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Concierto vasco: críticas injustas

La negociación del Cupo ha levantado una tormenta peligrosa contra un modelo que, en opinión de uno de sus artícifes, funciona bien y no supone privilegio alguno

Lo que pague o no el pague País Vasco tiene un impacto mínimo para el Estado y nulo para las quince Comunidades Autónomas de régimen común

No sólo se ha atacado a Euskadi en un momento de muy positiva estabilidad, sino al vínculo más sólido que lo une con el Estado desde hace 140 años

El concierto vasco

Ilustración: Elisa Biete Josa

A lo largo del mes de mayo de 2017 fuimos testigos de un aluvión de críticas sobre el Concierto y el cálculo del Cupo, tras el pacto al que llegaron el ministro Cristóbal Montoro y el consejero vasco Pedro Azpiazu sobre cuestiones pendientes de liquidar desde el año 2007 y sobre el esbozo de lo que iban a ser las bases de la Ley Quinquenal de Cupo 2017-202. El correspondiente Proyecto de Ley finalmente fue aprobado en el tramo final del año pasado, con la consiguiente tormenta tropical y con todo tipo de descalificaciones sobre la ley aprobada por las Cortes Generales provenientes de determinado partido político.

Resumiría en solo tres palabras todas aquellas críticas: exageradas, dolorosas e injustas. Y quizá añadiría otra más: humillantes.

Hemos sido testigos de una clarísima sobreactuación. Porque hay que recordar que la economía vasca sólo representa el 6,1% de la española y su población, el 4,66%. Por lo tanto, Euskadi no tiene dimensión suficiente para desestabilizar España, como se ha proclamado. 

Pensar que una rebaja de Cupo de 1.500 millones a 1.300 (perfectamente justificada), o incluso no pagar por Cupo el doble, puede desestabilizar el Estado es simplemente ridículo. Una exageración interesada. Y eso es lo que ha existido.

Lo que pague o no el pague País Vasco por Cupo (porque se trata de una aportación, no de un cobro, como algunos han denunciado, en el colmo del desconocimiento) tiene un impacto mínimo para el Estado y nulo para las quince Comunidades Autónomas de régimen común, porque en España existen dos modelos radicalmente distintos de relación financiera con el Estado: el modelo LOFCA y el modelo Concierto/Convenio. Entre esos dos modelos no existen vasos comunicantes. Son diferentes e independientes.

Además, la cantidad pagada al Estado por Cupo es un ingreso marginal del Estado que, por cierto, no tiene destino finalista. En otras palabras, aunque se paga el 6,24% de las competencias no asumidas por el País Vasco que desarrolla el Estado, en cualquier parte del mundo (no, como dicen algunos, en Euskadi), ese pago es global y el Estado puede dedicarlo a lo que le parezca conveniente. No está destinado a financiar a las quince Comunidades de Régimen Común porque legalmente no está incluido en su modelo.

Principio de solidaridad

Las críticas que ha recibido el Concierto en esta coyuntura han sido numerosas y variopintas. Quizá la más extendida haya sido una que viene de lejos: que el Concierto no respeta el principio de solidaridad y aporta poco al Estado.

Yo no sé cómo se puede decir algo así si, como he señalado, Euskadi paga el 6,24% de todos los gastos del Estado que no le han sido transferidos y este porcentaje es superior a lo que pesa su PIB sobre el estatal y, sobre todo, a lo que representa su población sobre la del Estado, un 4,66%. Por lo tanto, el País Vasco, de acuerdo con lo que establece la Ley, aporta al sostenimiento de los gastos del Estado un 33% más de lo que le correspondería por población. 

Y eso no es una decisión de los vascos. Es algo que se pacta con el Estado y lo aprueban las Cortes Generales. Por tanto, Euskadi no decide lo que paga por solidaridad. Pacta primero la metodología para determinar su aportación al Estado, incluida la que se refiere a la Solidaridad, y eso se aprueba por Ley. Así se viene haciendo desde 1981. 

Otros proclaman que el Concierto es un privilegio. Si esto fuera cierto, no se entiende que, a pesar de contar con el mismo, la economía territorial que más peso haya perdido sobre el total estatal desde 1981 haya sido la vasca. En efecto, Euskadi ha visto reducido su peso sobre el PIB de España en 1,33 puntos, lo cual equivale a un menor PIB de 14.814 millones. Por el contrario, Madrid ha aumentado su peso sobre el total estatal en 4,16 puntos, (+46.335 millones). 

En definitiva, podríamos decir que el País Vasco, disfrutando de lo que se califica como “generoso” Concierto y de su “privilegiada” metodología de Cupo ha financiado casi un tercio de la expansión económica de una Comunidad Autónoma, llamada Madrid, que carece de Concierto.

Modelo de financiación

Lo que más me ha llamado la atención del escenario que ha dibujado el aluvión de críticas sobre el Concierto y el Cupo es que no se está poniendo el acento donde se debe poner y no en esta cuestión marginal, desde la perspectiva estatal. Me refiero al modelo de financiación de las quince Comunidades Autónomas de Régimen Común.

Señalo lo anterior porque padecen de un sistema “opaco, dificilísimo de entender, absurdo e injusto socialmente” (Cristóbal Montoro), “satánico” (Cristina Cifuentes), “una locura” (Luis Garicano), “opaco, arbitrario, injusto e ineficaz” (Inés Arrimadas) y “el problema más grave que tiene España y un auténtico disparate” (José Manuel García-Margallo), que daña la calidad de vida del 94% de la población española.

Además, estas quince Comunidades, al 30 de junio de 2017 debían al Estado la bonita cifra de 216.380 millones de euros. Ese es el importe de los préstamos que han recibido en el periodo 2012 a 2017 todas ellas en conjunto, para conseguir que se pudieran financiar en los duros años de crisis.

Pues bien, esta situación de clamorosa infrafinanciación, de la cual el País Vasco no tiene responsabilidad ninguna, se ha traducido en numerosas y variadas críticas, descalificaciones, etc. sobre el modelo vasco de Concierto. Y ello por una sencilla razón: Euskadi ha superado la crisis por sus medios y no debe ni un euro al Estado. 

Es llamativo que para eliminar esa positiva situación se haya pedido, en algún caso, la eliminación del Concierto y que, por lo tanto, el País Vasco entre en el sistema común. En otras palabras, que padezcan también “el problema más grave que tiene España”, incorporando a la Comunidad Autónoma vasca a un modelo “satánico”, “opaco, arbitrario injusto e ineficaz”.

Además del sin sentido de esta propuesta, se olvida con ello un principio esencial: detrás del gasto público hay personas. Rebajando sustancialmente el gasto público vasco se haría un gravísimo daño a la educación, la sanidad, y la protección social de centenares de miles de personas. Y ello, sin beneficio para ninguna de las quince Comunidades de régimen común. Porque el Estado, por aplicación del modelo vigente, aprobado por ellas y en las Cortes, las financia independientemente de lo mucho o poco que paguen la Comunidad Autónoma Vasca y la foral de Navarra.

En definitiva, se ha querido crear, artificialmente, una “ciclogénesis explosiva”. Ha sido lamentable, porque no sólo se ha atacado a Euskadi y a sus habitantes, en un momento de muy positiva estabilidad, sino al vínculo más sólido que une al País Vasco con el Estado desde hace 140 años. 

Y ese es un error estratégico muy grave, no ya desde la perspectiva vasca, sino sobre todo desde la española. No se debe jugar nunca con la estabilidad por una simple cuestión de (poco) dinero.

Pedro Luis Uriarte es economista, ex consejero de Economía del Gobierno Vasco y ex consejero delegado de BBVA.

[Este artículo ha sido publicado en el número 56 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

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