Referentes de la cultura de Paraguay se suman al rechazo a la fiscal general

Asunción, 4 feb (EFE).- Referentes culturales y sociales exigieron la renuncia de la fiscal general de Paraguay, Sandra Quiñónez, ante la “degradación” del Ministerio Público, la misma demanda de las principales fuerzas de la oposición, que denuncian el proceder del ente en la imputación a Efraín Alegre, el líder liberal que cumple una semana en prisión preventiva.

La Fiscalía imputó al presidente del Partido Liberal, el mayor de la oposición, por supuestas irregularidades administrativas en la campaña de 2018, y una jueza dictó la prisión preventiva con base a que no cumplió las medidas alternativas que se le impusieron.

Ello generó expresiones de rechazo por parte del Partido Liberal a la figura de Quiñónez, ahora cuestionada por conocidos nombres del mundo de la música, del cine, teatro, empresarial y activistas sociales, en una lista de setenta firmas que sigue abierta a nuevas adhesiones.

Los firmantes señalan en la carta divulgada este jueves que “las funciones de la Fiscalía están siendo progresivamente violentadas por su titular”, en “una degradación que socava los más elementales principios republicanos”

El texto apunta a hechos “de evidentes casos de corrupción” bajo la sospecha de no ser investigados, en un marco que conlleva un “grave deterioro de la Fiscalía General” que “amenaza quebrar el ya debilitado Estado de Derecho en el Paraguay”.

Los rubricantes piden a la ciudadanía a sumarse al comunicado y a “los partidos con representación parlamentaria a tomar medidas conducentes a restaurar el Imperio de la Ley”.

UNA SEMANA EN PRISIÓN

La oposición paraguaya ya intentó el pasado año y sin éxito conducir un proceso de juicio parlamentario a Quiñónez, y los pedidos de renuncia se han acentuado con el encarcelamiento de Alegre.

El político se entregó el pasado jueves a la Justicia y cumple prisión preventiva en la Agrupación Especializada, dependencia policial que funciona como cárcel.

Alegre ingresó en ese centro horas después de que una jueza dictara una orden de prisión preventiva tras el rechazo del opositor a las medidas alternativas que se le habían impuesto meses antes.

Las medidas obedecieron a la imputación de la Fiscalía a Alegre, en la investigación tras la denuncia del dueño de una gasolinera por presunto falseamiento de factura para abultar los gastos de campaña en el departamento Alto Paraná.

A ese respecto, el partido presentó esta semana una denuncia a la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la que consideraron la imputación infundada y sin causales establecidas en la legislación local.

Argumentaron que Alegre no fue administrador en la campaña de 2018 y que tampoco podía hacerlo en función de que era candidato en ella, como establece la ley electoral.

Y destacaron que el Tribunal de Justicia Electoral aprobó sin objeciones la rendición de cuentas del Partido Liberal de esa campaña, en la que Alegre perdió la Presidencia ante Mario Abdo Benítez, del conservador Partido Colorado.

Los partidarios del líder liberal apuntan como instigador de la causa al expresidente Horacio Cartes (2013-2018), a quien acusan de copar las instituciones de Justicia y el Ministerio Público.

Los liberales sostienen que Abdo Benítez actúa en forma funcional a Cartes, que sostiene una de las mayores fortunas del país y que controla al sector del coloradismo que es mayoría en la Cámara de Diputados.