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El Gobierno recurre la ley catalana de protección y ordenación del litoral

El Gobierno aún no ha tomado una decisión sobre la operación paso del Estrecho
Madrid —

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Madrid, 4 may (EFE).- El Consejo de Ministros ha acordado recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley catalana de protección y ordenación del litoral, al considerar que menoscaba o invade competencias propias de la Generalitat que no pueden otorgarse a los ayuntamientos.

El Gobierno aún no ha tomado una decisión sobre la operación paso del Estrecho

En la rueda de prensa posterior, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha señalado que, en concreto, se solicita impugnar los artículos 20.1.b) y 30.d) de la norma, que otorgan competencias a los ayuntamientos para poder autorizar las actividades previstas en los planes de uso del litoral y de las playas, como eventos deportivos, culturales u otras ocupaciones mediante instalaciones desmontables.

Ha recordado que la Comisión bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat negoció para resolver las discrepancias competenciales, si bien no alcanzaron un acuerdo sobre estos preceptos.

El recurso se fundamenta en que, según la Constitución, el Estado tiene la competencia exclusiva y plena sobre el dominio público marítimo-terrestre y la competencia para regular su régimen jurídico, así como para establecer la legislación básica en materia de protección del medio ambiente litoral.

Montero se ha referido al Estatuto de Autonomía de Cataluña, que atribuye a la Generalitat competencias ejecutivas sobre el dominio público marítimo-terrestre de titularidad estatal.

Entre ellas, ha continuado, otorgar autorizaciones y concesiones y, en todo caso, concesiones de obras fijas en el mar, respetando el "régimen general del dominio público".

A su juicio, ello implica su plena sujeción a las potestades estatales, ya que el régimen le corresponde establecerlo al Estado.

La ministra ha aludido también a la ley de Costas, de carácter estatal, que dispone un listado de competencias de los ayuntamientos que, en los términos previstos por la ley autonómica, podrán abarcar, entre otros, la explotación de los servicios de temporada que puedan establecerse en las playas.

Pero, "en ningún momento", ha continuado, permite a los ayuntamientos otorgar autorizaciones en las playas, como se hace en la ley catalana impugnada.

Concurren por tanto los requisitos formales y materiales para presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional, según el Gobierno, que cuenta con un dictamen favorable del Consejo de Estado.

El plazo para interponer el recurso finaliza hoy y se solicita la suspensión provisional de los preceptos impugnados.

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Publicado el
4 de mayo de 2021 - 14:47 h

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