Gobierno Vasco defiende que la política lingüística vasca está adaptada a la “realidad” de cada municipio

Rechaza “cuestionar pronunciamientos judiciales” pero recuerda que 33 de las 88 plazas de policía de Irun están exentas de acreditar el euskera

VITORIA, 27 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha rechazado cuestionar los diferentes pronunciamientos judiciales sobre la exigencia del conocimiento del euskera en la Policía Local de Irun (Gipuzkoa) y, tras subrayar que de los 88 puestos de trabajo de esta policía, 33 están exentos de demostrar su conocimiento de euskera, ha defendido que la política lingüística de normalización del uso del euskera se ha hecho “de manera progresiva” en los últimos 40 años, con una planificación adaptada a la “realidad sociolingüística” de cada municipio.

En la rueda de prensa tras el consejo de Gobierno, Zupiria ha sido preguntado sobre la decisión del Tribunal Supremo de no admitir a trámite el recurso presentado por el Ayuntamiento de Irun contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que anula el requisito del perfil lingüístico de euskera de la convocatoria pública de plazas para la Policía Local. El Supremo no admitió el recurso al considerar que no está fundamentado adecuadamente.

Zupiria ha rechazado cuestionar los diferentes pronunciamientos judiciales, pero ha querido “contextualizar” la situación de Irun recordando que se trata de una villa con una población de 58.000 habitantes, que cuenta con 88 puestos de trabajo en la relación de trabajadores de la Policía Municipal, de los que “33 están exentos de demostrar su conocimiento de euskera”.

“En ningún caso se está exigiendo desde el Ayuntamiento de Irun que el cien por cien de los trabajadores de la Policía Local de esa villa tengan un conocimiento del euskera”, ha destacado, antes de señalar que al subrayar este dato, no tiene “ánimo de polemizar con ningún tribunal de Justicia”.

Respecto al pronunciamiento del Tribunal Supremo, ha recordado que no ha aceptado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Irun y, “por lo tanto, no ha entrado al análisis del fondo de la cuestión”, ya que el TS “considera que las formas en las que se han se ha presentado este recurso no cumplen los requisitos establecidos”. “De alguna manera, quedará en vigor la sentencia aprobada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco”, ha explicado.

El consejero de Política Lingüística ha afirmado que el proceso de normalización del uso del euskera junto con el uso del castellano en las administraciones públicas vascas comenzó hace 40 años con la aprobación de la ley del euskera.

“Ha tenido un desarrollo posterior que se extiende por cuatro décadas en las que se ha pretendido que los ciudadanos vascos puedan asegurar el derecho que tienen a ser atendidos en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma vasca y a expresarse en cualquiera de ellas”, ha indicado.

Asimismo, ha subrayado que esta política lingüística de normalización del uso del euskera se ha hecho “de manera progresiva a lo largo de estas décadas” y “en todos los casos ha existido una planificación de cada institución sobre los requerimientos y exigencias que se debían plantear”.

“Esos requerimientos y exigencias siempre se han adecuado a la realidad sociolingüística de cada municipio, de cada territorio, de cada unidad que presta servicios desde la Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca y así va a seguir siendo”, ha concluido.