Por un sector público potente
Los paises más competitivos, con alto desarrollo humano y poca corrupción tienen estados que, además de eficientes y justos, son poderosos. Los países nórdicos y centro-europeos han reducido su sector público durante las últimas dos décadas—cuando algunos alcanzaron el 65% del PIB—pero siguen con un estado equivalente a más de la mitad de su economia. Un estado potente es fundamental para el desarrollo de un país.
En el caso de España, aunque la crisis actual ha sido principalmente un fallo del sector privado, necesitamos una mejor administración. Como es bien sabido, la crisis—a pesar de fallos regulatorios por parte del sector público—ha sido fruto de decisiones de inversión privada que han generado durante una década una tremenda burbuja en un sector de poco valor añadido, una deuda privada que cuadruplica la pública, un bajísimo gasto privado en I+D y beneficios empresariales inflacionarios. No obstante, de lo que no cabe duda es que para salir de la crisis necesitaremos un sector público bastante mejor del actual.
El sector público español está compuesto por mucha gente competente y dedicada, abierta a lo nuevo y con principios meritocráticos. Por otra parte, España no tiene un ratio de funcionarios/población muy alto en relación con la media de los países OCDE. El problema reside más bien en su rigidez: después de cuatro años con déficit seguimos sin poder reducir el gasto en empleo público. Además, es el país OCDE con políticas más inflexibles de personal público. En líneas generales, los indicadores relativos a nuestro sector público nos dicen que tenemos un sector público poco productivo, poco transparente y con una política salarial mejorable.
El salario medio público en España es superior a la media OCDE y al de los países nórdicos, Francia e Italia. En cambio, el salario de los niveles superiores en nuestro sector público es inferior a la media OCDE. Eso quiere decir que nuestro trabajadores públicos en los niveles inferiores cobran bastante más que sus homólogos de la OCDE y del sector privado español, mientras que lo contrario ocurre con los niveles superiores. Por tanto, nuestro sector público es más atractivo para perfiles menos cualificados que para aquellos más cualificados.
Las causas de las deficiencias de nuestro sector público son múltiples. Aquí apunto tres: la relación política/administración; el sistema funcionarial; los sindicatos.
La relación con la política no está bien resuelta. Por un lado, la administración es la plataforma de lanzamiento a la política. La mayoría de políticos son funcionarios. Las garantías de las que disfrutan los administradores públicos debía protegerles de la captura política, no debía proporcionar una plataforma para aspirantes a políticos. Es seguramente por ello que en el Reino Unido los funcionarios no pueden optar a cargos políticos. Por otro lado, los cargos electos inundan los niveles superiores de las administraciones (especialmente sub-estatales)con colegas políticos. Así, los líderes políticos tratan la administración no como un medio para ejecutar políticas sino más bien como un medio para alcanzar el poder o colocar a afines.
El régimen funcionarial también debe revisarse, como lo están haciendo—o han hecho—muchos países europeos. Hoy en día no tiene sentido un sistema de múltiples cuerpos, impermeable y con entrada solo al inicio de la carrera profesional vía un proceso de selección bastante mejorable. Ello hace que el trasvase de profesionales entre sector público y privado sea muy bajo, por lo que hay poco conocimiento mutuo. Tampoco es de extrañar que el uso, en la administracion central española, de prácticas de gestión estratégica de recursos humanos es muy inferior a la media de los países desarrollados.
La progresión profesional bajo un sistema de cuerpos es muy rígido, lento y basado principalmente en antigüedad. Este sistema “de carrera” es impermeable a candidatos que no sean del cuerpo y reduce el número de aspirantes por posición. Pero, además, este sistema rígido y cerrado tiene efectos desmotivadores sobre los propios funcionarios públicos. Por ello muchos países están pasando a sistemas de selección abierta y competitiva por posición.
Por último, la potencia sindical del sector público es sorprendente. ¿Como puede ser que los sindicatos más potentes estén en el sector público—donde las condiciones laborales son relativamente buenas? Seguramente se debe a la vulnerabilidad de los políticos a presiones y huelgas. Se sabe que pocos políticos aguantan un pulso con los sindicatos de un servicio público. Por ello, en algunos países europeos se ha limitado el derecho a huelga de los funcionarios.
Tal como han hecho algunos países, una solución es la de reducir al máximo los espacios reservados a funcionarios. Hay que volver a las esencias de la burocracia pública, pensada para profesiones de ejercicio de la autoridad: jueces, policías, inspectores. Debemos aceptar sin miedo las prácticas del management más innovadoras y flexibles. Nuestra administración requiere incorporar prácticas de gestión de equipos, comunicación interpersonal, presupuestación por programas, liderazgo y colaboración.
¿Pero podemos garantizar una administracion pública justa e imparcial sin el corsé reglamentario de la burocracia clásica? Creo que sí: en las organizaciones privadas excelentes no se contrata en función de vínculos afectivos, ni se despide por antojo. Flexibilidad y mérito son posibles al mismo tiempo, especialmente en aquellos servicios (sanidad, educación, etc.) en los que la garantía de imparcialidad cede el terreno ante la calidad y la eficacia del servicio
En definitiva, necesitamos reconducir la nefasta relación actual entre administracion y política, incrementar el management en las organizaciones públicas, reequilibrar y profesionalizar las relaciones laborales en el sector público y, sobre todo, interiorizar cada uno de nosotros los valores de integridad y mérito: cualquier sistema—ya sea burocrático o flexible—es susceptible de manipulación, como bien sabemos en este país.
