¿Responsabilidad política? Pregunte en el extranjero
Es habitual afirmar que no se han de confundir la responsabilidad penal y la política. Ahora bien, ¿en qué consisten las diferencias y los parecidos entre ambas? Y, sobre todo, ¿qué es lo que falla institucionalmente entre nosotros en lo relativo a la responsabilidad política? Porque en España tal cosa sencillamente no existe, y ninguna democracia seria puede funcionar sin ella.
Cuando se sostiene que uno es inocente “hasta que se demuestre lo contrario”, algunos asumen que tal demostración llega con el juicio oral, esto es, tras meses o años de proceso. Es falso. Desde el principio hay un juez instructor, y ese juez instructor puede mandar al acusado a la cárcel, es decir: puede juzgar. ¿Es a día de hoy “inocente” Bárcenas, por ejemplo? No. Para el juez instructor es más bien culpable, por eso está en Soto del Real. El del juez instructor es un juicio, y tiene consecuencias inmediatas.
Pues bien, con la responsabilidad política también hay dos jueces y dos juicios. Ese sería el mayor parecido entre ambas. El juez de “instrucción” es el juicio que emite la opinión pública mediante las encuestas. Y el juicio “oral”, el definitivo, son las elecciones. Pero, más allá de eso, lo cierto es que el tribunal es muy diferente en ambos casos. En la responsabilidad penal es un funcionario del Estado encargado de aplicar la ley, el juez. En la responsabilidad política no. Aquí el juez es otro. Y, aunque en España parecemos creer que la responsabilidad política se tiene que ventilar ante la oposición, ante el parlamento o ante la prensa, lo cierto es que esos tribunales son perfectamente absurdos. El único tribunal político de un cargo político es obvio: sus electores. Ellos son el único juez ante el que se ha de responder. Porque “responsabilidad” viene, obviamente, de “responder”.
Por eso en Alemania, en Estados Unidos, y en todos los países en los que la corrupción se paga electoralmente cara, quien obliga a dimitir a un político es su propio partido, algo que aquí es política-ficción. En esos países un político manchado por un asunto turbio es un lastre para el partido. En cuanto las encuestas –juez instructor- lo reflejen, el partido le mostrará a ese político el camino de salida. ¿Por qué? Porque si no los electores se irán a otras opciones y entonces las elecciones –juez final- dictaminarán derrota. El culpable se quema, pero el partido, su política y su ideario se salvan. Y, por encima de todo, los ciudadanos están al mando.
¿Y en España? En España, gracias a un sistema electoral kafkiano diseñado para blindar el bipartidismo, lo que ocurre es que sencillamente no hay otras opciones. O las hay a un coste mil veces más elevado. La única opción para los votantes de derecha y centro-derecha es el PP. ¿Pueden votar a otro partido? Sí, pero saben que entonces su voto no será “útil”. ¿Qué clase de democracia es esta que estima la utilidad de los votos no de acuerdo a su número, sino de acuerdo al partido al que se destinen? ¿Cómo es posible que a un partido cada diputado le cueste 65.000 votos, mientras que a otros les cueste 400.000? Jugamos con una baraja marcada.
Y, como las cartas tienen trampa, Rajoy puede hacer lo indecible desde el punto de vista de la responsabilidad política: seguir al frente del gobierno a pesar de que el juez instructor -las encuestas- ya ha declarado culpabilidad. Un 79% de los españoles cree que el Presidente del Gobierno miente (saboreen la frase, es de un bananerismo insuperable), el PP está en caída libre, la sombra de Bárcenas le va a perseguir siempre…pero él sigue.
En una democracia seria Rajoy hubiera dimitido en enero, ipso facto. Su partido le habría obligado. Y alguien –Soraya, Feijoo, cualquiera libre de Bárcenas- sacaría hoy pecho ante las aparentes mejoras económicas y remontaría en las encuestas. En vez de ello, el PP se hunde y el parlamento y el debate político se han convertido en una novela barata y miserable con argumentaciones propias de cuartelillo policial. Ya no hay ideas, solo indicios. Y esa va a ser la dinámica a seguir mientras el tahúr cazado in fraganti no haga lo que clamorosamente debe: irse.
Si tu tesorero dice ante el juez que el partido se financia irregularmente a cambio de contratas, que se cobraba en negro y en sobres, si airea unos SMS en los que te involucra y presenta un escrito – firmado también por Álvaro Lapuerta, no lo olvidemos – que viene a demostrar todo, y tú no dimites… ¿qué puedes pretender? ¿Le vas a exigir a la oposición que te crea a ti y no a las pruebas? Es surrealista: la labor institucional de la oposición es desconfiar de ti. Y, sobre todo… ¡es que los que te tienen que creer son tus votantes! Y tus votantes no te creen. Políticamente ya estás condenado, es de cajón.
Así que el problema en España no es tanto la diferencia entre responsabilidad penal y política como el hecho de que esta última no existe. La cúpula del PP tiene literalmente secuestrados a sus electores. 185 diputados populares escuchando a Rajoy y ni uno solo, ni uno, tiene nada que decir ante algo que es tan evidentemente policial y no político que el 72% de los propios votantes populares lo tienen claro. Pero esos 185 “representantes” se limitan a aplaudir al jefe.
Cuentan que una vez el acusado de haber matado a sus padres pidió clemencia al juez alegando que, después de todo, ahora era un pobre huerfanito. Una línea de defensa idéntica a la esgrimida por Rajoy cuando se atrevió a decir -en una comparecencia por lo demás inimaginable en cualquier democracia seria- que hay quien quiere convertir el parlamento “en una enorme comisaría”. Ignoro quiénes pretenden tal cosa, pero lo que es seguro es que llegan tarde: el Presidente del Gobierno se les ha adelantado.
