Corte de EE.UU. anula fallo a favor de expresidente y exministro bolivianos

Miami, 3 ago (EFE).- Una corte de apelaciones de Estados Unidos “anuló” este lunes una decisión de un tribunal de Florida que favoreció al expresidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada y al exministro Carlos Sánchez Berzaín tras un juicio que enfrentaron en 2018 por las muertes ocurridas durante en las protestas indígenas de 2003.

En noviembre pasado, indígenas que demandaron a ambos exfuncionarios pidieron a un tribunal de apelaciones “restaurar” el fallo de un jurado que los halló en 2018 “responsables” las muertes de familiares suyos en dichas manifestaciones.

“Esta es una noticia maravillosa”, indicó Sonia Espejo, cuyo esposo Lucio fue unos de los muertos, según un comunicado del Centro de Derechos Constitucionales (CCR), uno de los grupos que acompañó la demanda en Estados Unidos.

La organización detalló en un comunicado que la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito “anuló” la sentencia del tribunal de primera instancia en la ciudad de Fort Lauderdale que le fue favorable a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín.

En abril de 2018, un jurado responsabilizó por unanimidad a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, de la muerte de ocho personas durante el llamado “Octubre negro” en Bolivia y fijó compensaciones por 10 millones de dólares.

Sin embargo, el juez James Cohn anuló un mes después la decisión al considerar que los demandantes, familiares de ocho de las víctimas, no deberían ser indemnizados porque no había pruebas de la responsabilidad de los Sánchez en las muertes.

“Este es un momento importante en la lucha por la rendición de cuentas, no solo para las familias, sino para toda Bolivia”, dijo Thomas Becker, de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard, que también acompañó la demanda.

“Hoy la Corte de Apelaciones anuló la sentencia de la corte de distrito y le remitió el caso para procedimientos adicionales”, señaló el CCR.

Detalló que el Tribunal de Apelaciones sostuvo que “los demandantes tenían derecho a un nuevo juicio por reclamos relacionados con homicidio culposo porque el tribunal de distrito había abusado de su discreción al admitir ciertas pruebas que eran favorables para los acusados”.

El CCR subrayó que la corte de apelaciones sostuvo que los demandantes proporcionaron evidencia suficiente de que “los soldados dispararon deliberadamente disparos mortales con una conciencia moderada de que herirían mortalmente a civiles que no presentaban riesgo de peligro”.

Agregó que “ninguno de los fallecidos estaba armado, ni había evidencia de que representaran una amenaza para los soldados. Muchos fueron fusilados mientras estaban dentro de una casa o en un edificio. Otros fueron fusilados mientras se escondían o huían”.

Precisó que el tribunal de apelaciones anuló la sentencia del tribunal inferior y le remitió el caso “para decidir si el veredicto del jurado debe ser restituido bajo el estándar apropiado, y celebrar un nuevo juicio sobre los reclamos por muerte injusta relacionados con los demandantes”.

El juicio civil, que fue considerado el primero sobre derechos humanos contra un exjefe de Estado, se amparó en la Ley de Protección a Víctimas de Tortura (TVPA), que autoriza demandas en tribunales federales de EE.UU. por ejecuciones extrajudiciales.

Sánchez de Lozada, miembro del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), fue presidente de 1993 a 1997 y luego asumió un segundo mandato el 6 de agosto de 2002, que ejerció hasta su renuncia del 17 de octubre de 2003.