La transparencia y el mal común de las empresas

Antes sabremos cuánto dinero gana una compañía que cuánto daño provoca esta al medio ambiente, o si aprieta demasiado las tuercas a sus proveedores, o hasta qué punto se preocupan por retener el talento de sus empleados. El número de grandes empresas que abre sus tripas para dar a conocer de forma regular información sobre su vida no financiera es insignificante: no supera las 2.500 en Europa, según cálculos de la Comisión Europea. No llega a una de cada 10. De ahí que Bruselas lleve tiempo revoloteando con nuevos requisitos para que el sector empresarial rellene la cartilla en materia de transparencia socioambiental; no porque sea un hada buena, sino porque, bajo el reinado de los mercados, aumenta el interés de muchos inversores por conocer bien dónde ponen su dinero y qué impacto puede causar su apuesta sobre el entorno. El resultado del envite ha sido una directiva europea –aprobada hace un año- que obligará a cerca de 6.000 empresas, y en concreto todas las que empleen a más de 500 personas, coticen o no en la Bolsa o no, a reportar sobre la diversidad de género o el modo de atajar posibles sobornos, por poner algunos ejemplos.

El año próximo acaba el plazo para asumir y adaptar esa obligación en los distintos países de la UE. De modo que el próximo gobierno español tendrá que torear el disgusto de las empresas respecto a un trámite que en muchos casos supone más papeleo y más costes (según los cálculos del ejecutivo comunitario, el máximo alcanzaría los 5.000 euros al año). Las pymes se libran de la carga administrativa, aunque se les podrán exigir datos en tanto que proveedoras de sus grandes clientes. La cuestión es si la obligación pasará como eso, como un disgusto, como un trámite, como una carga más, o si puede servir realmente para cambiar las cosas.

Siguiendo los pasos -¿ingenuos? ¿utópicos? ¿imprescindibles?- del ya célebre economista austríaco Christian Felber a favor de una economía del bien común, en Europa se está gestando un lobby que aspira a dar consistencia a estos nuevos informes. “Si no hay presión de la gente, las exigencias se quedarán en cuatro vaguedades”, alerta Diego Isabel de la Moneda, palentino afincado en Londres y cofundador del Global Hub for the Common Good, una especie de pepito grillo que chequea la carga social y medioambiental de las empresas. Su tarea es presionar a distintos movimientos sociales, en España y en Europa, para presentar una propuesta detallada y exigente al gobierno, al próximo, para que la traslación de las buenas intenciones desde Europa no se queden en eso. Cada país puede decidir o no que la información aportada sea verificada por una entidad independiente.

‘Strip-tease’ voluntario

Sí, claro, podría ser algo voluntario. Que ofrezcas datos porque quieras, no porque te obliguen... Sin embargo, sobre los límites de los strip-tease voluntarios queda poco que decir. Tenemos precedentes descorazonadores. La transparencia no es el punto fuerte de las empresas, y nos lo recuerda tras año el Observatorio de Responsabilidad Corporativa (RSC). Sus informes suelen ser muy críticos con la insuficiencia de datos que aportan las compañías que cotizan en el Íbex 35 sobre cuestiones como el reparto del pago de impuestos, las puertas giratorias o los negocios en países con mayores riesgos de vulneración de los derechos humanos.

Es contagioso cruzarse con gente que no cree que el propósito de su negocio sea maximizar el retorno a los accionistas y ganar mucho dinero; ni siquiera satisfacer las necesidades de sus clientes, sino contribuir al bien común. Hace pocos días, The Financial Times publicaba una entrevista con Vaude, una empresa alemana de origen familiar movida por el idealismo que fabrica ropa de montaña. Su propósito es convertirse en la marca más sostenible de Europa. No es una mosquita aislada. Por ahora, tiene -sorpresa-, 1.600 empleados. Y su cúpula directiva se dice preparada para asumir sus responsabilidades respecto de su comunidad.

Pasar de las palabras a los hechos es aprender a medir parámetros no financieros, elaborar un balance social. Herramientas para realizar este tipo de mediciones existen muchos. Global Hub for the Common Good ha experimentado ya con 200 compañías; unas, para rastrear aspectos parciales de comportamiento y en otros casos, para hacerlo por entero. No sólo se puntúa lo bueno. Se restan puntos por lo malo; pongamos por caso, violar los estándares laborales, discriminar en los salarios a las mujeres o invertir en paraísos fiscales. Se pueden obtener 1.000 puntos positivos como máximo, y 1.500 negativos si sales muy mal parado. De media, el resultado de esas 200 compañías arroja 350 puntos.

De la Moneda no acepta que las empresas deban elegir entre funcionar como ONG o ser empresas con mentalidad exclusivamente orientada al beneficio. Cree que el dinero es “sólo un medio”, porque, como afirma Felber, “el propósito del negocio es el bien común”. Al fin y al cabo, si el Producto Interior Bruto (PIB) se queda corto, o incluso puede distorsionar, la imagen real del bienestar de un país, también el resultado neto y el balance de una compañía puede quedarse corto, o incluso distorsional, su propio sentido.

Los conversos reclaman incentivos fiscales y facilidades crediticias para las empresas que primen la cooperación respecto de la competencia. Pero la única llave del éxito es el reconocimiento social e inversor. Que el éxito no se mida en, o no sólo en, dinero.

[Este artículo corresponde a la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]