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El fracaso de no cumplir con nuestras obligaciones

Cansados, muy cansados ya deben estar de nosotros. Es lo que a menudo pienso: ¿cómo somos capaces de reclamar tantas cosas, muchas de ellas sin duda de gran relevancia para el porvenir agropesquero de las islas, y cómo luego, a la vez, somos tan incapaces de cumplir con nuestros deberes, los que vienen dados por las normas aplicables a todos, a los por ahora Veintiocho? Incluyo en el lote, claro está, la palabra mágica de regiones ultraperiféricas (RUP), entre ellas Canarias.

Creo que me entienden... Los lectores avezados de esta revista sectorial hecha en Canarias saben a qué me refiero y además por qué a veces uno no sabe dónde meter la cabeza y esconderse.

Pasó con el fracaso en la depuración de aguas residuales con origen urbano, y los remito al ejemplo del Valle de Güí­mar, en la isla de Tenerife, y se ha vuelto a repetir, y seguro que no será la última vez, con la adaptación de los planes hidrológicos insulares al llamado segundo ciclo integral del agua, que no es un misterio, una falacia o una impertinencia de la Unión Europea (UE). ¡No! Nada de eso. Es algo mucho más serio: se trata de una obligación que conduce a tener un futuro más ventajoso en la gestión de los recursos hí­dricos. Y seguimos incumpliendo.

Estamos dormidos y parece que solo despertamos, los gestores públicos locales, que es a los que me refiero, para pedir y pedir: somos la Canarias pedigüeña y además lo confirmamos con esos fracasos, el pasotismo y la incongruencia. Con la dejadez manifiesta... La culpa no es del chachachá; la culpa es de la polí­tica y de los que están en ella, algunos de antes y otros de ahora; eso sí­, y lo hago por aclarar, con distintas intensidades en la metedura de pata y también con diferentes implicaciones en el descomunal desorden. Y los retrasos nada tienen que ver con la escasez de recursos financieros. También lo aclaro por si acaso.

La UE, señoras y señores, a través de su gobierno ordinario, el que representa la Comisión Europea, debe estar un poco harta, y ahora sí me destapo y reitero que toda esta reflexión crí­tica viene a cuento del fracaso en la adaptación de los planes hidrológicos insulares a la normativa comunitaria y lo tanto que a Canarias le está costando cumplir con ella: primero a los cabildos, con competencias en esos planes, y luego al Gobierno autonómico, tras este asumir de forma provisional la competencia en la redacción de esos documentos, y menos mal.

La amenaza de sanción ya ha tocado a la puerta de la Comunidad Autónoma, y sigue viva por mucho que el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo (de Coalición Canaria), diga aquello que sostuvo hace nada en Las Palmas de Gran Canaria tras hablar con la comisaria europea de Política Regional, Corina Cretu. Me refiero a lo de que seguramente ya no habrá sanción a España, por, entre otros, el desaguisado de los canarios. Otra vez los canarios.

En efecto, a Canarias le cuesta muchí­simo cumplir con sus obligaciones legales dictadas desde la UE. Pasa con la depuración de aguas residuales urbanas, como es el caso del Valle de Güímar, a lo que ya se ha aludido, y ahora la misma historia se repite por la falta de agilidad mostrada (primero por los cabildos) a la hora de llegar a los plazos definidos por la UE para proceder a la revisión y actualización del segundo ciclo de los planes hidrológicos insulares (este de aplicación en el periodo 2015-2021).

Estos documentos oficiales debí­an haber estado aprobados, los siete, a 22 de diciembre de 2015, y sus medidas tení­an que haber sido informadas antes del 22 de marzo de 2016, pero la realidad es que no se hizo nada entonces. Hubo suspenso y este se mantiene. Por ello, se puede decir y decimos que la historia se repite en el archipiélago.

En estos momentos, tras el Gobierno de Canarias asumir provisionalmente las competencias para esos planes en junio de 2017, que recayeron en la Consejerí­a de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas (con Narvay Quintero) y de Medio Ambiente y Polí­tica Territorial (con Nieves Lady Barreto), y después de contemplar un gasto de 1,5 millones de euros en la asistencia técnica otorgada a la empresa pública Tragsatec (dependiente del Estado) para las siete confecciones, el balance es malo, aunque mejor que el que se tenía antes con esta misma función en manos de los cabildos. Entonces era igual a cero. Pese a los avances logrados por Aguas del Gobierno de Canarias, aún solo se puede hablar de fracaso [en enero de 2019 ya se han elaborado seis de los siete necesarios, y solo falta el de Gran Canaria].

Por ahora, de los siete planes necesarios, Canarias [en el momento de la redacción de este artículo] solo tiene tres aprobados de segundo ciclo (2015-2021), que son el de La Gomera, confirmado en septiembre pasado, y los de Tenerife y La Palma, con el visto bueno otorgado a finales de este mes de noviembre por el Consejo de Gobierno.

Los demás, hasta cuatro restantes, quedan pendientes de aprobación y son los siguientes: Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y El Hierro. El consejero Narvay Quintero ya ha asegurado que los que faltan se podrán aprobar en breve, a principios del año próximo. Demasiado tarde, sin duda. Antes había dicho que en septiembre de este año, algo que solo se logró con el plan de La Gomera.

Pese a las prisas que se ha dado el Gobierno de Canarias para sacar esos instrumentos de ordenación y gestión de los recursos hí­dricos insulares y así­ evitar sanciones comunitarias (pueden no producirse si se cumple con el último plan de entrega acordado junto a la Comisión, ha concretado el Ejecutivo regional), tras la inoperancia de los cabildos insulares (todo hay que decirlo), lo cierto es que el balance es ruinoso.

En efecto, y lo es por la siguiente sucesión de incumplimientos: todos los planes hidrológicos insulares de segundo ciclo (y aún queda la revisión futura del tercer ciclo, para el periodo 2021-2025) debí­an estar aprobados el 22 de diciembre de 2015, y no había nada en esa fecha, como tampoco se informó, como es lógico, de las medidas adoptadas dentro del plazo fijado (22 de marzo de 2016).

Después de esos incumplimientos, la Comisión Europea puso la cara colorada al Gobierno español (para estos asuntos el Ejecutivo comunitario siempre habla con el Estado miembro) con denuncia administrativa cursada en abril de 2017, y tampoco hubo reacción. En marzo de 2018, la cosa ya fue a más y la misma Comisión Europea, ante la falta de noticias, elevó la denuncia a un plano judicial con presentación del expediente ante el Tribunal Europeo de Justicia, donde sigue y puede concluir con la definición de sanciones a España, que entonces se las cargaría, sin duda, a la Comunidad Autónoma de Canarias (y esta quizá a los cabildos).

Así está el patio, otra vez mojado por el desacierto en hacer las cosas bien. ¿Por qué a la política le cuesta tanto? Por qué tanto fracaso...

*Artículo publicado en la revista Agropalca del cuarto trimestre de 2018. Elaborado el 12 de diciembre de 2018.

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