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Agricultores muestran dudas por los nuevos requisitos de PAC y piden más ayudas

España, tercer país de la UE con más ayudas directas para la PAC hasta 2027
Madrid —

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Madrid, 21 oct (EFE).- Las organizaciones agrarias han mostrado este miércoles sus dudas ante la posible disminución de las ayudas por los nuevos requisitos ambientales de la nueva Política Agraria Común (PAC), mientras que distintos sectores han pedido más apoyo.

En concreto, se han referido a la decisión de los países de la Unión Europea (UE) de vincular el 20 % de los pagos directos a los ecoesquemas, incluida en el acuerdo alcanzado de madrugada en el Consejo Europeo sobre la futura PAC del periodo 2023-2027.

El responsable del departamento de Internacional de Asaja, Ignacio López, ha lamentado que “se incluyan nuevos requisitos pero sin introducir más dinero”, y ha rechazado el “recorte” presupuestario asignado a la política agraria el pasado julio.

Tras la reunión de los ministros de Agricultura, Pesca y Alimentación de la UE en Luxemburgo, López ha cargado contra la posible reducción de los fondos debido a los ecoesquemas, ya que “se coloca al agricultor en una peor situación que antes porque se le obliga a aplicarlos, aunque sean voluntarios, y sin saber aún cómo ni a qué coste para poder alcanzar el mismo nivel de pago que tenía hasta ahora”.

Asaja ha llamado a desarrollar “normas y reglas uniformes” para evitar un posible trato discriminatorio entre los agricultores y ganaderos de la UE, si no se diseñan bien los planes estratégicos nacionales para la aplicación de la PAC.

El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha coincidido en que la vinculación del 20 % de los pagos directos a los nuevos requisitos ambientales puede llevar a recortes “muy graves” de las ayudas a los productores si dicho modelo “no es inclusivo”.

COAG también ha cuestionado el “recorte” de los fondos europeos de la PAC acordado en julio y ha mostrado su desacuerdo con que los ministros “no hayan hecho ninguna consideración” sobre la necesidad de “recuperar partidas” para el sector agroalimentario en los fondos de los planes de recuperación económica frente a la pandemia.

La organización agraria UPA ha valorado el acuerdo del Consejo Europeo, que “puede ser positivo” para los pequeños agricultores, es “un paso importante” en tiempos de gran incertidumbre y “contribuirá a avanzar” en línea con el Pacto Verde Europeo “sin menoscabar” la renta de los productores.

UPA ha reivindicado una PAC “más justa y social” que dedique “más ayudas a quienes más lo necesitan, a los más sostenibles, que más empleo generen y cuyas prácticas sean más beneficiosas para el medio ambiente y el territorio”.

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha criticado que el Consejo Europeo haya pasado “la patata caliente de los principales aspectos” de la Política Agraria Común a los países, ya que se les otorga “un amplio margen de discrecionalidad a los Estados miembros para otorgar y distribuir las ayudas de la PAC”.

Además, ha reclamado que esas ayudas se enfoquen hacia los agricultores y ganaderos profesionales, para lo que hace falta “definir al agricultor genuino conforme a criterios objetivos y no discriminatorios”.

La federación española de productores y exportadores hortofrutícolas (Fepex) ha llamado a incorporar en el régimen de pagos directos de la PAC al sector de frutas y hortalizas, sin acceso a estas ayudas hasta la fecha.

Los sindicatos han instado a condicionar las ayudas europeas al cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores del campo con el fin de mejorar la situación de los jornaleros en España.

El secretario sectorial agrario de UGT, Emilio Terrón, ha abogado por sancionar a las empresas agrícolas que no cumplan la ley, dejándolas sin recibir los fondos comunitarios si no cambian de actitud.

“Es inadmisible que no se incluya entre las condiciones el cumplimiento de las normativas laborales”, ha afirmado el responsable adjunto de Política sindical y sector agrario de CCOO, José Fuentes, que se ha mostrado “cauteloso” a la espera de ver cómo queda la distribución de los fondos en España.

Los grupos ecologistas han tachado de “insuficiente” el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) destinado a objetivos ambientales y han asegurado que así se mantiene el apoyo a modelos agrícolas “insostenibles”.

Y los partidos políticos han expresado sus discrepancias sobre el acuerdo en declaraciones a Efe, con fuertes críticas de Vox y del PP a la actuación del Gobierno español, satisfacción del PSOE y objeciones más matizadas de Unidas Podemos y Ciudadanos.

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