La Fiscalía de El Salvador solicita quitar fuero al viceministro de Seguridad

San Salvador, 10 nov (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador solicitó este lunes a la Asamblea Legislativa el desafuero del recién nombrado viceministro de Seguridad, Mauricio Arriaza, también director de la Policía Nacional Civil (PNC), por “incumplimiento de deberes”.

De acuerdo con un representante del Ministerio Público, “el director de la Policía y ahora viceministro de Seguridad ha incumplido sus deberes al no acatar una solicitud de un órgano de Estado, por lo consiguiente hay un quebrantamiento al Estado de derecho y a la democracia del país”.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, nombró recientemente a Arriaza como viceministro de Seguridad, con lo que le otorgó inmunidad constitucional frente a posibles investigaciones penales solicitadas por el Congreso.

Según la Secretaría de Prensa de la Presidencia, el jefe de la Policía “seguiría ejerciendo como director de la Policía”, por lo que “tendrá doble responsabilidad” y “únicamente continuará recibiendo el salario de director” de la corporación policial.

Este nombramiento se dio después de la que Asamblea Legislativa notificara a la Fiscalía la negativa del uniformado de trasladar por la fuerza al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, y al de Salud, Francisco Alabí, para explicar el uso de fondos públicos para enfrentar la pandemia por la covid-19.

Una comisión legislativa, que investiga el uso de dinero por el Gobierno para la atención de la pandemia, convocó a estos funcionarios varias ocasiones para que dieran cuentas de los fondos, pero no asistieron.

“Como Fiscalía estamos en la obligación de velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República (...) en este caso creemos que hay un quebrantamiento al Estado de derecho”, subrayó el representante del Ministerio Público, quien se reservó su nombre.

La Asamblea Legislativa deberá crear una comisión especial de diputados, nombrar de entre los legisladores a un defensor y un fiscal para determinar si procede o no el retiro del fuero.

La decisión de dicha comisión debe ser ratificada por los diputados en pleno con al menos 43 votos de los 84 legisladores.

El puesto de viceministro de Seguridad era ocupado por el director de Centros Penales, Osiris Luna, exdiputado de la oficialista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA, derecha).

No es la primera vez que un funcionario que podría enfrentar un eventual proceso penal es nombrado en un cargo que le otorga inmunidad constitucional.

El expresidente Salvador Sánchez Cerén, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), juramentó en octubre de 2016 a José Luis Merino como viceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento para el Desarrollo en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En julio del mismo año, el ex fiscal general Douglas Meléndez (2015-2018) reveló que Merino era investigado desde 2014 por supuestamente traficar drogas y armas con la guerrilla colombiana FARC.