Los editores piden mano dura
“La nueva Ley de Propiedad Intelectual tiene que recoger los cambios de conducta en el consumo de los productos culturales. Son parámetros que han cambiado mucho desde los años ochenta”. El presidente de la Federación de Gremios de Editores (FGEE), Javier Cortés, escenificó la semana pasada durante el Congreso de Editores Europeos celebrado en Madrid la crítica al anteproyecto de la reforma de la LPI que presentó hace unas semanas el Gobierno y a la fallida, para ellos, ley Sinde. Lo hizo durante la presentación del Informe sobre la situación de la industria y el comercio del libro, que reflejaba datos sobre la aportación económica del sector cultural al PIB español, un 3,6%, un punto menos que la media europea, y cifras actualizadas sobre la facturación del libro digital, un 1,6%, casi cuatro puntos menos que el Reino Unido, líder europeo en este ámbito.
No obstante, más allá de los números sobre el e-book y la piratería –el informe, eso sí, apuntaba una pérdida de 200 millones de euros–, asuntos que se trataron ampliamente durante los dos días que duró el congreso, el planteamiento de Cortés giró en torno a la dejación que el Gobierno tiene con respecto a la industria editorial, en comparación, según él, con el resto de países europeos. “Este es un sector fuerte, internacionalizado y que no está subvencionado. Necesitamos un mayor reconocimiento por parte de la sociedad, porque ayudamos al crecimiento económico”, señaló. Y en este aspecto manifestó que la tramitación de la nueva LPI es “un momento clave” para reforzar la creación, sin la cual no existiría la labor editorial: “Estamos ante la ocasión de dar un paso en firme para el reconocimiento de los autores y los tenedores de derechos. Debemos regular la propiedad colectiva y educar al pueblo español en la defensa de los creadores”, recalcó Cortés, quien además pidió una Comisión de seguimiento de la nueva ley que pueda intervenir de forma directa.
Ahora bien, ¿bajo qué parámetros? ¿Bajo la francesa ley Hadopi que persigue al usuario? ¿La británica Digital Economy Bill (DEB) que prevé el cierre de páginas web que ofrezcan enlaces a contenidos con copyright? Cortés no desveló a qué tipo de ley preferiría que se ajustase la nueva LPI. “En ningún momento he hablado del lector, sino que me refiero al cambio de conducta”, insistió. Sin embargo, apuntó, le parecía muy “preocupante” que la ley “deje abiertos los contenidos digitales en el mundo educativo”.
Con respecto al aterrizaje en España de las grandes plataformas on-line como Amazon o Google y la monopolización del mercado del libro digital por parte de estas multinacionales, Cortés manifestó que era “más un problema de los distribuidores que de los editores”, aunque también hizo autocrítica al señalar que “España no había sido lo suficientemente hábil. Tenemos que poner en marcha distribuidores locales”.
Quizá ya sea tarde para este tipo de soluciones. Quizá no y sea posible plantarle cara a Amazon. En cualquier caso, la historia del libro digital aún está en su fase más balbuceante. Continuará…
