartaba que García Ortiz hubiese manipulado su móvil durante el registro

La Fiscalía ha contestado a la petición de información del juez del Supremo, Ángel Hurtado, sobre los movimientos del fiscal general durante los registros del pasado 30 de octubre en la sede central del Ministerio Público. El servicio de seguridad ha comunicado que las imágenes que ha pedido el magistrado, a petición de una acusación popular que afirma haber visto a Álvaro García Ortiz manipular su móvil ese día, sencillamente no existen porque no hay cámaras en el interior del edificio. Las actas del registro, bajo secreto y accesibles por tanto para el juez, también demuestran que, para esa hora, el fiscal general había recuperado su teléfono de manos de la comitiva y ya había sido analizado por los agentes.

Fue la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), una de las acusaciones populares del caso, la que se dirigió por escrito al juez el 12 de noviembre para, en un recurso, deslizar por primera vez la acusación: la teniente fiscal del Supremo “fue vista por al menos un fiscal del Supremo” ese 30 de octubre sobre las siete de la tarde “revisando un móvil con el fiscal general en el patio central cuando la Guardia Civil aún estaba llevando a cabo sus pesquisas”.

Un hecho “sorprendente” que desarrollaron en una petición de diligencias un día después, revelando que el “fiscal del Supremo” que les había visto era Salvador Viada, presidente de la asociación y miembro del Consejo Fiscal. Dando más detalles, como por ejemplo que estaban “revisando un móvil aparentemente perteneciente al investigado”.

En ese escrito, la APIF ya afirmaba que estaban examinando “una prueba crucial del delito” y pidieron varias diligencias, entre ellas la que acordó ayer el juez Hurtado: pedir a la seguridad del edificio central de la Fiscalía que conservara las imágenes de las cámaras que graban directamente el patio central del edificio donde García Ortiz fue visto manipulando la prueba principal del delito. El problema, ha comunicado hoy por escrito el Ministerio Público al juez, es que esas cámaras nunca han existido. Y las actas revelan que, para entonces, el fiscal general había recuperado su teléfono de manos de los agentes hacía más de una hora.

Las actas del registro de ese día 30 de octubre, en el que la Unidad Central Operativa requisó por orden del juez Ángel Hurtado todos los mensajes y correos en busca de pruebas sobre la filtración de los emails del abogado de Alberto González Amador, también demuestran que en ese momento, aunque fuera el móvil del fiscal general, era una “prueba crucial del delito” que ya había sido examinada por los agentes y devuelta a Álvaro García Ortiz.

Según las actas, actualmente bajo secreto de sumario pero disponibles para la Fiscalía y el juez, el volcado de toda la información necesaria terminó a las 17:50 horas de esa tarde y el móvil fue devuelto al fiscal general cinco minutos después. Casi una hora antes de que, según el fiscal Viada que observaba desde las inmediaciones, García Ortiz y la teniente fiscal fueran vistos, supuestamente, manipulándolo de alguna manera.

La comitiva que acudió a la Fiscalía a cumplir las órdenes de Hurtado estaba compuesta por cinco agentes de la Guardia Civil y encabezada por la Letrada de la Administración de Justicia de la Sala Segunda del Supremo. Fue ella quien redactó el acta, reflejando que García Ortiz recuperó su teléfono a las 17:55 con las tarjetas SIM. Estas actas siguen bajo secreto de sumario pero disponibles tanto para la Fiscalía como para el propio juez Hurtado, siendo la funcionaria de la Sala la que registró y levantó acta de lo sucedido.

Las cámaras no existen

El juez Hurtado pidió que la Fiscalía no borrara las imágenes de las cámaras por si acaso más adelante decidía investigar ese hecho denunciado por la APIF. El jefe de seguridad de la Fiscalía se ha dirigido por escrito al magistrado para comunicarle que “actualmente no existe ninguna cámara de seguridad instalada en el patio central, solo existiendo cámaras en el perímetro exterior del edificio”, tal y como apuntaban ayer fuentes de este organismo a elDiario.es.

La causa investiga si el fiscal general o la fiscal provincial de Madrid estuvieron involucrados en la filtración de los correos en los que el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía un doble fraude fiscal de 350.000 euros. Unas diligencias que, en las últimas horas, se han abierto a una nueva posibilidad: que cargos del PSOE también tuvieran esos correos y urdieran un plan para difundirlos en plena Asamblea de Madrid.

Este viernes será Juan Lobato quien testifique ante el juez después de que el diario ABC publicara que a principios de noviembre acudió a un notario a consignar los mensajes que, supuestamente, cruzó con Pilar Sánchez Acera, entonces trabajando en Moncloa, en marzo. Mensajes en los que, según esa información, Sánchez Acera le ofrecía esos correos para esgrimirlos esa misma mañana del 14 de marzo ante Isabel Díaz Ayuso en la cámara regional. Según la versión de Lobato, que ayer dejó su puesto al frente del PSOE madrileño, fue al notario para poder demostrar que ni él ni el PSOE ni Moncloa manejaron nunca esa información antes de que fuera publicada en los medios.

Mientras tanto el juez está a la espera de recibir el informe de la UCO sobre los correos y mensajes intervenidos al fiscal general ese 30 de octubre. Un primer análisis referido al material incautado en el despacho de Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, llevó a la Guardia Civil a concluir que la Fiscalía estaba detrás de la filtración, sin que los correos analizados muestren ninguna orden o mensaje en ese sentido, solo conversaciones destinadas a recabar los correos para desmentir una información falsa publicada ese 13 de marzo sobre el caso de Alberto González Amador.