Asprocan renueva la certificación para medir la huella de carbono en el plátano

La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan) ha obtenido la renovación de la certificación de huella de carbono para el plátano de Canarias, lo que ha certificado la entidad AENOR.

Ese sello de calidad acredita la veracidad del cálculo de la huella de carbono del plátano de Canarias, es decir, el conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que genera durante todo su ciclo de vida esta fruta canaria, desde su cultivo en finca hasta su empaquetado, distribución, maduración y consumo. en este caso, son 195,16 gramos de CO por kilogramo de plátano para exportación a la Península.

El presidente de Asprocan, Domingo Martín Ortega, ha sido el encargado de recibir el sello de la mano de Manuel Romero, director de Marketing Sectorial de AENOR. En su intervención, quiso destacar que “partimos de una valoración muy reducida en el 2013 y aun así hemos logrado bajar los niveles a nuevos mínimos. Esto manifiesta nuestro compromiso con el medio ambiente y también con la información transparente al consumidor”.

En el año 2013, el plátano de Canarias adquirió el compromiso público con sus consumidores de medir el conjunto de emisiones de todas las etapas de “cuna a tumba” del producto. Si en el año 2013, los niveles de emisión eran muy reducidos (249 gramos de CO por cada kilogramo de plátano), en este 2018 la acreditación se ha reducido hasta los 195,16.

Algunas de las líneas de acción y mejora que desde el sector productor se han puesto en marcha son la inversión en sistemas de producción más eficientes en ámbitos de riego y abonado, labores culturales para dotar de mayor resistencia a las plantas ante el ataque de plagas, y la reducción en el uso de productos fitosanitarios a favor de otros métodos de prevención de plagas más inocuos para el medio ambiente.

En esta última línea, el presidente de Asprocan manifestó “la disconformidad con el hecho objetivo que la banana de terceros países pueda realizar aplicaciones de productos fitosanitarios totalmente prohibidos en Europa y en España”. También se refirió al hecho de que no existan al menos herramientas fiables de información al consumidor para que valore la diferencia de calidad y sostenibilidad de unos orígenes y otros“.