El PSOE pide al Estado que tenga en cuenta las características isleñas en la futura PAC
La portavoz de Agricultura del grupo parlamentario Socialista, Ventura del Carmen Rodríguez, considera necesario que el Gobierno de España escuche a Canarias y a los interlocutores sociales para que la futura Política Agraria Común (PAC) contemple las características de las islas.
Por ello la parlamentaria ha reclamado un debate serio y riguroso con el fin de tener una posición consensuada que contemple las características de las islas para su defensa ante las instituciones europeas.
La diputada del PSOE subraya que la próxima PAC debe hacer frente a los retos que tienen los sectores primario y agroalimentario y a desafíos como la pérdida de rentabilidad del sector productor, que soporta un incremento permanente de los costes de producción.
El relevo generacional, los problemas de despoblamiento del medio rural, la apuesta por un modelo de agricultura sostenible desde el punto de vista social, económico y medioambiental o la eliminación de burocracia son otros de los desafíos, indica Rodríguez en un comunicado.
La portavoz parlamentario plantea al Gobierno del PP una serie de medidas para lograr una PAC que dé respuesta a las necesidades del sector primario en Canarias.
Entre ellas, apuesta por un presupuesto suficiente y garantizado como único medio para conseguir los objetivos propuestos.
“Para Canarias es preciso mejorar la financiación del Posei teniendo en cuenta la lejanía, la doble insularidad o la escasa dimensión de las explotaciones y de la producción”, explica.
También aboga por una agricultura profesional que apruebe la definición de agricultor activo, por asegurar el relevo generacional y la incorporación de la mujer a través del refuerzo de las políticas de igualdad en el medio rural.
Asimismo reclama medidas para luchar contra el despoblamiento del mundo rural, por un nuevo modelo de gestión de ayudas directas, por la vertebración del sector y por la sostenibilidad ambiental.
La parlamentaria también apuesta por la simplificación de los trámites de las ayudas, “que se han complicado en exceso generando gastos desproporcionados para los agricultores y ganaderos así como para las propias administraciones”.
