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Los presupuestos deben sobrevivir para ser mejorados

La política de gasto de sanidad representa un 0,04% del total de los presupuestos// Lupe de la Vallina

Hoy empieza en el Congreso el debate sobre las enmiendas a la totalidad a los presupuestos generales del Estado. Y mañana es el día clave en el que se decidirá el futuro inmediato de los mismos. Es necesario que salven este trámite para que puedan seguir siendo mejorados en sede parlamentaria.

Los presupuestos generales del Estado no son sólo números. De ellos depende la calidad de vida de gran parte de la sociedad, especialmente la de las personas que han sido golpeadas por el paro, por los recortes en ayudas sociales y, en general, por unas políticas de austeridad que no han tenido en cuenta a quienes siguen sufriendo sus efectos.

Es cierto que estos presupuestos constituyen una mejora en lo relativo a las partidas de ayudas a la vivienda y sanidad respecto del año pasado en un 44,28% y 6,84% respectivamente.

Es un avance sí, pero un avance insuficiente. Para comprenderlo, echemos la mirada atrás. Han pasado más de diez años desde que empezamos a escuchar palabras como crisis o austeridad. Dos conceptos sobre los que se ha construido una década de políticas de las administraciones que prestaron poca o ninguna atención a los derechos de las personas y sus vidas detrás de los números.

AP Photo/Andres Kudacki

AP Photo/Andres Kudacki

Más de diez años después del inicio de la recesión económica, España sigue sin recuperar la inversión que tenían estas partidas en 2008 y está muy lejos de alcanzarlas de nuevo. En lo relativo a ayudas a la vivienda, el presupuesto se ha recortado desde 2008 en un 49,03% y en sanidad en un 54,03%. Y esto tiene un impacto. Muchas personas apenas perciben la recuperación, siguen sintiendo el desamparo y la desvinculación con las autoridades. Asimismo, y a pesar de que ha habido un ligero paso hacia adelante, la partida de ayudas a la vivienda representa el 1,14 % del total de los presupuestos y la política de gasto de sanidad un 0,04%. Es hora de revertir esta situación.

La otra cara de la moneda
La consecuencia más visible de la austeridad pública es que las familias se han visto obligadas a reorganizar su economía. Las personas se han visto forzadas a incrementar su gasto en vivienda y sanidad, dejando de lado otros gastos que también están relacionados con su calidad de vida. Así, en materia de vivienda, el gasto privado subió de un 17,4% en 2005 a un 21,7% en 2017 y en salud, ha variado de un 18,9% en 2009 a un 23,5% en 2016. Números que siguen escondiendo dificultades que los Estados deben reparar.

Desgraciadamente, por impersonales que suenen las cifras, tenemos que seguir hablando de ellas. Este esfuerzo en gasto social para las familias se produce en una década en la que el precio de la vivienda en alquiler ha subido de una manera alarmante. Esta tendencia también continuó en 2018, mostrando un incremento del 6,5%. Por el contrario, los salarios no han soportado una subida   semejante. Entre 2012 y 2016, la variación de incremento de los salarios ha sido de un 1,89%..

Dani de Sol

Dani de Sol

Analicemos más cifras que esconden desigualdades. Este incremento del gasto privado para satisfacer derechos se produce en un país en el que el 45% de las personas trabajadoras gana menos de dos veces el Salario Mínimo Interprofesional. de ellas, el 55,4% son mujeres, frente al 36,7% de hombres. Las mujeres, con una tasa mayor de paro, del 16,2% frente a un 12,83% de los hombres, sufren una vez más las peores consecuencias. También la tasa de riesgo de pobreza afecta más a las mujeres. Si la media española es de un 21,6%, la tasa de riesgo de pobreza alcanza a un 40,6% de las familias monoparentales y recordemos que el 83% de las mismas están encabezadas por mujeres.

El debate de las enmiendas a la totalidad que se inicia hoy debe tener en cuenta esta radiografía de las cifras. No debe olvidar la obligación existente en derecho internacional de que los presupuestos deben mejorar de manera progresiva la vida de las personas.

Diez años después es hora de recuperar al menos la misma inversión en partidas de vivienda y sanidad. Es hora de que las personas sientan que sus derechos importan.

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Irán: la resistencia sin fin

Manifestación por la situación de los trabajadores del acero en Ahvaz © Iranian Labour News Agency

Parece un gesto sencillo: quitarse el pañuelos y amarrarlo sobre un palo o simplemente dejarlo al viento y colocarse sobre un banco, una acera más elevada, una farola. Sin embargo, las fotografías de las mujeres iraníes protestando por el uso del velo han dado la vuelta al mundo. Que se lo digan a Shaparak Shajarizadeh, una de las precursoras, condenada a 20 años de prisión, 18 de ellos condicionales, por su protesta pacífica contra el uso obligatorio del hiyab. Huyó de Irán tras ser puesta en libertad bajo fianza, y desde entonces ha descrito en entrevistas a los medios de comunicación cómo fue sometida a tortura y otros malos tratos en régimen de aislamiento y cómo le negaron el acceso a su abogado.

Hoy se cumplen 40 años desde el inicio de la revolución en Irán, un país convulso que no ha dejado de luchar, a pesar de que desde 1979 hasta la actualidad, tal y como recogen los informes anuales de Amnistía Internacional, el régimen ha acusado y conseguido la “confesión” de miles y miles de personas para acusarles de delitos que han servido de coartada para la represión y la vulneración de los derechos humanos. Ocho lustros en los que la represión hasta se ha adaptado a los nuevos tiempos, pasando de cerrar revistas al cierre de redes sociales como Facebook, Instagram o Telegram, y persiguiendo a blogueros como Sattar Beheshti, que en 2012 murió bajo custodia.

Una mujer enseña su pañuelo encima de una estructura elevada en la ciudad de Karaj en protesta por el uso obligatorio del velo © White Wednesdays Campaign

Una mujer enseña su pañuelo encima de una estructura elevada en la ciudad de Karaj en protesta por el uso obligatorio del velo © White Wednesdays Campaign

Delitos castigados bajo un sistema penal sin garantías que tampoco respeta convenciones internacionales fundamentales, aplicando penas y actuaciones que incluyen, además de la prisión, la tortura, la detención ilegal, la desaparición forzada, la flagelación, la amputación o la ceguera. Sin embargo, castigo de referencia es sin duda la pena de muerte: Irán es uno de los principales países del mundo que encabezan su aplicación, con al menos 507 ejecuciones en 2017, incluyendo la ejecución de personas que eran menores en el momento del delito, las ejecuciones públicas o la lapidación.

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El naufragio de las políticas de la UE en el Mediterráneo central

Una mujer y un niño esperan a bordo del barco de rescate Sea-Watch 3, a merced de su destino en el mar durante 19 días © Chris Grodotzki/Sea-Watch

“Tenemos un puerto seguro”, dice un miembro de la tripulación a decenas de abatidos solicitantes de asilo hacinados en un camarote a bordo del Sea-Watch 3, barco de rescate de una ONG. Tras casi tres semanas abandonados a su suerte en el Mediterráneo, cuesta un poco entender todo lo que eso significa. “Vamos a entrar”, explica. “C’est fini.” En segundos la sala estalla en expresiones de alivio y alegría desbordantes.

Este fue el final del calvario, la semana pasada, que vivieron 49 mujeres, hombres, niños y niñas a bordo del Sea-Watch 3 y el Professor Albrecht Penck, barcos de sendas ONG, que por fin pudieron desembarcar en Malta.

© Chris McGrath/Getty Images

© Chris McGrath/Getty Images

 Habían sido rescatados en diciembre tras huir de Libia, pero los barcos no recibieron autorización para atracar en ningún puerto europeo del Mediterráneo. Cuando los días se convirtieron en semanas, algunos gobiernos europeos se comprometieron a acoger a las personas rescatadas cuando entrasen en Europa por los puertos italianos o malteses. Pero Italia siguió negando un puerto donde pudieran atracar los barcos, mientras que Malta ofrecía su cooperación con la condición de que otros países europeos accedieran a hacerse cargo de otras 249 personas rescatadas por las autoridades maltesas en una operación anterior.

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Guantánamo: Es hora de cerrar esa maldita cosa

© AI

Recuerdo ese día que soy incapaz de olvidar, porque está gravado para siempre en mi memoria como si fuera ayer. Fue hace más de 17 años, cuando unos agentes de la policía secreta me llevaron a mi viejo automóvil, que estaba aparcado a la puerta de la casa de mi madre, en Mauritania, y me dijeron que fuera tras el vehículo discreto y sin distinto alguno que utilizaban. Un agente visiblemente avergonzado me estaba esperando para sentarse a mi lado en el automóvil.

Cuando salía por la puerta, mi madre me detuvo. Sospechó por su aspecto que eran agentes. Temía por mí. Incluso una persona apolítica como mi madre podía identificarlos enseguida.

"No quería que te encontraran", dijo el joven agente sentado a mi lado en el automóvil. Ya lo conocía. En 2000, cuando regresaba a Mauritania de un viaje a Canadá, fui detenido en Senegal por sospechas infundadas y a instancias del gobierno de Estados Unidos. Cuando me llevaron de Senegal a Mauritania, ese joven agente fue mi carcelero. Me habló de las dificultades por las que pasaba porque su trabajo no le daba para vivir. Yo prometí ayudarlo si salía alguna vez de la cárcel. Me dijo que sabía arreglar televisiones y sintonizar los canales, y me propuse buscarle clientes y ayudarle a aprender más. La noche antes de que me secuestraran en casa de mi madre le había dicho que me arreglara la televisión.

Al arrancar vi por el retrovisor los dedos de mi madre, alzados al cielo y contando plegarias. No volví a ver a mi madre ni a mi hermano mayor, porque fallecieron antes de mi liberación.

Entonces no era todavía la prisión de Guantánamo que conocemos ahora. Me entregaron a Jordania y me llevaron luego a la base aérea de Bagram, antes de enviarme al centro de detención de Guantánamo.

A fin de hacerme confesar, los agentes estadounidenses me sometieron a tortura y otros tratos crueles e inhumanos. Como si perder la libertad y mi medio de vida y ser separado a la fuerza de mis seres queridos no fuera lo bastante cruel.

Pasaron años de privaciones, dolor y sufrimiento antes de que me reuniera finalmente con mi familia al final de 2016. Y más de dos años después de mi liberación, sigo estando como un detenido en mi propio país, sin que se me permita recibir fuera de él la atención médica que tanto necesito porque el gobierno estadounidense ha pedido al mauritano que no me conceda el pasaporte.

Todo aquello ocurrió en nombre de la democracia. En nombre de la seguridad. En nombre del pueblo estadounidense.

Acto en el museo sobre la prisión de Alcatraz, en Estados Unidos / William Butkus

Acto en el museo sobre la prisión de Alcatraz, en Estados Unidos / William Butkus



Con la premisa de que sólo unas cuantas personas merecen el debido proceso, dignidad y derechos humanos y de que la democracia más poderosa del mundo puede hacer lo que le plazca con el resto de la humanidad.

Creo que Estados Unidos tiene el derecho y el deber de proteger a sus ciudadanos, pero que no debe jamás hacerlo al margen del Estado de derecho que ha prometido hacer valer.

Puedo decir con tranquilidad que soy un ejemplo viviente de que las sospechas de un gobierno no pueden ser nunca un motivo para menoscabar el Estado de derecho, por el que generación tras generación ha luchado en Estados Unidos. Soy un ejemplo porque las sospechas del gobierno de que era un delincuente estaban equivocadas totalmente, al cien por cien. Jamás fui acusado formalmente y menos aún declarado culpable de ningún delito.El único juez independiente ante el que comparecí durante mi suplicio ordenó que fuera puesto en libertad, tras ver las pruebas secretas, que ni siquiera a mí me permitieron ver.

Valientes activistas de Amnistía Internacional reconocieron que también quienes no son ciudadanos estadounidenses tienen derecho a ser tratados con dignidad y a acogerse al Estado de derecho. Han estado ayudándome activamente hasta ahora. Ayudaron a dar a conocer al mundo mi versión de lo ocurrido mientras permanecí encarcelado año tras año, reprimido y gritando en la oscuridad. ¡Estaré siempre agradecido por ello!

Jamás ha estado ni está todavía bien visto salir en defensa de los derechos humanos si al acusado se le considera un “oponente”, y mucho menos si la acusación es por terrorismo. Sin embargo, creo que, precisamente por esa razón, no se debe dar rienda suelta a la violencia del gobierno simplemente por la naturaleza de la acusación y los antecedentes del acusado. Los linchamientos se condenaron y se dejaron finalmente de realizar por una razón.

Han transcurrido ya 17 años desde la apertura del infierno infame que es Guantánamo. Es por la dignidad del buen pueblo estadounidense que su gobierno debe cerrar esa maldita cosa.

¡Cierren esa prisión y traten a las personas de acuerdo con el Estado de derecho! ¡Qué Dios les bendiga!

*Mohamedou Slahi estuvo detenido en Guantánamo. En la actualidad es activista de los derechos humanos, residente Mauritania y autor del best seller “Diario de Guantánamo”.

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Las protestas por la subida de las tasas sobre el carburante en Francia y la falsa disyuntiva de clima frente a personas

Manifestación frente a la Torre Eiffel, en París, durante el COP21 en 2015 / AP Photo/Matt Dunham

Tras estas protestas hay un difuso movimiento conocido como el de los “gilets jaunes” (chalecos amarillos), a cuyas filas se ha ido incorporando en las últimas semanas cada vez más gente: personas cuyo exiguo salario les alcanza apenas para sobrevivir y que se sienten amenazadas por un descenso en la protección laboral, se han unido para expresar su ira por la agenda económica propuesta por el gobierno francés. A las protestas se ha unido también la población joven: estudiantes de secundaria y universidad que han bloqueado sus centros de estudio.

Ante este polifacético movimiento, el gobierno del presidente Macron anunció que anularía la tasa sobre los carburantes. Pero hay pocas señales de que la tensión se vaya a suavizar pronto, debido a la creciente brecha de desigualdad económica entre ricos y pobres en todo el país.

Las protestas han polarizado mucho lo que ya es un debate peligrosamente dividido sobre el cambio climático, los derechos humanos y la necesidad de proteger a las personas más marginadas y desfavorecidas de nuestras sociedades.

Algunos de los grupos ecologistas que actualmente se reúnen en la Conferencia de la ONU sobre cambio climático en Polonia están preocupados por la “mala señal”, que transmite la reducción de las tasas anunciada por Macron justo en un momento en que el mundo necesita incrementar sus esfuerzos para alejarse de los combustibles fósiles.

Entretanto, hay políticos que intentan sacar partido de la situación. El martes, el presidente estadounidense Donald Trump entró en liza con el siguiente tuit : “Me alegro de que mi amigo @EmmanuelMacron y los manifestantes de París hayan llegado a la conclusión a la que llegué yo hace dos años. El Acuerdo de París es completamente defectuoso porque eleva el precio de la energía para los países responsables mientras encubre a algunos de los más contaminantes del mundo”.

Manifestación en Bruselas este sábado 8 de diciembre / AP Photo/Francisco Seco

Manifestación en Bruselas este sábado 8 de diciembre / AP Photo/Francisco Seco

El presidente Trump, al igual que otros escépticos del cambio climático, está a favor de formular el debate como una disyuntiva entre abordar el problema del cambio climático frente a proteger a la gente y los puestos de trabajo. Pero el movimiento ecologista cometería un error si le hiciera el juego y argumentara que el imperativo moral de abordar el cambio climático debe anteponerse automáticamente a cualquier sufrimiento que las medidas de transición puedan causar a corto plazo a la gente.

De hecho, proteger los medios de vida de las personas para que puedan vivir con dignidad y detener el cambio climático son dos aspectos de una misma luchaEl Acuerdo de París reconoce la necesidad de integrar la protección medioambiental y el progreso de derechos económicos y sociales tales como el derecho al trabajo, a un nivel de vida adecuado y a la salud.

Al igual que en muchos otros países, tememos que sean los trabajadores y trabajadoras pobres de Francia los que sean menos capaces de enfrentarse a los peligrosos efectos del cambio climático, como el aumento de la contaminación y los consiguientes problemas de salud, debido a su falta de recursos. En todo el mundo vemos habitualmente que son las personas más pobres las que tienen más dificultades para sobrevivir, y no digamos para recuperarse, cada vez que son golpeadas por un suceso relacionado con el clima.

El gobierno francés debe establecer políticas de protección climática que reduzcan la desigualdad, no que la agraven: políticas tales como subsidios que permitan a la gente pasarse a fuentes de energía limpias, en lugar de castigarla por no hacerlo. Esto significa hacer recaer la responsabilidad en las empresas del sector de los combustibles fósiles y no en los consumidores, especialmente los de ingresos bajos.

Sentada durante la manifestación en París contra el cambio climático en 2018 / AP Photo/Michel Euler

Sentada durante la manifestación en París contra el cambio climático en 2018 / AP Photo/Michel Euler

Nadie del gobierno del presidente Macron, y menos el propio Macron, defendería abiertamente que los trabajadores y trabajadoras pobres de Francia deben pagar —literalmente— el precio de los esfuerzos de descarbonización del país. Sin embargo, los gobiernos, antes de hacer cualquier cambio económico o fiscal importante, deben estudiar debidamente cómo va a influir ese cambio en las personas que ya sufren dificultades económicas.

Lo irónico es que esta crisis se está produciendo en vísperas de la celebración del 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos humanos, la primera declaración de derechos fundamentales de ámbito mundial, adoptada y firmada por los gobiernos en París el 10 de diciembre de 1948.

Setenta años después de la adopción de la Declaración vemos una intolerancia creciente, una desigualdad extrema, un retroceso de las salvaguardias de los derechos humanos, todo ello unido a una falta de urgencia por avanzar más rápido en la cuestión del cambio climático. Como demuestra la actual agitación en Francia, en muchos sentidos corremos peligro de crear el tipo de mundo que los gobiernos que adoptaron la Declaración tras la Segunda Guerra Mundial se comprometieron a evitar.

En todo el mundo, la gente necesita desesperadamente que sus dirigentes demuestren el liderazgo en materia de derechos humanos que exigían quienes redactaron la Declaración, especialmente ante la crisis climática a la que el mundo entero se enfrenta. El presidente Macron se equivocó al suponer que la lucha contra el cambio climático consiste únicamente en volver a hacer grande nuestro planeta. De hecho se trata de poner a las personas en primer lugar y hacer grandes los derechos humanos también.

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Una marea de mujeres lucha contra la violación en toda Europa

Manifestación en Pamplona / AP Photo/Alvaro Barrientos

El número de mujeres víctimas de violación en Europa es escalofriante. En la Unión Europea, una de cada 20 mujeres ha sido violada después de los 15 años y una de cada 10 ha sido sometida a alguna forma de violencia sexual.

Amnistía Internacional ha analizado la legislación sobre violación de 31 países de Europa y concluido que sólo 8 de ellos tienen leyes que definen la violación como sexo sin consentimiento.

Empecemos por lo básico: el sexo sin consentimiento es violación. Así de simple. Sorprendentemente, esta simple verdad no está reflejada en la legislación sobre violación de la mayoría de los países europeos. Amnistía Internacional ha analizado la legislación sobre violación de 31 países de Europa y concluido que sólo 8 de ellos tienen leyes que definen la violación como sexo sin consentimiento. En todos los demás la definición jurídica de violación está basada en la fuerza, amenaza o coacción o en la incapacidad de la víctima para defenderse.

No obstante, se están produciendo cambios, país a país.

Tan solo este año, Islandia y Suecia se han convertido, respectivamente, en el séptimo y el octavo país de Europa en adoptar nueva legislación que define la violación sobre la base de la ausencia de consentimiento.

Manifestación en París con el lema "Violación: un crimen contra la humanidad"/ AP Photo/Christophe Ena

Manifestación en París con el lema "Violación: un crimen contra la humanidad"/ AP Photo/Christophe Ena

Estas victorias no son producto de la casualidad. Son el resultado de años de duro trabajo de mujeres activistas que reclaman su derecho a no sufrir violencia sexual. Son cambios logrados por innumerables mujeres que con demasiada frecuencia son traicionadas por sistemas de justicia que se niegan a reconocer el devastador delito al que han sobrevivido o no les proporcionan resarcimiento.

En Suecia, las organizaciones y las activistas en favor de los derechos de las mujeres llevan más de una década haciendo campaña por este cambio de la legislación.

En 2013, una decisión judicial de absolver a tres jóvenes acusados de violar a una niña de 15 años con una botella de vino hasta provocarle una hemorragia dio lugar al nacimiento de un nuevo movimiento nacional, FATTA (“Entérate”). A través de la sensibilización y el trabajo de campaña lograron que su mensaje ganase fuerza. Ahora, cinco años después, la legislación sueca reconoce por fin que las relaciones sexuales sin consentimiento son violación.

España, Portugal y Dinamarca podrían ser los siguientes países en reconocer en su legislación que el sexo sin consentimiento es violación. Autoridades de sus respectivos gobiernos ya han declarado públicamente que están abiertas a debatir esta reforma de la definición jurídica de violación. De nuevo, estas medidas positivas son resultado de la lucha de las mujeres por el cambio.

En España, millones de mujeres salieron a la calle el 8 de marzo de 2018 para manifestarse por varias causas relacionadas con los derechos de las mujeres, incluido el derecho a no sufrir violación. El caso de La Manada, en el que cinco hombres fueron declarados culpables de abuso sexual, pero no de violación, también desató protestas en todo el país un mes después. La vicepresidenta del gobierno español, Carmen Calvo, anunció en julio su disposición a revisar la legislación de manera que quede claro que cuando una mujer no da su consentimiento expreso está diciendo que no.

En Portugal, muchas mujeres expresaron su indignación tras otra causa judicial de gran repercusión en la que el tribunal impuso una condena condicional a dos hombres por “abuso sexual de una persona incapaz de oponer resistencia”. El caso implicaba la agresión a una mujer en el baño de un bar durante la cual ésta perdió el conocimiento reiteradamente. Las manifestaciones y los debates en los medios de comunicación subsiguientes mostraron que las mujeres se niegan a permanecer en silencio cuando se pisotean sus derechos.

En Dinamarca, el ministro de Justicia ha dicho que consideraría adoptar legislación sobre la violación basada en el consentimiento tras las peticiones de activistas y supervivientes. El alcance de la reforma aún se está debatiendo, pero este domingo las danesas se manifestarán en cuatro ciudades diferentes para exigir cambios legislativos y mayor protección frente a la violación.

Durante los últimos cinco años, en Noruega
Manifestación por los derechos de las mujeres en Polonia / AP Photo/Alik Keplicz

Manifestación por los derechos de las mujeres en Polonia / AP Photo/Alik Keplicz

un número extraordinario de estudiantes de secundaria de todos los sexos se ha unido a una campaña contra la violación. Este mismo año, sin embargo, los políticos les fallaron al rechazar una propuesta de adoptar legislación basada en el consentimiento.

No obstante, la tendencia general es de avance en la dirección correcta. Los gobiernos europeos ya no pueden continuar ignorando la voz de las mujeres que demandan autonomía sexual. Aunque las mujeres llevan años haciendo campaña contra la violación, el movimiento #MeToo ha ampliado el espacio de conversación, haciendo que sus voces resuenen aún con más fuerza.

Las protestas recientes y el trabajo de campaña online en Irlanda tras un juicio por violación durante el cual se presentó el tanga de una adolescente al jurado constituyen otro ejemplo de que la indignación de las mujeres está impulsando la acción y la solidaridad. En las horas posteriores a que los medios informaran del caso, cientos de mujeres publicaron fotos de su ropa interior en las redes sociales y tuits con la etiqueta #ThisIsNotConsent (Esto no es consentimiento) para mostrar su oposición a la práctica de culpar a la víctima.

En Irlanda del Norte mereció una amplia cobertura de los medios de comunicación la absolución de cuatro jugadores de rugby del Ulster de cargos de violación y otros delitos sexuales, que provocó un debate de ámbito nacional sobre la idoneidad de los procesos judiciales y el trato que se dispensa a las mujeres que denuncian. Las protestas nacionales dieron pie a una revisión independiente del tratamiento de los casos de violencia sexual y del trato que se dispensa a las demandantes. En sus recomendaciones preliminares, se reconoció la importancia de cuestionar los mitos sobre la violación y de ofrecer asistencia jurídica a las víctimas.

Para muchas supervivientes de violencia sexual, hablar de sus propias experiencias, superando el estigma aún asociado a la violación, la humillación pública y las amenazas, supone un paso enorme. Su valentía no debe subestimarse. Sus historias son cruciales a la hora de hacer llegar a las personas responsables de la toma de decisiones el mensaje de que la ausencia de consentimiento debe ser reconocida como violación en la legislación y en la práctica, y de que se debe poner fin a la impunidad.

Necesitamos una sociedad en la que no suframos violaciones, en la que se respeten y valoren la autonomía sexual y la integridad física de todas las personas.

El Convenio de Estambul, tratado de derechos humanos ratificado por la mayoría de los países europeos, exige a los Estados penalizar todos los actos de naturaleza sexual no consentidos. Cambiar la legislación no erradicará la violación, pero es un paso fundamental en el camino.

Esta acción, tangible y sencilla para los Estados, transmite un mensaje poderoso sobre el tipo de sociedad en la que queremos vivir: una sociedad en la que no suframos violaciones, en la que se respeten y valoren la autonomía sexual y la integridad física de todas las personas.

Amnistía Internacional ha publicado también un análisis de la situación de la violencia sexual en España.

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Aung San Suu Kyi ha vuelto la espalda a los principios por los que fue distinguida por Amnistía Internacional

Manifestación en Myanmar bajo el lema "Derecho a la información" para pedir la liberación de tres periodistas encarcelados tras publicar información sobre la situación de las personas rohingyas / AP Photo/Thein Zaw

Y cuando finalmente se convirtió en la lideresa de facto del gobierno civil de Myanmar, en abril de 2016, seguimos mirando; primero con esperanza y luego con horror.

Vimos que la excarcelación de decenas de presos y presas de conciencia dio paso a nuevas detenciones políticas y restricciones a la libertad de expresión.

Vimos que Aung San Suu Kyi y su partido, la Liga Nacional para la Democracia —elegidos de forma arrolladora por votantes de todas las condiciones— cultivaron discursos de odio que han fomentado la discriminación y la intolerancia en lugar de celebrar la diversidad del país.

Y vimos que no condenó o ni siquiera reconoció las atrocidades cometidas contra la población rohingya en el estado de Rajine, cuando los militares mataron a miles de personas, torturaron a hombres y niños, violaron a mujeres y niñas, y expulsaron a cientos de miles de personas de sus casas y su país.

Vimos con interés, pero nunca en silencio.

Desde que Aung San Suu Kyi llegó al poder, Amnistía ha documentado crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas en los estados de Kachin y de Shan del Norte, en el norte del país. Como suele ocurrir, la población civil es la que sufre la peor parte. Pero en lugar de aliviar su sufrimiento, el gobierno de Aung San Suu Kyi se ha unido a las fuerzas armadas para restringir el acceso humanitario a las personas necesitadas de ayuda.

Hemos denunciado cómo la población rohingya está atrapada en un cruel sistema de discriminación institucionalizada, auspiciado por el Estado, que equivale a apartheid, ha sido despojada de su ciudadanía y segregada de la sociedad, y se le impide circular libremente y acceder a escuelas y hospitales. La situación se ve agravada por la administración, que fomenta la hostilidad hacia la población rohingya calificando a sus miembros de “terroristas” y acusándolos de quemar sus propias casas y de denunciar “violaciones falsas”.

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Realidad VS ficción: Lo que necesitas saber sobre la caravana que atraviesa México y se dirige a Estados Unidos

Una señora hondureña entrando en México con su hija deshidratada en brazos/ encarni.pindado@gmail.com

Ficción: Si México o Estados Unidos no devuelven o detienen a las personas, llegarán más. / Realidad: Hay pocas pruebas que indiquen que el aumento de las restricciones fronterizas tenga algún efecto sobre si la gente se marcha o no de su país.

En muchos casos estamos hablando de personas que no tienen más elección que marcharse de su casa y de personas que seguirán intentando encontrar un lugar seguro para vivir a pesar de las políticas de México, Estados Unidos o cualquier otro país que pueda ser más seguro que el suyo.

Estas son algunas de las condiciones que impulsa a una persona a huir o a marcharse de su país:


La forma real de frenar el movimiento de miles de personas contra su voluntad es reclamar a sus gobiernos y a quienes colaboran con ellos que busquen formas de proteger los derechos humanos de su población.Honduras, por ejemplo, es un país con una de las tasas de asesinatos más altas de Latinoamérica y del mundo. Su tasa de asesinatos es un 800% más alta que la de Estados Unidos.

Caravana de migrantes en la frontera entre México y Guatemala / Encarni Pindado for Amnesty International

Caravana de migrantes en la frontera entre México y Guatemala / Encarni Pindado for Amnesty International

Amnistía Internacional no se opone a que los gobiernos utilicen controles fronterizos, pero estos han de ser legítimos y respetar los derechos humanos, incluido el derecho a pedir asilo. Los duros controles fronterizos que han utilizado una serie de gobiernos estadounidenses en los últimos 30 años han demostrado su ineficacia a la hora de reducir la migración y sólo condenan a las personas a unas rutas más precarias y peligrosas que ponen su vida en peligro y alimentan las redes de tráfico de personas.

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Las mujeres se enfrentan a diario a peligros en los campos de refugiados de Grecia

Melissa es una red para mujeres refugiadas que trabaja para su empoderamiento // Lene Christensen/Amnesty International

Mujeres, niñas y niños y personas que huyen de la persecución a causa de su orientación sexual o identidad de género están más expuestas si cabe a riesgos de seguridad y protección, asegura Amnistía Internacional en un nuevo informe.

“No me siento segura ni cómoda en la tienda de campaña con [...] extraños. Salgo del campo a primera hora de la mañana y regreso cuando ya es de noche”, nos dice Maysa*, ciudadana siria de 25 años, cuando hablamos con ella en el campo de Vathy, en Samos. El campo está diseñado para 640 personas, pero ahora viven hacinadas en él más de 3.800, la mayoría en pequeñas tiendas de campaña.

Desde marzo de 2017, Amnistía Internacional ha hablado con más de 100 mujeres y niñas que han huido de su país de origen y viven en campos de refugiados y pisos en las islas griegas o en la Grecia continental.

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Egipto: Amarga libertad

Periodistas sosteniendo carteles para exigir la liberación de Shawkan en Egipto// AP Photo/Amr Nabil

Shawkan se acercó al cristal y saludó a los periodistas que cubrían el juicio por el “Caso Rabaa”. Las jaulas de los acusados estaban insonorizadas; Shawkan solo podía comunicarse mediante gestos. Desde que comenzó el juicio, Shawkan repetía el mismo ritual: sujetaba una cámara imaginaria, enfocaba y pulsaba el disparador. Era como si dijera: “el periodismo no es delito”. Se palpaba desasosiego en la sala del tribunal, porque ese día, el 9 de septiembre, se dictaba sentencia. Cincuenta veces se había aplazado el juicio. El “caso Rabaa” llevaba dos años de instrucción y tres de juicio. Después de cada vista, Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras y las agencias de prensa internacionales publicaban la fotografía de Shawkan, cada vez más envejecido y cansado, enfocando una cámara invisible.

Shawkan, galardonado en 2018 con el premio de la UNESCO a la libertad de prensa, lleva cinco años en prisión por fotografiar la dispersión de una manifestación”, recalcaban las organizaciones de derechos humanos. En el verano de 2013, la vida de Shawkan dio un vuelco para siempre.

Desde principios de julio, miles de simpatizantes de los Hermanos Musulmanes acampaban en la plaza de Rabaa al Adawiya, en El Cairo, para exigir el retorno del presidente depuesto, Mohamed Morsi. Cuando las fuerzas de seguridad irrumpieron en la plaza el 14 de agosto, Shawkan estaba allí, fotografiando el infierno. “Era como estar en una guerra: balas, gas lacrimógeno, fuego, policía y tanques por todas partes”, escribiría desde la cárcel. En unas horas, murieron más de novecientos manifestantes. Según fuentes oficiales, siete miembros de las fuerzas de seguridad fallecieron durante la dispersión de la manifestación.

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