El Gobierno central debe al Ayuntamiento 85.000 euros por la tasa de basuras
El Gobierno central debe al Ayuntamiento de Vitoria en concepto de tasa de basuras por diversas dependencias pertenecientes al estado un total de 85.000 € correspondientes a la base militar de Araca, al cuartel de la Guardia Civil en Sansomendi y a las oficinas de la calle Olaguibel. Los servicios municipales ya han girado los recibos que corresponden al ejercicio en curso del año 2013 así como, de forma retroactiva, los de los años 2009 a 2012, que es el máximo que la ley permite reclamar.
Sólo la base militar de Araca debe abonar un total de 31.634 euros por las seis referencias catastrales valoradas por la inspección municipal. La institución militar aún está a tiempo de recurrir esta cantidad pero deberá asumir los intereses de demora que genere durante el proceso. El concejal delegado de Hacienda Manu Uriarte hacía este anuncio durante la comisión municipal tras ser interpelado por el concejal de Bildu, Antxon Belakortu, sobre las cantidades que el estado adeuda en ese concepto al consistorio vitoriano.
Belakortu aseguraba que las facturas giradas a Araca no son las correctas porque no están declaradas todas las referencias catastrales, 150 según sus datos, de las instalaciones militares. “Hay varios edificios que no están ahí reflejados. Me consta que los mandos disponen de dos inmuebles separados, uno para comer y otro para dormir y los soldados otros dos que no están recogidos. Presentan como almacenes muchos epacios para no abonar la tasa de basuras correspondiente”, explicaba Belakortu.
Uriarte ha explicado que el Ayuntamiento actúa en estos casos como lo hace con cualquier otro ciudadano y ha asegurado que “el interés del consistorio es que se pague todo lo que se debe pero lo estamos haciendo de forma garantista que es lo que nos exige la ley, respetando los derechos que también ellos tienen de revisar y reclamar”. El concejal de Hacienda, Manu Uriarte, ha añadido que “en todos estos casos el Ayuntamiento corrige un error de años. Hemos tenido que partir de cero porque no existían referencias catastrales y ha habido que hacer todo: recurrir al catastro para que las hiciera e inspeccionar los edificios. Por eso el proceso es lento”, concluía Uriarte.