Urge un salario mínimo decente

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta 900 euros mensuales en 14 pagas, que propugna el Gobierno socialista de acuerdo con Unidos Podemos, es la decisión más necesaria que hay tomar en este país para revertir los daños causados por la crisis. Durante la última década la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos ha alcanzado el 30%, y en ocasiones hasta el 50%. Esta subida salarial es la propuesta más esperada por amplios colectivos, especialmente los jóvenes, que precisan una compensación urgente por los daños causados por la crisis. 

En este país, el 12,56% de los trabajadores (unos 1,8 millones de personas) cobraban el salario mínimo o menos en 2016, el último dato disponible, según la Encuesta Anual de Estructura Salarial que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el caso de las mujeres el porcentaje de empleadas que ingresan menos del SMI era el 17,8%.

Hay que tener en cuenta que en  España un 14,5% de los empleados  pertenecen a la categoría de “trabajadores pobres”. Es el porcentaje más elevado de la Unión Europea. Se trata de personas con un nivel de ingresos tan bajo que no salen de la indigencia a pesar de trabajar.

La justa subida del salario mínimo no puede quedar condicionada a la aprobación de los Presupuestos del Estado de 2019, donde se ha enmarcado inicialmente. Si la aprobación de las cuentas públicas se frustra por la falta de los apoyos parlamentarios necesarios por el rechazo de las formaciones independentistas, el Gobierno tiene que agotar todas las vías legales para hacer posible una medida que significa un cambio sustancial en las condiciones de vida de millones de personas. 

La propuesta ha levantado una fuerte polémica entre especialistas, académicos y autoridades. El principal argumento de rechazo es que una subida del 22% del salario mínimo puede tener un impacto negativo sobre el empleo. Algunas instituciones como el Banco de España han llegado a cuantificar que el aumento podría provocar una pérdida de 156.000 empleos. Sin embargo, la inmensa mayoría de estudios, incluidos los del propio Banco de España, consideran que los resultados obtenidos no son concluyentes. En todo caso hay una coincidencia generalizada en que el impacto de la subida del salario mínimo sobre el empleo es reducido. 

Sobre este tema es importante destacar la opinión de los economistas más prestigiosos. El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz y otros seis laureados sostienen que la subida del salario mínimo es beneficiosa para la economía en su conjunto porque estimula el consumo. Son también especialmente significativas las reflexiones del nuevo presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, que ha visto con buenos ojos la subida. En su opinión “mientras los salarios no suban no podremos salir de la crisis” y considera que “si las empresas generen riqueza deben repartirla”.

La consideración de los salarios como un simple componente del llamado mercado laboral y que su único referente son los aspectos estrictamente económicos como la productividad resulta muy insuficiente. Los aspectos sociales como las condiciones de vida son también esenciales en economía.  Sobre este asunto, Denis Clerc, fundador de Alternatives Economiques, ha señalado: “Si el salario pudiera bajar hasta un euro la hora, se encontraría, sin duda, empresarios para contratar a este precio y el paro desaparecería”.  Según Clerc “todo esto plantea un problema de ética mucho mayor”. Y se pregunta, “¿Es legítimo que el precio de la lucha contra el desempleo sea pagado principalmente por los asalariados de la parte más baja de la escala, penalizados por la baja o desaparición del salario mínimo? Por otra parte, ha precisado que el salario mínimo ”es uno de los elementos de la cohesión social que una sociedad puede difícilmente sacrificar en el altar de la lucha contra el paro“.

La realidad es que el salario mínimo, que pretende garantizar unas condiciones decentes de vida, fue una conquista social puesta en práctica por los países que impulsaron la legislación social más avanzada. Es significativo que el primer país que lo aplicó fue Nueva Zelanda, en 1894, que fue también el que concedió el derecho a voto a las mujeres en 1893. En Reino Unido fue introducido en 1909 y en Estados Unidos, por el presidente Roosevelt en 1938.

La subida del 22% está perfectamente justificada por encontrarse en uno de los niveles más bajos, (858 euros al mes en doce pagas 10.302 euros al año), con relación a los países de nuestro entorno. En Francia y Alemania está en 1.498 euros y en el Reino Unido en 1.463 euros mensuales.

La realidad es que el salario mínimo en España es muy bajo desde todos los puntos de vista. El aumento previsto está lejos de alcanzar el criterio de consenso europeo que establece que el salario mínimo debe situarse en el 60% del salario medio. Según el último dato de la Encuesta de Salarios del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente a 2016, el salario medio se situó en 23.156 euros anuales. Esto significaría que el salario mínimo de aquel año debería haberse situado en los 13.893 euros a anuales o 1.157 euros al mes en 12 pagas.

Ante la falta de consenso entre los investigadores sobre la materia, los economistas de Florentino Felgueroso y Marcel  Jansen, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) concluyen en un reciente trabajo: “España necesita un debate global sobre la mejor manera de atajar sus problemas de paro, precariedad y pobreza laboral”. Para encauzar este debate, señalan: “sería muy útil la instauración de una comisión independiente, como la Low Pay Commission en el Reino Unido” que propone la senda adecuada del salario mínimo “que permitiría alcanzar los objetivos políticos sin causar el menor daño posible a los grupos más vulnerables”.

[Este es el editorial del número 64 de la revista Alternativas Económicas, a la venta en quioscos y librerías. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]