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Avanzan las pesquisas sobre lo ocurrido en las residencias en plena pandemia

Avanzan las pesquisas sobre lo ocurrido en las residencias en plena pandemia
Madrid —

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Madrid, 31 ene (EFE).- Las muertes y contagios por coronavirus en las residencias madrileñas desembocaron en una cascada de denuncias en los juzgados y en la Fiscalía, donde meses después se sigue poniendo orden a unos procedimientos que han derivado hasta ahora en la investigación por homicidio imprudente de cuatro responsables de centros.

Aunque muchas de ellas fueron archivadas, otras siguen vivas en los tribunales y en la Fiscalía de Madrid, que esta semana ha formalizado su segunda denuncia por homicidio imprudente contra un responsable médico de una residencia, mismo delito que un juzgado imputó en diciembre a la directora de otro centro de la capital.

La Comunidad de Madrid se encuentra a la cabeza en el número de investigaciones abiertas por el ministerio fiscal sobre la gestión de la pandemia en las residencias: acumula 112 de las 209 incoadas en todo el país, según el balance que la institución hizo público la semana pasada.

En octubre la Fiscalía de Madrid archivó por primera vez una denuncia contra responsables o profesionales de residencias al entender que no tuvieron responsabilidad penal en las muertes de los ancianos.

Fuentes fiscales explican a Efe que en muchos casos se sigue este mismo criterio dado que las diligencias son parecidas y, según los datos de la Fiscalía, desde marzo han sido 60 las diligencias archivadas.

Pero esto no significa, matizan las fuentes consultadas, que no haya otras denuncias donde sí se perciban indicios de delito y puedan llegar a los juzgados porque, subrayan, se investiga caso por caso.

De entre los delitos investigados, el de homicidio imprudente aparece en dos de las denuncias de la Fiscalía de Madrid.

Una de ellas se dirige contra la directora y la gerente de una residencia privada al considerar el fiscal que hicieron caso omiso al protocolo de actuación diseñado para hacer frente a la pandemia, lo que provocó el fallecimiento de una mujer de 85 años.

En la segunda, formalizada esta misma semana, la Fiscalía investiga al responsable médico de otro centro por no hacer un adecuado seguimiento de la enfermedad de un interno de 89 años que murió el 4 de abril de 2020, al no aplicar el protocolo.

También un juez de Madrid sospecha que podría concurrir un delito de homicidio en el caso de la directora de una residencia de la capital, a quien investiga por la muerte de una anciana con coronavirus que no fue derivada a un hospital.

Para explicar lo ocurrido, la investigada está citada ante el juzgado de instrucción número 50 de Madrid el próximo 26 de febrero, día en que también declarará, aunque en su caso como testigo, un médico de dicho centro.

Para los letrados de la plataforma Marea de Residencias, que representan a una veintena de familiares de fallecidos en estos centros y que impulsaron este procedimiento, se trata de un avance significativo, ya que ellos siempre han defendido que estas conductas encajarían en un delito de homicidio imprudente.

Otra causa que avanza en los tribunales, y la más destacada por el número de afectados, es la que sigue un juzgado de Leganés por la muerte de nueve ancianos con COVID-19 y el contagio de dos más en residencias de esa localidad, cuyos familiares se han unido en un mismo procedimiento.

Un caso que empezó con una inadmisión a trámite, pero que dio un giro en noviembre cuando la Audiencia de Madrid ordenó a la jueza practicar una serie de diligencias antes de decidir si archiva o no la querella, donde se relatan hechos que podrían ser constitutivos de "homicidio imprudente, de omisión del deber de socorro, de delito de trato degradante y delito de prevaricación".

En consecuencia, el juzgado pidió la semana pasada a la residencia Vitalia los protocolos de actuación remitidos por la Comunidad en los primeros meses de la pandemia, cuando se produjeron los hechos denunciados, algo que ya había pedido en dos ocasiones.

A esta causa se acaban de incorporar una veintena de casos más que se investigaban en otro juzgado, según destaca a Efe el letrado de Marea de Residencias Carlos Vila, que recuerda que ellos también denunciaron a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y a dos consejeros.

Sin embargo, la Audiencia de Madrid desestimó que se les investigase dado que el juzgado de instrucción de Leganés no es el competente.

También avanza la causa que investiga el juzgado de instrucción número 39 de Madrid y que engloba a casi una veintena de afectados, quienes están citados entre el 22 y 23 de febrero para ratificar la querella contra las residencias de Manoteras, Aralia Isabel La Católica, Aralia Ensanche de Vallecas, el centro integrado municipal Margarita Retuerto, Ballesol Pasillo Verde y DomusVi Mirasierra.

El origen es el mismo: la querella colectiva que 26 familiares interpusieron a través de Marea de Residencias y que también se dirigía contra Díaz Ayuso, su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y los directores de varios centros.

En un principio el juzgado remitió al Tribunal Supremo los hechos relacionados con la presidenta regional, pero éste le devolvió la causa solicitando un informe motivado sobre los indicios de delito para, en su caso, volverlo a derivar al Supremo o al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

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Publicado el
31 de enero de 2021 - 18:49 h

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