Un casino para denunciar que los políticos “se juegan” los derechos sociales

“Se juegan nuestros derechos al alimento, al agua, al trabajo digno”. Un original casino improvisado es el escenario de la última campaña de Pobresa Zero en Valencia para exigir que los derechos sean efectivos. “Pedimos presupuestos decentes y políticas coherentes para erradicar la pobreza”, explican sus portavoces.

Según los datos del colectivo, agrupado en la Coordinadora de ONG, en España el 26,6% de la población se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión, mientras que esta tasa alcanza el 31,3% de la población en la Comunidad Valenciana.

Las agrupaciones reivindican un gran pacto contra la pobreza que no excluya a las personas migrantes y que potencie las políticas sociales para reducir la brecha de desigualdad. Además, que los partidos que concurran a las próximas elecciones se comprometan a dedicar el 0'7% de los presupuestos a ayudas al desarrollo.

“El hambre crece en el mundo por tercer año consecutivo, y afecta ya a 821 millones de personas, el 60% de las cuales viven en países en conflicto. Además, el 41% de la población del África Subsahariana se encuentra en situación de extrema pobreza”, recalca Pobresa Zero.

La campaña va por su tercer año y considera que se avanza en la disminución de las desigualdades, pero lamentan que no terminen de desarrollarse las leyes y el exceso de optimismo en las campañas electorales. “Hace tres años Naciones Unidas aprobó la agenda 2030, que establece 17 objetivos para erradicar la pobreza y la desigualdad mediante un desarrollo sostenible. Hoy, con los últimos informes oficiales en la mano, sabemos que ningún país está en el buen camino para conseguir esos objetivos”, explica su manifiesto. No obstante, el colectivo valora la puesta en marcha de la ley de vivienda, de pobreza energética o la anulación del copago.

Tras la performance de la partida de poker, en la que unos políticos ficticios se tiran faroles con los derechos sociales, Pobresa Zero convocará el sábado una gran manifestación, respaldada por 170 entidades como Oxfam o Cáritas, para reclamar el cumplimiento de los derechos básicos. En Alicante y Castellón también habrá marchas reivindicativas.