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La desigualdad y las cosas de la edad

Si realmente queremos pensar la desigualdad desde el punto de vista de las políticas públicas, en vez de edad debemos hablar de trayectorias de clase social

En la medida que haya un colectivo con más dificultades, las políticas los atenderán en mayor medida, pero por sus dificultades individuales, no por ser miembros de un colectivo

Si en vez de fijarnos en atributos de las personas atendemos a sus circunstancias, podemos hacer políticas más universalistas

Este editorial es el resultado de una primera conversación entre cuatro expertos en los ámbitos de la sociología, la economía y la opinión pública: Olga SalidoJosé Saturnino MartínezMarta Romero y José Moisés Martín. Queremos que sirva para llamar la atención sobre la necesidad de que el impacto social de la crisis en España se convierta en una prioridad política.

Si hablamos de desigualdad y edad tendemos a pensar en la vejez asociada a la pobreza y la juventud a la precariedad laboral. Esto ha llevado al desarrollo de políticas sociales especialmente dirigidas a ambos colectivos. La principal política de vejez es el sistema de pensiones. En España las pensiones siguen siendo muy bajas, pero la importancia simbólica y electoral del colectivo de los pensionistas ha hecho que los mayores de 65 años sean el colectivo que mejor está capeando la crisis. Las pensiones han perdido poder adquisitivo desde que empezó la crisis, pero mucho menos que el salario de los funcionarios, o la renta de quienes se han ido al paro. Además, si tenemos en cuenta que una gran mayoría de este grupo de población ya ha terminado de pagar su vivienda, encontramos que la tasa de riesgo de pobreza de los mayores de 65 años es del 8,5%, mientras que para el conjunto de la población es del 18,4% (los datos sobre pobreza pueden consultarse aquí).

En cuanto a los jóvenes, la crisis los está golpeando duramente, pero es necesario introducir varios matices. El primero de ellos es que una tasa de paro juvenil del 50% no quiere decir que la mitad de las personas entre 18 y 30 años esté en paro, como a veces se escucha, sino que están ocupados la mitad de quienes tienen entre 16 y 24 años y desean trabajar. O dicho de otra forma, quienes optan por los estudios como actividad principal no están computados en esa cifra de paro; si hacemos el cálculo sobre todos los jóvenes el porcentaje es del 23%. No por ello el dato deja de ser escandalosamente alto, y la juventud (16-24 años) es el grupo que más se aparta de la tasa de paro del conjunto de la población. Otro matiz es que los jóvenes son distintos al resto de trabajadores en una característica importante: la falta de experiencia laboral. La pueden suplir de dos formas: mejorando su formación o aceptando peores condiciones de trabajo. Por ello las mejores políticas juveniles son las relacionadas con la formación, pues el empeoramiento de las condiciones de trabajo es condenable. ¿Son efectivas estas medidas? Yo diría que no mucho, ya que cuando se comparan los datos actuales con otros momentos o con otros países se aprecia que el paro juvenil es aproximadamente el doble que el paro para el conjunto de la población. Si en el crecimiento y en la crisis, en España y en la mayoría de los países, el paro juvenil es el doble, fácil contra él no debe ser luchar y la prioridad debe ser el paro, y no tanto el paro juvenil.

Hay un colectivo de edad en el que posiblemente el lector no haya pensado, pero es el más perjudicado por la crisis y con mayores repercusiones para nuestro bienestar a largo plazo: los menores. Su tasa de riesgo de pobreza es del 25,9% (para el conjunto de la población es del 21,1%). Pero no votan, no van a tertulias en los medios de comunicación, no se manifiestan, y posiblemente ni siquiera saben que están en riesgo de exclusión social, pues muchos de ellos no conocen una forma de vida distinta. Si los menores no protestan, podrían hacerlo los adultos con los que conviven. Pero no lo hacen, pues la participación política está relacionada con la posición social, y si están en riesgo de pobreza es debido a que la posición social de los adultos de su familia no es buena. No sólo son pobres, sino que además no ejercen presión política.

Además de la posición social, debemos tener en cuenta el género: más que bajo la tutela de adultos están bajo la tutela de adultas. El tipo de hogar con más riesgo de pobreza es el de una mujer como única adulta responsable de menores. La peor inserción laboral de las mujeres así como las dificultades para conciliar vida laboral y profesional en España están estrechamente relacionadas con la alta tasa de riesgo de pobreza de los menores.

Tras esta breve descripción de la situación, me gustaría hacer tres reflexiones de tipo político. Por un lado, la limitación de la esfera pública, pues se hace más caso a quien tiene más capacidad de movilización, no a quien más lo necesita. Este es uno de los problemas de la participación en democracia, que se escora hacia los grupos con más recursos, ya sea de capital cultural, social, simbólico o económico. Por otro, he hablado de edad, pero si realmente queremos pensar la desigualdad desde el punto de vista de las políticas públicas, en vez de edad debemos hablar de trayectorias de clase social. Todos pasamos por ciclos vitales similares (infancia, juventud, madurez, vejez) y el Estado de Bienestar debe estar preparado para las contingencias de cada momento del ciclo (“de la cuna a la tumba”).  Pero las oportunidades con las que se vive cada una de esas etapas no son las mismas según la clase social. Hablamos de “ninis”, paro juvenil o mileuristas como si esto nos indicase una situación parecida desde el punto de vista de las oportunidades vitales relacionada simplemente con la edad. Pero lo cierto es que todas estas situaciones están relacionadas con el origen social, el nivel de estudios o la clase social. Al resaltar la edad y esconder la clase social, como ocurre normalmente, hacemos un flaco favor a la lucha en favor de la igualdad a la oportunidad de tener una vida digna, que merezca ser vivida.

Por último, si las políticas públicas se enfocan a ciertos colectivos, pueden generar resentimiento en otros. Si hacemos una política contra el paro juvenil, ¿qué pensará un albañil de 40 años que lleva un año en paro? Sin embargo, si en vez de fijarnos en atributos de las personas (como la edad, el sexo o la nacionalidad) atendemos a sus circunstancias (como el bajo nivel de ingresos, su precariedad laboral, su falta de recursos culturales…), podemos hacer políticas más universalistas. Es decir, las políticas públicas no deben hacerse pensando en estamentos, sino en las dificultades con las que se puedan encontrar las personas. En la medida que haya un colectivo con más dificultades, las políticas los atenderán en mayor medida, pero por sus dificultades individuales, no por ser miembros de un colectivo.

Así será más fácil elaborar discursos políticos más incluyentes, pues en vez de dirigirnos a una parte en concreto de la población, apelamos a cualquier persona que sabe que en algún momento de su vida puede tener un problema (paro, pérdida de poder adquisitivo por debajo del umbral de pobreza, enfermedad…). En vez de fragmentar el sujeto de la política, que es lo que ha hecho la izquierda de las identidades en los últimos años (los jóvenes, las mujeres, los mayores, los homosexuales, los extranjeros…) podemos recuperar la base de la izquierda más universalista.

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