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Retos en derechos humanos para el nuevo Gobierno andaluz

Una barca con migrantes a bordo trata de atravesar el Mediterráneo. EFE/Archivo

Una barca con migrantes a bordo trata de atravesar el Mediterráneo. EFE/Archivo

El pasado 2 de diciembre de 2018, tenían lugar las últimas elecciones andaluzas, las cuales han supuesto un cambio de Gobierno. El gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) dio paso a una nueva mayoría tras 36 años de Gobierno ininterrumpido, siendo nombrado como nuevo presidente del gobierno andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla del Partido Popular (PP).

Como siempre a Amnistía Internacional le preocupan los derechos humanos y, como hemos hecho en otras ocasiones, pedimos al nuevo Gobierno que luche por proteger y garantizar el acceso a los derechos humanos a todos los andaluces, y a aquellas personas, que por uno u otro motivo, se encuentran en Andalucía.

En un primer lugar, es necesario tratar la cuestión de la violencia de género. Por desgracia, sigue existiendo una alta tasa de violencia de género en España: un alto número de mujeres sufren o han sufrido maltratos psicológicos o físicos por parte de sus parejas, familiares, compañeros, etcétera, llegando al extremo de que muchas de ellas son asesinadas por el mero hecho de ser mujeres. Es por esto, por lo que pedimos que la Junta de Andalucía, establezca unas medidas y programas que persigan esta violencia que se basa en la creencia de la superioridad de un sexo sobre otro, algo que contradice no solo nuestra Constitución Española, sino también a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

Asimismo, es necesaria la eliminación de las barreras para el acceso a la justicia para aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia de género o sexual, es decir, la eliminación de las piedras, los prejuicios y los estereotipos que se encuentran en el camino. Así como pedimos que se implementen las medidas necesarias para reducir la brecha salarial, que desgraciadamente, también se da en Andalucía, llegando en el mundo hasta una diferencia del 23%.

En segundo lugar planteamos la cuestión de la necesidad de un cambio político que deje de dar la espalda a las personas migrantes y refugiadas. Andalucía limita al sur con el Mar Mediterráneo, lo que lo posiciona como un eje central en la cuestión de la migración y refugio de aquellas personas que arriesgan sus vidas y las de sus familias cruzando el Mediterráneo. Con ello, acaban aventurándose y arriesgándose a que la embarcación en la que se encuentran no sea rescatada, llevándolos, así, a una muerte segura. Por ello, es necesario que el Gobierno andaluz establezca políticas que ofrezcan el apoyo y la ayuda a migrantes y refugiados.

Al mismo tiempo, debe dar solución a estas cuestiones, y el nuevo Gobierno ha de fijarse en las necesidades de la población a la que está representando. Por ello, Amnistía Internacional, pide al Gobierno andaluz, la vuelta a la universalidad del sistema sanitario del sistema sanitario, para todas aquellas personas que lo necesiten, es decir, tanto para los andaluces como para las personas migrantes y refugiadas que se encuentran en territorio andaluz. Es necesario que la Junta de Andalucía no establezca medida alguna para recortar en sanidad; de lo contrario, llevaría a poner en peligro el derecho a la salud de las personas.

En otro sentido, acerca del derecho a la vivienda, Amnistía Internacional pide que las administraciones, en caso de desalojo, garanticen una alternativa habitacional digna y que no se hagan desalojos sin estudiar la vulnerabilidad a la que se enfrentan las personas. Además, es necesario regular el mercado privado de la vivienda para facilitar la accesibilidad, disponibilidad y asequibilidad de aquellos andaluces, o personas que se encuentran en Andalucía, con bajos ingresos.

Por tanto, Amnistía Internacional pide al nuevo Gobierno andaluz que implemente por unas medidas y programas políticos que defiendan la mano a los derechos humanos, mejorando así, la vida de todas las personas que formamos parte de Andalucía. En consecuencia, pedimos que el gobierno garantice el derecho a la salud, a la vivienda, y los derechos de las mujeres, y de las personas migrantes y refugiadas. 

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