¿Cuántos políticos hay en España? ¿Y por qué nos importa saberlo?

Como apunta Andrés Ortega en su reciente libro publicado, Recomponer la democracia, “se ha asentado la idea de que en España sobran políticos”. Efectivamente, casi todos los ensayos de diagnosis sobre el estado de nuestra democracia coinciden en apuntar a la clase política como un factor relevante. “Hay demasiados políticos”. “Son de mala calidad”. “No nos representan”… ¡La casta! (esa sugerente imagen sin fundamento empírico, que hemos tratado de desmontar aquí y también aquí, y seguiremos haciéndolo en futuros artículos). Por eso, nos pusimos a contar políticos.

Podemos estimar algo menos de 125.000 puestos de carácter político en España, tal como muestra la Tabla 1. ¿Son muchos o pocos? Andrés Ortega utiliza como referencia comparativa el caso británico (donde algunas estimaciones recientes señalan 29.000 políticos).

Para el caso español, Ferrán Martínez ofreció una primera estimación en Piedras de papel, con el fin de desmontar bulos y cálculos menos rigurosos y más tendenciosos que corren por internet y estanterías. No obstante, a menudo no estamos midiendo lo mismo, y todas estas comparaciones deben ser realizadas con mucha precaución.

¿Para qué nos sirve contar políticos? Más que la cifra exacta en sí misma, el ejercicio nos resultará muy útil si nos ayuda a proyectar cierta claridad sobre el frondoso paisaje que aparece al fondo. Y es que la categoría de ‘político’ es de muy poco interés en sí misma si no especificamos a quiénes nos estamos refiriendo. ¿Estamos hablando de políticos profesionales, de representantes democráticos, de ‘decision-makers’ con poder de mando real o de militantes que simplemente ponen la Administración al servicio de un partido? ¿Todos ellos trabajan en el oficio de político que ha descrito Manuel Alcántara?

En España no hay muchos representantes electos (unos 2.500 parlamentarios) si dejamos de lado los más de 68.000 concejales locales. Al contrario, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, las Cámaras españolas son relativamente pequeñas en términos de parlamentarios (y aún más, de asesores a su disposición). Si a ello añadimos que sus salarios se encuentran en la franja baja de lo que se paga en democracias europeas, podemos decir que España gasta poco en políticos electos.

Nota. Datos oficiales extraídos de Parlamentos, Gobiernos, informes del Tribunal de Cuentas y del Ministerio de Economía (Inventario de Entes del Sector Público Estatal). A tener en cuenta:Nota.

* No han entrado en esta 'contabilidad': puestos en organismos internacionales, asesores de comarcas, agrupaciones de municipios o áreas metropolitanas.

La cosa cambia un poco cuando incluimos los casi 2.500 cargos gubernamentales estatales (ministros y, sobre todo, otros cargos ejecutivos de libre designación y de organismos públicos). Aunque su salario también es bastante más bajo que en la mayoría de países europeos, España aparece entre los países que más cargos ejecutivos de carácter político posee.

Sin embargo, la gran diferencia idiosincrática de la política española aparece en el mundo subestatal y ‘para-político’. No tanto en el altísimo número de concejales, poco significativo porque la mayoría de ellos son de municipios menores de 5.000 habitantes, muchos de los cuales no cobran nada por serlo y son muy poco influyentes en la gobernación real.

La clave es el elevado número de cargos en organismos públicos –casi 50.000 cargos, especialmente autonómicos y locales–, así como de asesores y personal de confianza en las instituciones locales. Es allí donde se ha ido tejiendo la gran malla que sostiene los partidos políticos en España y que permite perfilar miles de carreras políticas, de tono más bien bajo y cuyo carácter político no debe exagerarse: hay más clientelismo (o ‘patronazgo’ político) que verdadera política de partido, en el sentido ideológico de la expresión.

Decir que la gobernación está muy ‘partidizada’ en las instituciones municipales, insulares, comarcales o provinciales puede resultar quizá equívoco: más bien se trata de una 'galaxia política local', en palabras de Joan Botella, en la que las lealtades clientelares priman por encima de otros criterios políticos.

¿Por qué nos importa este retrato? Más allá de la red neo-clientelar que la España democrática ha dejado extenderse dentro de sus instituciones, hay que señalar una consecuencia directa para la calidad de la gobernación y de la política en general en España. Víctor Lapuente la ha denominado 'la enfermedad institucional de España'.

Muchos de los miembros ‘colocados’ en los organismos públicos (comisiones nacionales, agencias, consorcios, empresas públicas…), especialmente en los puestos más relevantes, no parecen ser dirigentes de partidos, o sus delegados (en sentido estricto), sino más bien ‘independientes aparentes’.

De ellos no se espera tanto que respondan a directrices de partido en la gestión del día a día como que garanticen que no actuarán como un contrapoder (en aquellos organismos cuya función formal se espera que lo sea) o que no se conviertan en un obstáculo para la máquina gubernamental (en el resto de casos).

Si garantizan este comportamiento, la autonomía política que obtendrán se escapará mucho de la capacidad de influencia de los partidos.

Y en ese margen de autonomía encontraremos a muchos (y buenos) directivos públicos –sean o no de partido-, pero también a algunos (menos) espíritus débiles que aprovecharán para ‘pillar’ su parte, escapando al control de quienes les situaron allí.

No sólo los cargos políticos de la Administración no parecen estar al servicio directo de los partidos, sino que más bien podemos sospechar lo contrario: los individuos en posiciones públicas de segundo orden alcanzarán un peso en el entorno de los partidos muy por encima de los abnegados y creyentes militantes de base. El mundo al revés.

Nota metodológica

El recuento de ‘políticos’ que presento en la Tabla 1 merece un comentario metodológico. Todos los datos se calculan para la actual legislatura (de 2011 a 2013). Para realizarlo, he consultado sólo datos oficiales a disposición para cada nivel. A veces, he llegado a ellos a través de información en la prensa. En algunos casos, sólo se puede llegar a una cifra mediante una estimación (es el caso de asesores y puestos de confianza en organismos políticos). José Rodríguez me ha enseñado que a esta técnica se le llama cálculo Fermi.

Cuando he realizado estas estimaciones, he tratado de partir siempre de un primer dato oficial. Así, los asesores autonómicos surgen de estimar la cantidad para el conjunto de comunidades, a partir de las 8 de las que sí he encontrado datos.

En el caso de organismos públicos, el número de organismos es oficial (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas), mientras la estimación subjetiva consiste en fijar una ratio de puestos políticos por organismo. He tomado 5 porque es la media que parece más realista para España, según un estudio comparado europeo en marcha sobre los cargos partidistas en agencias públicas (según datos de un estudio en curso de mi colega Laurenz Ennser).

En algunos casos puede ser bastante más pero en muchos, incluso menos; tengamos presente, por ejemplo, que las universidades aparecen contabilizadas aquí. Dada la complejidad de este ejercicio, que no es en absoluto definitivo, sino más bien un primer intento, asumo que puedo haber infraestimado o sobreestimado algún concepto, o puedo simplemente haber leído mal un dato.

Nota 25-2-2014: Hemos actualizado la cifra de miembros de gobiernos autonómicos, gracias a Xavier Coller.

En caso de que alguien encuentre errores o nueva información que mejore este cálculo estimativo, os agradeceré que me informéis de ello (jrteruel@uv.es).