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España a examen en la ONU

Los exámenes a los que nos someterá Naciones Unidas dejarán claro que la protección de los derechos humanos no es una prioridad en la planificación de políticas públicas, y que España tiene un serio déficit en lo que respecta a su capacidad para atender y hacer efectivas las recomendaciones y compromisos internacionales.

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Hoy, 10 de diciembre, es el día internacional de los derechos humanos. Hoy hace 66 años que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y lanzó el mensaje de que la protección de los derechos de las personas dejaba de ser un ámbito estrictamente interno para pasar a ser una preocupación internacional.

Hoy será el día en el que las noticias nos recordarán cuál es la situación en Siria o en Corea del Norte, en el Sahel o en Irak. Se hablará de la pena de muerte, de regímenes no democráticos, de libertad de expresión, de la justiciabilidad de los derechos sociales y económicos y de tantos otros temas que afectan a la dignidad y a la igualdad de las personas. También se hablará, como no puede ser de otra manera, de la situación en nuestro país. De cómo nos hemos dado cuenta de que no somos espectadores de violaciones de derechos humanos de otros, sino que protagonizamos nuestra propia historia de vulneraciones.

Permítanme aprovechar esta ventana de oportunidad informativa para explicar por qué el 2015 es un año crucial para la credibilidad de España en el sistema universal de protección de los derechos humanos. En el 2015, España está de examen. Y no una sola vez. Al menos dos son las citas esenciales que el estado español deberá atender durante los próximos meses: el Examen Periódico Universal (EPU) en enero y la revisión de su informe periódico por parte del Comité de Derechos Humanos (CDH).

En general, el sistema internacional de protección de derechos humanos lo conforman varios mecanismos poco coercitivos y no jurisdiccionales, como suele ser habitual en derecho internacional, puesto que son los propios estados los que se dotan de las normas que les obligan. Y no, los estados no suelen ser especialmente exigentes ni amigos de grandes obligaciones jurídicas. Es por ello que ni los mecanismos convencionales, como lo es el CDH, ni los no convencionales, como el EPU, se caracterizan por tener una fuerza arrolladora.

Sin embargo, en el juego de las relaciones internacionales muchas veces son la imagen y la reputación de los estados la que se dilucida en estos foros. Y ahora que España ha conseguido un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad, se ve obligado a tener mucho más en cuenta estos mecanismos y las recomendaciones y observaciones que de ellos emanan. Aprovechemos, por tanto, la ocasión e intentemos utilizar estos instrumentos para cambiar la legislación, la práctica y la garantía de los derechos humanos en nuestro país. Y si es posible, incluso intentemos mejorar nuestras vidas con ellos.

El EPU es un examen que deben de pasar todos los estados miembro de las Naciones Unidas cada 4 o 5 años. En enero de 2015 España pasará su segundo EPU. Los examinadores son otros estados y la materia que entra a examen son tanto las obligaciones y compromisos que España haya voluntariamente adquirido como otros estándares y costumbre internacional sobre derechos humanos.

La sociedad civil tiene un espacio bastante limitado en el proceso oficial del EPU. Podemos enviar informes, de no más de 10 páginas, pero no podemos tomar la palabra. Sin embargo, la interlocución existe y cada vez de manera más frecuente, los propios estados son los interesados en entrevistarse con nosotras y apoyarse en nuestras informaciones para plantear las cuestiones más preocupantes.

En el caso del CDH, que es el órgano encargado de vigilar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las organizaciones de la sociedad civil también pueden enviar informes alternativos (conocidos como informes en la sombra) que ayudan a elaborar la lista de cuestiones que los expertos independientes del CDH hacen al estado y que éste está obligado a contestar tanto por escrito como oralmente en la sesión pública que en esta ocasión tendrá lugar en julio de 2015.

¿Y cuáles son estas cuestiones? Desgraciadamente no pueden ser todas las que consideramos relevantes y necesarias para cambiar la realidad, sino sólo aquellas que están sostenidas por alguna norma o costumbre internacional. Muchos son los temas, sin embargo, a los que España se verá obligada a contestar. Destacaremos algunos de ellos.

En el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) cabe destacar el retroceso que las medidas políticas de recortes, o medidas de “austericidio”, han supuesto para el goce efectivo del derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación o el derecho a la vivienda, por poner solo unos ejemplos. Las obligaciones positivas que se desprenden de los compromisos internacionales ratificados por España incluyen la prohibición de retroceder en la protección de los DESC, puesto que este retroceso constituye una violación de derechos humanos en si mismo según los estándares internacionales. El abandono de la universalidad de nuestro sistema sanitario por vía legislativa (Real Decreto 16/2012) es uno de los ejemplos más claros y sobre el que será cuestionada la actuación del gobierno, así como el elevado número de desahucios y de personas desempleadas.

Por otro lado, y aunque no soy partidaria de la división generacional de los derechos humanos, hay que pararse a analizar la situación de los derechos civiles y políticos ya que, aun siendo los más protegidos en su desarrollo legislativo, incluso constitucionalmente, su goce efectivo depende de las políticas públicas implementadas y éstas están demostrando ser cada vez más restrictivas. La tutela judicial efectiva es unos de los pilares de los estados de derecho, y el CDH preguntará a España cómo la ley de tasas judiciales afecta al acceso a ese derecho en particular. Además, el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos policiales y su falta de investigación e incluso la política de indultos en estos casos será también objeto de interés.

La denostada Ley de Seguridad Ciudadana se encuentra en sus últimos trámites parlamentarios y podría ser aprobada por el Congreso mañana mismo. Esta ley ya ha sido objeto de interés por parte de Naciones Unidas, en concreto por parte del Relator Especial sobre el derecho a la reunión y manifestación pacíficas que en su informe de este mismo año se preguntaba sobre las limitaciones excesivas y desproporcionadas que el entonces proyecto de ley parecía contener. La conocida ya como “ley mordaza” es el último eslabón en una cadena de iniciativas legislativas y ejecutivas encaminadas a criminalizar la protesta y la disidencia. Sobre esto también será cuestionada España.

El trato de las personas extranjeras que intentan cruzar nuestra frontera huyendo de la miseria y de la falta de oportunidades y futuro es otro de los temas que tomará un gran protagonismo en estos exámenes. No llamemos inmigrantes, por favor, a las personas que ni siquiera se encuentran en nuestro territorio. Y cuando sí que se encuentran, evitemos la sustantivación de un calificativo que, en todo caso, no es ni alienable ni permanente. El internamiento de las personas extranjeras en situación administrativa irregular en los CIEs o en los CETIs puede alargarse hasta 6o días. Entre otras cuestiones procedimentales, se le deberá preguntar a España sobre la situación y protección de derechos como el derecho de asilo, el derecho a la salud, la protección de los menores no acompañados o la tutela judicial efectiva en estos centros.

El resultado de estos exámenes no será cuantificado en una nota numérica, no podremos decir que España ha aprobado o ha suspendido estos exámenes. Pero sí que podremos, una vez más, constatar que, lejos de poder permitirnos ser complacientes, la vigilancia y el control de los derechos humanos en nuestro país debe redoblarse e intensificarse. Será evidente que la protección de los derechos humanos no es una prioridad en la planificación de políticas públicas y que España tiene un serio déficit en lo que respecta a su capacidad para atender y hacer efectivas las recomendaciones y compromisos internacionales que emanan de los organismos internacionales de derechos humanos. Quedará, de nuevo, meridianamente claro que tenemos un problema de dotación de recursos tanto económicos como humanos cuando hablamos de políticas de derechos humanos. Pero sobretodo veremos que lo que falta en nuestro país es verdadera voluntad política para implementar estos principios, estas normas y estas prácticas que Naciones Unidas seguirá recordándonos. Nosotras, las entidades de la sociedad civil, seguiremos repitiéndolo, cada 10 de diciembre y los otros 364 días de cada año.

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