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Cómo no gestionar una pandemia: 10 de las peores respuestas gubernamentales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a las preguntas de medios sobre la crisis de la COVID-19 // REUTERS/Joshua Roberts

1. Sellar herméticamente un edificio con habitantes dentro

En abril, al volver del trabajo, el vecindario de un bloque de apartamentos de la ciudad de Ust-Kamenogorsk (Kazajistán), encontró herméticamente sellada la puerta de acceso a su edificio. Más tarde, se supo que una vecina del bloque había sido hospitalizada con síntomas de COVID-19, pero no se informó al resto de residentes, hasta el punto de que algunas personas no se percataron de estar presas hasta la mañana siguiente. Durante los 14 días que el edificio permaneció sellado, no pudieron recibir nada del exterior, excepto paquetes que la policía registraba previamente. Por fin, tras haber llegado las protestas a las redes sociales, la puerta fue abierta. Según informes, en varias partes de Kazajistán y del vecino Kirguistán, se han cerrado herméticamente otros edificios.

2. Dejar sin hogar a la población

Las autoridades de Adís Abeba (Etiopía), dificultaron aún más la distancia de seguridad, al demoler decenas de viviendas pertenecientes a jornaleros y dejar así sin hogar, en medio de la pandemia, a un millar de personas, como mínimo. La mayoría de ellas, habían perdido hacía poco sus trabajos debido al cierre de las empresas, con lo que las demoliciones vinieron a empeorar una situación de por sí grave. En la actualidad, se refugian bajo lonas o láminas de plástico, y se ven obligadas a apiñarse para protegerse de las fuertes lluvias.

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Mientras la COVID-19 arrasa, las guerras olvidadas del mundo siguen cobrándose su precio en civiles

Un ex niño-soldado sostiene un arma durante la ceremonia de liberación de niños soldados, en las afueras de Yambio, Sudán del Sur // REUTERS / Andreea Campeanu

Este mismo año, justo antes de que el coronavirus cerrara virtualmente los viajes internacionales, estaba sentado bajo un mezquite escuchando el farragoso discurso de un general sursudanés en una base militar a las afueras de la capital, Yuba. Me encontraba en ese país desgastado por la guerra para investigar las violaciones del embargo de armas, que debería renovarse en el Consejo de Seguridad de la ONU este mes. El embargo tiene unos dos años y, aunque no ha resuelto todos los problemas, la violencia y los abusos contra los derechos humanos se han reducido significativamente en el país desde que se cortó el principal torrente de armas y munición.

Ese día había ido a ver al oficial al mando del polvoriento campamento improvisado de Gorom informar a un grupo de diplomáticos y observadores internacionales del alto el fuego sobre sus progresos en la formación de la recién establecida Fuerza de Protección de Autoridades sursudanesa. Sin embargo, en lugar de dar esa información, el general soltó una letanía de quejas: no hay suministros suficientes, ni siquiera camas en las que dormir. Y esto lo dijo sentado ante una muralla de cajas de cartón sin abrir, de tres metros de alto y quince de largo, repletas de colchonetas donadas por Japón. Además, su presentación tenía un tono de: “¿A quién creen ustedes, a mí o a sus ojos engañosos?”.

Las fuerzas de defensa del pueblo de Sudán del Sur (SSPDF), la Alianza de Oposición de Sudán del Sur (SSOA) y los soldados del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en Oposición (SPLM-IO) se reúnen en Gorom, Sudán del Sur// REUTERS / Andreea Campeanu

Las fuerzas de defensa del pueblo de Sudán del Sur (SSPDF), la Alianza de Oposición de Sudán del Sur (SSOA) y los soldados del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en Oposición (SPLM-IO) se reúnen en Gorom, Sudán del Sur// REUTERS / Andreea Campeanu

Sin embargo, yo no estaba allí para escuchar quejas logísticas. Había ido para averiguar si sus armas acababan de llegarles, lo que significaría una ruptura del embargo, y por eso, cuando el general dijo que tenía cuatro contenedores llenos de armas pequeñas que había recogido de sus soldados como parte del proceso de desarme, me sentí interesado. Había ido a 12 campamentos militares y de adiestramiento en Sudán del Sur, y este era el único con un arsenal nominalmente establecido. Era mi mejor oportunidad hasta el momento.

Pero cuando uno de los soldados del general me abrió los cuatro contenedores, no estaban llenos de armas: estaban llenos hasta arriba de sacos de arroz y sorgo, un tipo de grano.Estas unidades no se estaban desarmando. Estaban cubriéndose para un regreso a la guerra.

El general no se disculpó. “Estas son las fuerzas que impondrán la paz en Yuba”, dijo. “Estos soldados son la espina dorsal de esta paz.”. Dijo en voz alta lo que muchos temen: que incluso después de tanto derramamiento de sangre en la guerra civil de Sudán del Sur, cuando se les da la oportunidad en un entorno negociado, los generales seguirán buscando la paz en el extremo de un rifle.

El 23 de marzo, ante la creciente crisis de salud global, el secretario general de la ONU, António Guterres pidió un alto el fuego global. Basta decir que no se le hizo caso. Mientras el coronavirus se propaga por el mundo, Sudán del Sur no es el único lugar donde una pandemia va a correr desenfrenadamente por un Estado con un conflicto endémico. Oficialmente, en Sudán del Sur sólo hay unas pocas decenas de casos.

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Había decidido ya librarme de la explotación en Qatar, cuando llegó la COVID-19

AI

Trabajo para una familia que tiene seis niños. Pagué alrededor de1.200 dólares a una agencia para conseguir este empleo. El trabajo es duro, pero tengo responsabilidades en Kenia: tengo que cuidar de mi hijo y de mi madre, que está muy enferma.

En un día normal, me levanto a las cinco para limpiar el automóvil. Entre las seis y las siete y media, voy y vengo de la casa para llevar a los niños al colegio y dejar a la mujer en su trabajo. Cuando vuelvo, tengo que limpiar algunas partes de la casa, lo que me lleva unas cuatro horas. No me da tiempo a desayunar ni almorzar tranquila. La tarde se me va en ir a buscar a la familia a varios sitios.

No saben que tengo un teléfono. Me lo traje de Kenia y lo tengo escondido en mi habitación. Se supone que estoy siempre de guardia, así que en realidad no puedo parar ni un momento. Por eso, a menudo tengo que quedarme levantada hasta tarde, esperando para ir a buscar a alguien a medianoche.

Hace poco tuve un accidente, porque estaba tan cansada que pisé el acelerador en vez del freno. Me descontaron del salario el coste de la reparación del automóvil, a pesar de que en el taller me habían dicho que lo cubría el seguro.

Soy buena conductora y podría ganar un buen salario, pero en este trabajo sólo me pagan 1.200 riales qataríes (unos 330 dólares estadounidenses). Todos los meses, mis empleadores me retienen parte de este dinero para cubrir los costes de haberme traído aquí, aunque no estaba acordado así cuando empecé. No he podido hablarlo con ellos; en realidad, ni siquiera me permiten hablar con el hombre.

El sistema de los países del Golfo da todo el poder a los empleadores. Como nos “patrocinan” nuestros empleadores, dependemos de ellos para tener legalizada nuestra situación, así que no podemos cambiar de trabajo sin su permiso.

Cuando peor lo pasé fue una vez que se marchó una de las otras empleadas. Querían que hiciera su trabajo, y fue horrible. Nunca he estado tan estresada; ni comía casi. Y en todos esos meses, no me pagaron horas extras; no tuve siquiera un “gracias por lo que está haciendo, es un buen trabajo”.

Me sentía como si se estuvieran aprovechando de mí, así que, cuando llevaba ya un año aquí, decidí marcharme. Pensé volver a Kenia un tiempo e irme luego a Dubái, así que ahorré y me compré un billete para Kenia. Iba a salir en abril, pero cuando Qatar declaró el confinamiento, en marzo, se cancelaron todos los vuelos.

Ahora estoy atrapada aquí; no se mueve nada. Mi madre ingresada en el hospital para una operación de urgencia y yo aquí, angustiada por ello. Pienso en muchas cosas y no puedo hablar con nadie; a veces no quiero más que levantarme y ponerme a trabajar para evadirme de mis problemas.

Tengo amigas aquí que están esperando en la embajada a poder regresar a casa. Es muy difícil vivir separada de tu familia; imagina que terminas por fin tu contrato y en el último momento no puedes marcharte por culpa de la COVID-19.

Al menos ahora trabajo un poco menos, porque ya no conduzco. El Ramadán suele ser una época dura para las empleadas de casa, pero espero que este año sea algo más tranquilo.

Me alivia pensar que no soy la única en esta situación; hay mucha gente que tenía planes para este año y se le han frustrado. Intento consolarme pensando que estoy haciendo lo que vine a hacer aquí, aunque no sea precisamente lo que esperaba. Sólo tengo que aguantar un par de meses. Cuando termine la COVID-19 se abrirán las puertas y podré seguir con mi vida.

Amnistía Internacional pide a todos los gobiernos del Golfo que protejan a las trabajadoras y trabajadores domésticos de la explotación, los abusos y la discriminación. Deben garantizar que gozan de todas las garantías de la legislación laboral y velar por que se respetan sus derechos en el trabajo, entre los que figuran: un horario de trabajo limitado, días libres, pago de las horas extras y libertad de circulación. Más información aquí.

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Cómo ha empleado China la tecnología para luchar contra la COVID-19 y afianzar su control sobre la ciudadanía

Viajeros esperando a que se les examine su código de salud en una estación de tren en Tongzi, Guizhou, China © cnsphoto via REUTERS

Mientras el país sale gradualmente del confinamiento, cabe preguntarse si estas herramientas de vigilancia, empleadas para abordar la crisis de salud pública, pueden estar utilizándose más ampliamente —y de manera más represiva— para amenazar la privacidad y coartar la libertad de expresión.

Teléfonos que rastrean tus movimientos

La mayoría de las personas que viven en China están acostumbradas a ceder datos personales para acceder a servicios públicos y, durante la pandemia, la exigencia del gobierno para obtener datos ha llegado a ser aún más intrusiva.

En febrero, las tres principales empresas de telecomunicaciones de China mandaron mensajes de texto masivos en los que proponían enviar información de sus clientes relativa a las ciudades que habían visitado (durante cuatro horas o más) en los últimos 15 o 30 días.

Aunque el servicio chino era “voluntario” y, para muchas personas, sin duda oportuno, en poco tiempo se estaba utilizando esta información para restringir la circulación de personas. Muchas estaciones de tren, e incluso barrios residenciales, pedían a los pasajeros y residentes que facilitaran dicha información para comprobar si habían estado en zonas gravemente afectadas por el virus (como la provincia de Hubei) antes de permitirles entrar.

Cabe señalar que los datos de itinerancia o GPS de los teléfonos móviles no pueden indicar con una precisión del 100% dónde ha estado una persona. Muchas personas se han quejado de que sus “datos de itinerancia” correspondían a lugares a los que no habían ido físicamente.

Identificación para utilizar el metro o ir al cine

Un voluntario sostiene un cartel con un código QR para indicar el estado de salud en una entrada a un complejo residencial en Suifenhe © REUTERS / Huizhong Wu

Un voluntario sostiene un cartel con un código QR para indicar el estado de salud en una entrada a un complejo residencial en Suifenhe © REUTERS / Huizhong Wu

En una acción similar, ciudades como Shanghai y Shenzhen han empezado a pedir a las personas que viajan entre su hogar y el trabajo que se registren antes de utilizar el servicio de metro de la ciudad. Sólo podrán subirse al tren las personas que declaren su identidad en una aplicación telefónica. La idea es saber si se ha viajado con personas sospechosas de estar infectadas, y posteriormente hacer un seguimiento de sus contactos cercanos.

Un sistema similar de comprobación de la identidad se ha sugerido para los cines, cuando vuelvan a abrir, y se pedirá a los espectadores que proporcionen información personal detallada para acceder a su butaca.

Códigos sanitarios que restringen la circulación

Mientras tanto, gigantes tecnológicos como el servicio de mensajería WeChat y la plataforma de pago Alipay han aplicado códigos QR de colores para etiquetar cuán “segura” es una persona. Empleando un conjunto de datos personales entregados de manera voluntaria y datos municipales se genera un código de tres colores: verde, para “seguro”; amarillo, que exige una cuarentena de siete días, y rojo, para una cuarentena de 14 días.

Sólo en la provincia de Zhejiang, más de 50 millones de personas se inscribieron para obtener los códigos sanitarios de Alipay en las dos semanas posteriores a su implementación. Según un reportaje de New York Times, al parecer el programa envía la ubicación y el código de identificación del usuario a un servidor conectado con la policía. Ello podría permitir a las autoridades rastrear los movimientos de las personas a lo largo del tiempo.

Ubicación identificada en un asiento de tren

La empresa pública China Electronics Technology Group Corporation (CETC) también ha lanzado una plataforma llamada Detector de Contactos Cercanos, que obtiene directamente del gobierno información sobre el tráfico, los trenes y los vuelos.Según un medio de comunicación estatal, la plataforma puede identificar con exactitud la ubicación de un pasajero en un vuelo o un tren hasta a tres filas de un sospechoso de portar el virus.

Distintas provincias, distritos o incluso centros comerciales a menudo exigen programas informáticos distintos, lo que implica que la gente debe descargar múltiples aplicaciones. La minería de datos está teniendo lugar a una escala sin precedentes, pero no está claro cómo la utilizarán las empresas y el Estado tras la pandemia.

Uso de la tecnología para actuar contra activistas de derechos humanos

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Todo lo que deberías saber sobre coronavirus y vigilancia masiva

Una mujer con máscara usa el móvil en Milán, Italia // Claudio Furlan/Lapresse via AP

Si no se ponen límites a estas medidas y se las cuestiona, podrían cambiar sustancialmente el futuro de la privacidad y otros derechos humanos.

Los gobiernos tienen la obligación de garantizar el derecho a la salud y de prevenir, tratar y controlar las epidemias. Con este fin, pueden restringir temporalmente algunos derechos humanos para responder a situaciones de emergencia de salud de manera puntual y coordinada. Sin embargo, el incremento de las medidas de vigilancia será ilícito si no cumplen unos criterios estrictos. Los gobiernos deben ser capaces de mostrar que las medidas que se aplican están previstas en la ley y son necesarias, proporcionadas, de duración limitada y se aplican con transparencia y supervisión adecuada.

En la práctica, esto significa que las medidas de vigilancia deben ser las menos intrusivas de que se disponga para lograr los resultados deseados. No deben causar más daños que beneficios.

La historia reciente nos enseña que existe el peligro real de que las medidas de vigilancia se conviertan en elementos permanentes. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el aparato de vigilancia gubernamental se amplió de forma considerable. Una vez establecidas estas capacidades e infraestructuras, los gobiernos casi nunca tienen voluntad política de retirarlas.

El uso de datos de localización personales
Muchos países utilizan datos de los teléfonos móviles para rastrear los movimientos de las personas en su respuesta a la pandemia de COVID-19. Austria, Bélgica, Italia, Reino Unido y Alemania están recopilando, según informes, datos de localización anónimos o agregados de las compañías de telecomunicaciones para ayudar a rastrear contactos de coronavirus.

Un automóvil policial de reconocimiento facial en Londres // AP Photo/Kelvin Chan

Un automóvil policial de reconocimiento facial en Londres // AP Photo/Kelvin Chan

Otros países usan los datos de los teléfonos móviles pero sin las protecciones añadidas de anonimato o agregación. Por ejemplo, informaciones de medios de comunicación sugieren que el gobierno de Ecuador ha autorizado la localización por GPS para hacer cumplir la cuarentena. La iniciativa de las autoridades de Israel de permitir que los servicios de seguridad usen los datos de los teléfonos móviles de personas infectadas ha planteado ya motivos de preocupación relacionados con la privacidad. Al parecer, este sistema está ya operativo, y 400 personas han recibido recientemente mensajes SMS en los que se les advertía de posibles contactos con personas infectadas.

En Corea del Sur, las autoridades envían textos orientativos sobre salud que van acompañados de datos personales de pacientes infectados, incluidos enlaces que dirigen a datos pormenorizados sobre sus movimientos. Esta medida ha hecho saltar las alarmas porque quebranta la confidencialidad médica y alimenta el estigma contra las personas que tienen el virus. No parece que cumpla las condiciones exigidas para que la vigilancia sea lícita y es una violación del derecho a la privacidad.

Estas medidas plantean importantes interrogantes sobre la manera en que se recopila, utiliza y comparte nuestra información personal. Una vez recopilados los datos personales, existe el peligro real de que se compartan y utilicen con fines distintos del seguimiento de la salud.

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La crisis del coronavirus en el mundo: Los derechos humanos pueden ayudar a protegernos

Una persona sin hogar sostiene un cartel sobre el confinamiento en Londres © REUTERS/Hannah McKay

El derecho a la salud

La mayoría de los Estados han ratificado al menos un tratado de derechos humanos que obliga a garantizar el derecho a la salud. Esto significa, entre otras cosas, que tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para la prevención, tratamiento y control de las enfermedades. En el contexto de la propagación de una epidemia, esto significa garantizar asistencia preventiva así como bienes y servicios a disposición de todas las personas.

En Hong Kong, uno de los primeros lugares afectados por el COVID-19, una ONG local señaló que casi el 70% de las familias con ingresos bajos no podía permitirse el equipo de protección que el gobierno estaba recomendando, que incluía mascarillas y desinfectante. Si los Estados apoyan el uso de tales artículos, deben asegurarse de que todo el mundo puede acceder a ellos.

Acceso a la información

Este es un aspecto fundamental del derecho a la salud, pero ya hemos visto a gobiernos que no lo respetan. En diciembre de 2019, personal médico de Wuhan (China), donde se informó por primera vez del virus, compartió con colegas sus temores relacionados con pacientes que presentaban síntomas respiratorios. Las autoridades locales silenciaron y amonestaron de inmediato a estos profesionales por “difundir rumores”.

Mientras, en la región de Jammu y Cachemira, las autoridades han ordenado prorrogar la restricción de los servicios de Internet, pese al número creciente de casos. Como consecuencia, acceder a información vital sobre la incidencia y propagación del virus, y cómo protegerse, es sumamente difícil.

Toda persona tiene derecho a ser informada del peligro que el COVID-19 representa para su salud, las medidas para mitigar los riesgos y los esfuerzos en curso para combatirla. No garantizarlo debilita la respuesta de los servicios de salud pública y pone en riesgo la salud de todo el mundo.

Derecho al trabajo y derechos laborales

Las personas con trabajos precarios están sufriendo de manera desproporcionada las consecuencias de la pandemia, que ya empieza a afectar gravemente a la población y la economía. La población trabajadora migrante y quienes trabajan en la economía bajo demanda (“gig”) y en el sector informal tienen más probabilidades de que la COVID-19 y las medidas adoptadas para controlarla afecten negativamente a su derecho al trabajo y sus derechos laborales.

Los Estados deben garantizar el acceso a la seguridad social —incluidas prestaciones por enfermedad, bajas parentales y asistencia médica— de todas las personas que no puedan ejercer su trabajo debido al virus. Esto también es fundamental para que la población se ciña a las medidas de salud pública adoptadas por los Estados.

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Por qué el lenguaje que utilizamos al hablar de las personas refugiadas importa

La guardia costera ayuda a personas migrantes y refugiadas en un bote con el motor dañado a llegar al puerto deThermi © REUTERS / Alkis Konstantinidis

La novela distópica de George Orwell1984 empieza con Winston Smith escribiendo en su diario sobre una película que ha visto. “Había una muy buena de un barco lleno de refugiados que lo bombardeaban en no sé dónde del Mediterráneo”, escribe. “Al público le divertían mucho los planos de un hombre muy grande y muy gordo que intentaba escapar nadando de un helicóptero que lo perseguía. Primero se le veía en el agua chapoteando como una tortuga, luego lo veías por los visores de las ametralladoras del helicóptero, luego se veía cómo lo iban agujereando a tiros y el agua a su alrededor que se ponía toda roja y el gordo se hundía como si el agua le entrase por los agujeros que la habían hecho las balas.”

Esta semana ha aparecido un vídeo en el que se ve un barco de la guardia costera griega que parece estar intentando hacer zozobrar en el mar una embarcación llena de personas refugiadas y a la guardia costera disparando al agua cerca de su bote salvavidas.

El incidente no sucede en la Oceanía de 1984. Sucede en la Europa de 2020.

Según la información disponible, tuvo lugar el lunes en el litoral turco. Se produjo en medio del creciente enfrentamiento que mantienen Turquía y la Unión Europea desde que el presidente Erdogan tomara la decisión de permitir a las personas refugiadas y migrantes dirigirse a las fronteras terrestres y marítimas de Turquía con la UE en Grecia y Bulgaria.

Migrantes en un bote llegando a la aldea de Skala Sikaminias, en la isla de Lesbos © AP Photo / Michael Varaklas

Migrantes en un bote llegando a la aldea de Skala Sikaminias, en la isla de Lesbos © AP Photo / Michael Varaklas

Y como a los espectadores de la película de Orwell, hay a quien le “divierte mucho”. Un famoso comentarista de derechas ha tuiteado el vídeo con la leyenda: “Quiéreme un poquito, guardia costera griega. Vamos, maravillosas gentes de Grecia. Engrasaos los muslos. Ataos las correas de las botas. Mostrad vuestra furia contra la invasión.”

Este lenguaje de invasión se repite en los titulares de todo el mundo cuando la prensa informa de que Grecia está siendo “sitiada” por “enjambres” o “torrentes” de migrantes. Incluso el New York Times llevaba el martes un pie de foto que rezaba: “Las autoridades griegas han utilizado gas lacrimógeno y balas de goma para repeler a las hordas.”

Llevando la analogía militar aún más allá, un portavoz del gobierno griego, Stelios Petsas, explicó que el país se enfrentaba a una “amenaza asimétrica” a su seguridad y anunció que Atenas había enviado aviones de combate a las islas del Egeo oriental.

Este lenguaje de invasión se ha vuelto cada vez más corriente en boca de líderes populistas de todo el mundo. Este populismo aviva la xenofobia y un peligroso nacionalismo con el fin de conseguir y mantener el poder, levantando para ellos vallas y muros que son una encarnación de sus prejuicios.

Como Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ha observado recientemente, tal lenguaje no sólo es totalmente incorrecto, sino también extremadamente peligroso. “Es ese tipo de lenguaje que estigmatiza a los refugiados, los migrantes y otras personas en movimiento, que da legitimidad a un discurso de racismo, odio y xenofobia”, ha afirmado.

Migrantes que llegaron en días anteriores delante de un barco de la Armada griega que los transportará a tierra firme desde el puerto de Mytilene, en la isla de Lesbos, Grecia © REUTERS / Costas Baltas

Migrantes que llegaron en días anteriores delante de un barco de la Armada griega que los transportará a tierra firme desde el puerto de Mytilene, en la isla de Lesbos, Grecia © REUTERS / Costas Baltas

En la isla griega de Lesbos, frente a cuya costa se ahogó un muchacho el lunes, un pequeño grupo de isleños han impedido atracar a embarcaciones de personas refugiadas. Se han recibido informes sobre profesionales de la salud, periodistas y personal de ayuda humanitaria que han sufrido violentos ataques de grupos parapoliciales. Esta semana, la ONG Médicos Sin Fronteras se ha visto obligada a suspender sus actividades durante dos días debido al aumento de la tensión en la isla.

La creciente frustración manifiesta en Grecia tiene su origen en las deficiencias del sistema europeo de asilo y en el hecho de que no exista un sistema de reparto de la responsabilidad de las personas solicitantes de asilo entre los Estados europeos. Como consecuencia de ello, se ha dejado en gran medida que sean los países costeros –Italia, Grecia, Malta– los que se ocupen de la situación. Unos cuantos países han bloqueado los intentos del Parlamento Europeo de reformar el Reglamento de Dublín.

En vez de intentar reparar este sistema roto, que defrauda a los Estados de la UE que están en primera línea y a las personas que buscan seguridad, los líderes conservadores de Europa se desentienden del problema. Esta actitud ha creado un vacío que el populismo se ha apresurado a llenar

Si no se lo combate, determinará el diálogo y el lenguaje que empleamos, propagando el miedo y utilizando los prejuicios como arma.

Pero en vez de mantener a las “fuerzas oscuras” a raya, la fortaleza que Europa está levantando a su alrededor nos está recluyendo cada vez más en una prisión populista basada en el miedo.

Setenta años después de la publicación de 1984, muchos aspectos de la visión de Orwell –desde la vigilancia masiva omnipresente hasta la influencia sigilosa de la neolengua– se han convertido en moneda corriente. Debemos actuar para asegurarnos de que el trato que dispensamos a las personas refugiadas que huyen de la guerra y la miseria no se vuelva también distópico.

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Turquía: La liberación soñada de Osman Kavala

El activista, Osman Kavala / KEREM UZEL

La escena era tan hermosa que parecía un sueño. Y lo fue. Se hizo trizas en cuestión de horas. Me refiero, por supuesto, al momento en que el juez absolvió y ordenó la liberación del líder social, Osman Kavala, después de haber pasado 28 meses en prisión preventiva.

El 18 de febrero una caravana de vehículos hacía cola para entrar en la prisión de máxima seguridad de Silivri, unos 65 km al oeste de Estambul, entre ellos una delegación de Amnistía Internacional. Se esperaba una sentencia histórica y la expectación era máxima. A Kavala y a otros ocho dirigentes sociales se les acusaba de "intentar derrocar al gobierno" por su participación en las protestas del parque Gezi en 2013, sin que se hubiese presentado ni la más mínima prueba de su implicación en ninguna actividad delictiva.

Casi a empujones, conseguimos entrar en la imponente sala del tribunal. Imponente por lo grande y por la puesta en escena de lo que allí iba a suceder.

Dibujo que representa la sala del tribunal / Amnistía Internacional

Dibujo que representa la sala del tribunal / Amnistía Internacional

La sala es un rectángulo enorme, de unos 50 metros de largo por 20 de ancho. Al fondo y en los laterales hay gradas para familiares y amigos de las personas juzgadas, así como para las delegaciones internacionales, prensa, representaciones diplomáticas y políticas, etc. En total hay sitio como para unas 1.000 personas. A pesar de ello, no cabía ni un alfiler y hubo gente que se quedó fuera. En la cabecera de  la sala, los tres jueces en el centro y el fiscal a su derecha.  Y en la parte central del rectángulo, un espacio destinado a acoger hasta a 400 acusados en caso de juicios masivos. Ese día, ese espacio estaba casi vacío y, aun así, lo rodeaba una cadena de gendarmes -uno cada metro y medio. Sólo una figura se veía a lo lejos, Osman Kavala, rodeado por otros 8 policías, frente al tribunal. Cerca de él, el banquillo de la defensa y los otros acusados.

Habíamos pasado la mañana escuchando largas alegaciones. Todo apuntaba a que había prisa por acabar con este juicio y a que ese día habría veredicto y no sería favorable. Por eso todos los abogados y abogadas pedían más tiempo para escuchar testigos y presentar pruebas.

Sin embargo, después de tantas horas, el Ministerio del Interior se limitó a decir "estamos de acuerdo con las peticiones del fiscal", es decir cadena perpetua agravada para tres de los acusados y penas de hasta 20 años para otros seis. Cuando tras escuchar esto el juez pidió a la defensa que hiciese sus alegatos finales, se produjo un conato de revuelta en el banquillo de los abogados.

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Tarajal: Seis años esperando justicia

Manifestación en Madrid por la tragedia de Tarajal en el tercer aniversario // Adolfo Luján

En este caso concreto, lejos de garantizar los derechos humanos y proteger a las personas que intentaban alcanzar la costa, en lugar de prestar auxilio, las autoridades españolas antepusieron la defensa de la frontera, dejando a estas personas en una situación de absoluta desprotección. No podemos olvidar que la defensa de las fronteras debe ser compatible con la defensa de los derechos humanos.

Algunas organizaciones como Amnistía Internacional denunciamos públicamente la necesidad de que se llevara a cabo una investigación inmediata, exhaustiva y efectiva del uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por otro lado, varias asociaciones presentaron una denuncia que dio lugar a que se iniciara una investigación judicial sobre todo lo ocurrido.

Imágenes de aquel 6 de febrero de 2014 en la playa del Tarajal, en Ceuta / Readuan (EFE)

Imágenes de aquel 6 de febrero de 2014 en la playa del Tarajal, en Ceuta / Readuan (EFE)

Desde entonces, el largo camino recorrido por las familias de las víctimas para saber lo que pasó ese día con sus familiares y obtener justicia ha estado y sigue estando lleno de obstáculos. A día de hoy, las familias no solo no han obtenido verdad, justicia y reparación, sino que tampoco han podido identificar los cadáveres de sus familiares porque las autoridades han desatendido sus peticiones y necesidades. En este punto me pregunto a qué se debe esa manifiesta falta de humanidad y, sinceramente, no encuentro razón para ello.   

El proceso judicial tampoco ha sido fácil. La causa se ha archivado hasta en tres ocasiones. El último archivo se produjo en octubre del año pasado tras la petición de la Fiscalía, entre otras, por considerar que no había delito. Tampoco se admitió por parte del Tribunal la personación como acusación particular de los familiares de las víctimas. A día de hoy seguimos esperando que se haga justicia. Seis años después nos encontramos nuevamente ante una situación de impunidad y falta de rendición de cuentas muy preocupante.

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"Agujeros negros" más allá de Guantánamo: Complicidad europea en la tortura practicada por la CIA

Una cerca de alambre rodea una zona militar en el pueblo de Stare Kiejkuty, en el noreste de Polonia. Polonia se negó a decir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si había albergado una cárcel secreta de la CIA en su suelo // REUTERS/Kacper Pempel

James Mitchell parecía casi melancólico al describir las diversas formas en que había torturado a algunos de los hombres sentados frente a él. Ante una sala judicial abarrotada en el centro de detención de Guantánamo, Mitchell recordó haber sometido al acusado del 11-S Khalid Sheikh Mohammed a simulacros de ahogamiento (waterboarding) decenas de veces, y haber aplicado el método de “la pared” a detenidos estampándolos repetidamente contra una pared. Contó que había sometido a los detenidos durante días a privación del sueño estando de pie, bofetadas, gritos e insultos, y que había amenazado con degollar al hijo de un detenido.

Este macabro testimonio formó parte de las pruebas ofrecidas por Mitchell en las vistas preliminares de los casos de cinco hombres que van a ser juzgados por los atentados del 11-S. Los cinco acusados —Khalid Sheikh Mohammed, Ramzi bin al Shaibh, Walid bin Attash, Ammar al Baluchi y Mustafa al Hawsawi— podrían ser condenados a muerte si las comisiones militares de Guantánamo los declaran culpables.Los equipos de defensa de los acusados pretenden que se excluya toda declaración obtenida mediante tortura, incluso las que tomó el FBI cuando los hombres llegaron a Guantánamo. Sostienen que el FBI colaboró en interrogatorios de la CIA y que toda declaración hecha a sus agentes está empañada por el uso de tortura.

Mitchell y su socio comercial, John “Bruce” Jessen, tuvieron un papel destacado en el diseño y aplicación de las tristemente célebres "técnicas de interrogatorio mejoradas" que se emplearon para torturar a hombres en lugares negros repartidos por todo el planeta. Ninguna persona responsable del programa de tortura estadounidense ha sido obligada a rendir cuentas.

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