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Aung San Suu Kyi ha vuelto la espalda a los principios por los que fue distinguida por Amnistía Internacional

Manifestación en Myanmar bajo el lema "Derecho a la información" para pedir la liberación de tres periodistas encarcelados tras publicar información sobre la situación de las personas rohingyas / AP Photo/Thein Zaw

Y cuando finalmente se convirtió en la lideresa de facto del gobierno civil de Myanmar, en abril de 2016, seguimos mirando; primero con esperanza y luego con horror.

Vimos que la excarcelación de decenas de presos y presas de conciencia dio paso a nuevas detenciones políticas y restricciones a la libertad de expresión.

Vimos que Aung San Suu Kyi y su partido, la Liga Nacional para la Democracia —elegidos de forma arrolladora por votantes de todas las condiciones— cultivaron discursos de odio que han fomentado la discriminación y la intolerancia en lugar de celebrar la diversidad del país.

Y vimos que no condenó o ni siquiera reconoció las atrocidades cometidas contra la población rohingya en el estado de Rajine, cuando los militares mataron a miles de personas, torturaron a hombres y niños, violaron a mujeres y niñas, y expulsaron a cientos de miles de personas de sus casas y su país.

Vimos con interés, pero nunca en silencio.

Desde que Aung San Suu Kyi llegó al poder,  Amnistía ha documentado crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas en los estados de Kachin y de Shan del Norte, en el norte del país. Como suele ocurrir, la población civil es la que sufre la peor parte. Pero en lugar de aliviar su sufrimiento, el gobierno de Aung San Suu Kyi se ha unido a las fuerzas armadas para restringir el acceso humanitario a las personas necesitadas de ayuda.

Hemos denunciado cómo la población rohingya está atrapada en un cruel sistema de discriminación institucionalizada, auspiciado por el Estado, que equivale a apartheid, ha sido despojada de su ciudadanía y segregada de la sociedad, y se le impide circular libremente y acceder a escuelas y hospitales. La situación se ve agravada por la administración, que fomenta la hostilidad hacia la población rohingya calificando a sus miembros de “terroristas” y acusándolos de quemar sus propias casas y de denunciar “violaciones falsas”.

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Realidad VS ficción: Lo que necesitas saber sobre la caravana que atraviesa México y se dirige a Estados Unidos

Una señora hondureña entrando en México con su hija deshidratada en brazos/ encarni.pindado@gmail.com

Ficción: Si México o Estados Unidos no devuelven o detienen a las personas, llegarán más. / Realidad: Hay pocas pruebas que indiquen que el aumento de las restricciones fronterizas tenga algún efecto sobre si la gente se marcha o no de su país.

En muchos casos estamos hablando de personas que no tienen más elección que marcharse de su casa y de personas que seguirán intentando encontrar un lugar seguro para vivir a pesar de las políticas de México, Estados Unidos o cualquier otro país que pueda ser más seguro que el suyo.

Estas son algunas de las condiciones que impulsa a una persona a huir o a marcharse de su país:


La forma real de frenar el movimiento de miles de personas contra su voluntad es reclamar a sus gobiernos y a quienes colaboran con ellos que busquen formas de proteger los derechos humanos de su población. Honduras, por ejemplo, es un país con una de las tasas de asesinatos más altas de Latinoamérica y del mundo. Su tasa de asesinatos es un 800% más alta que la de Estados Unidos.

Caravana de migrantes en la frontera entre México y Guatemala / Encarni Pindado for Amnesty International

Caravana de migrantes en la frontera entre México y Guatemala / Encarni Pindado for Amnesty International

Amnistía Internacional no se opone a que los gobiernos utilicen controles fronterizos, pero estos han de ser legítimos y respetar los derechos humanos, incluido el derecho a pedir asilo. Los duros controles fronterizos que han utilizado una serie de gobiernos estadounidenses en los últimos 30 años han demostrado su ineficacia a la hora de reducir la migración y sólo condenan a las personas a unas rutas más precarias y peligrosas que ponen su vida en peligro y alimentan las redes de tráfico de personas.

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Las mujeres se enfrentan a diario a peligros en los campos de refugiados de Grecia

Melissa es una red para mujeres refugiadas que trabaja para su empoderamiento // Lene Christensen/Amnesty International

Mujeres, niñas y niños y personas que huyen de la persecución a causa de su orientación sexual o identidad de género están más expuestas si cabe a riesgos de seguridad y protección, asegura Amnistía Internacional en un nuevo informe.

“No me siento segura ni cómoda en la tienda de campaña con [...] extraños. Salgo del campo a primera hora de la mañana y regreso cuando ya es de noche”, nos dice Maysa*, ciudadana siria de 25 años, cuando hablamos con ella en el campo de Vathy, en Samos. El campo está diseñado para 640 personas, pero ahora viven hacinadas en él más de 3.800, la mayoría en pequeñas tiendas de campaña.

Desde marzo de 2017, Amnistía Internacional ha hablado con más de 100 mujeres y niñas que han huido de su país de origen y viven en campos de refugiados y pisos en las islas griegas o en la Grecia continental.

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Egipto: Amarga libertad

Periodistas sosteniendo carteles para exigir la liberación de Shawkan en Egipto// AP Photo/Amr Nabil

Shawkan se acercó al cristal y saludó a los periodistas que cubrían el juicio por el “Caso Rabaa”. Las jaulas de los acusados estaban insonorizadas; Shawkan solo podía comunicarse mediante gestos. Desde que comenzó el juicio, Shawkan repetía el mismo ritual: sujetaba una cámara imaginaria, enfocaba y pulsaba el disparador. Era como si dijera: “el periodismo no es delito”. Se palpaba desasosiego en la sala del tribunal, porque ese día, el 9 de septiembre, se dictaba sentencia. Cincuenta veces se había aplazado el juicio. El “caso Rabaa” llevaba dos años de instrucción y tres de juicio. Después de cada vista, Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras y las agencias de prensa internacionales publicaban la fotografía de Shawkan, cada vez más envejecido y cansado, enfocando una cámara invisible.

Shawkan, galardonado en 2018 con el premio de la UNESCO a la libertad de prensa, lleva cinco años en prisión por fotografiar la dispersión de una manifestación”, recalcaban las organizaciones de derechos humanos. En el verano de 2013, la vida de Shawkan dio un vuelco para siempre.

Desde principios de julio, miles de simpatizantes de los Hermanos Musulmanes acampaban en la plaza de Rabaa al Adawiya, en El Cairo, para exigir el retorno del presidente depuesto, Mohamed Morsi. Cuando las fuerzas de seguridad irrumpieron en la plaza el 14 de agosto, Shawkan estaba allí, fotografiando el infierno. “Era como estar en una guerra: balas, gas lacrimógeno, fuego, policía y tanques por todas partes”, escribiría desde la cárcel. En unas horas, murieron más de novecientos manifestantes. Según fuentes oficiales, siete miembros de las fuerzas de seguridad fallecieron durante la dispersión de la manifestación.

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Las desapariciones que no cesan

Acto simbólico con mariposas por las personas desaparecidas en México © Itzel Plascencia López

En este mismo instante, en muchas regiones del mundo familiares de personas desaparecidas buscan desesperadamente a sus parientes, ignorando si siguen o no con vida. Decenas de miles de familias han sido destrozadas y tienen el derecho de saber lo que les ha pasado a sus seres queridos.

"Si simplemente nos confirmaran que mi hermano está vivo, si nos dejaran verlo, eso es todo lo que queremos". Pero no podemos conseguir que nadie nos confirme nada. Mi madre se muere de pena todos los días. Nadie puede imaginarse lo que es esto", dijo la hermana de otra víctima detenida violentamente en septiembre de 2016, que sigue desaparecida desde entonces y que se teme que haya muerto bajo custodia.

Estas informaciones recientes se refieren a Yemen, donde un año después de que organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaran la existencia de una  red de prisiones secretas utilizadas por las fuerzas de seguridad yemenitas subordinadas a los Emiratos Árabes, muchas de las víctimas siguen sin aparecer.

Cementerio de Khavaran , donde están enterradas muchas de las personas detenidas y asesinadas durante la masacre de 1988 en Irán © Jafar Behkish

Cementerio de Khavaran , donde están enterradas muchas de las personas detenidas y asesinadas durante la masacre de 1988 en Irán © Jafar Behkish

Yemen es un país sumido en la guerra. Sin embargo, ya hace 30 años desde el final de la guerra Irán-Iraq. No por ello los familiares de los desaparecidos en Irán pueden descansar tranquilos. Un informe publicado recientemente por Amnistía Internacional muestra los intentos de las autoridades para ocultar las pruebas de las consecuencias de la represión de 1988, al terminar la guerra. Se calcula que fueron detenidas entre 4.000 y 5.000 personas, muchas de ellas supuestamente ejecutadas y enterradas clandestinamente de forma individual o en fosas comunes. Un testigo presencial entrevistado por la ONG Justice for Iran contó que a principios de agosto de 1988 él mismo vio por la noche tirar cadáveres a fosas recién cavadas.

En muchos casos se negó a los familiares información sobre lo que había ocurrido y no se les permitió despedirse de sus seres queridos. Tres decenios después, se están construyendo infraestructuras para enterrar el recuerdo y la posibilidad de acceder a la verdad, removiendo la tierra, construyendo edificios públicos, carreteras o incluso cementerios sobre las fosas clandestinas. Hay más de 120 localizaciones de restos de estas personas desaparecidas en 1988.

Las desapariciones no son exclusivas de los conflictos bélicos. En México, por ejemplo, estas violaciones de los derechos humanos siguen siendo práctica habitual. El Registro Nacional de Datos de personas desaparecidas señala que sigue sin conocerse el paradero de 36.265 personas.

Amnistía Internacional  ha denunciado que entre febrero y mayo de 2018 al menos otras 33 personas han desaparecido en el estado de Tamaulipas, al norte de México. En muchos de los casos, los testigos describen haber visto a miembros de la Marina llevarse en sus vehículos a las personas desaparecidas. Las propias familias, con gran riesgo personal, han tenido que llevar a cabo la mayoría de las búsquedas de sus familiares, ya encontraron 13 cadáveres.

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Unos días del último año por Turquía

Taner con su familia en el momento de la liberación / Amnesty International

Taner Kilic no era mi amigo, apenas un compañero más de Amnistía Internacional, a quien veía en reuniones y encuentros, cuando fue detenido y acusado de “pertenencia a una organización terrorista” en junio del año pasado. Taner se convirtió, desde entonces y muy a su pesar, en el  símbolo de una generación de defensores y defensoras de derechos humanos acosada por las autoridades turcas que respondieron al golpe de estado de julio de 2016 con una represión injustificada. Desde ese día aciago hemos luchado para lograr su liberación.

Ahora que lo veo, libre y abrazado a su mujer y sus dos hijas, tras más de un año de cárcel, viajo mentalmente a momentos en que estuve cerca de él en los juzgados de Esmirna. La escena ha quedado nítida en mí: nadie, salvo Taner, parecía tener esperanza de que todo iba a pasar pronto y recuperaría la libertad que nunca debió serle arrebatada. Caminaba esposado, rápido, escoltado por policías armados hasta los dientes, su familia gritaba su nombre, lo seguían para lograr acercarse a él sin conseguirlo, y Taner, con tranquilidad, casi con paz, nos saludaba a todos los que estábamos allí.

Por casualidad, unas horas después, mientras  Taner esperaba su vuelta a la prisión, tuve ocasión de hablar con él, todavía esposado y vigilado por policías. Le preocupaba, primero, el posible desánimo de su familia. Él se mantenía firme en sus convicciones. Nos devolvió las miles de cartas que había recibido en prisión y unas pulseras que otros presos le habían regalado porque todos pensaban, pensábamos, que ese día de febrero iba a ser puesto en libertad, No fue así y regresó a  una celda hacinada.

Cuando lo vi finalmente libre, a las puertas de la cárcel, abrazado a su familia, pensé que todo el esfuerzo hecho había valido la pena pero también, con indignación, en esas dos sesiones de su juicio a las que asistí junto a colegas de mi organización, familiares de presos y representantes diplomáticos, y que prolongaron injustamente el sufrimiento de Taner y su familia. Recuerdo a testigos que ratificaban que los defensores de derechos humanos detenidos en un hotel de Estambul, proceso al que añadieron a Taner, no conspiraban en contra del gobierno sino que se reunían en una habitación abierta con vistas a la piscina; que los peritos, incluyendo la policía, también ratificaban que el móvil de Taner nunca tuvo contacto con nadie acusado del golpe de estado; y así, un testimonio tras otro, una prueba tras otra, llevaban a la inocencia indiscutible de Taner y los demás defensores/as de derechos humanos.

Hoy, Taner está con su familia, libre, pero queda mucho por hacer, primero en relación a su caso, porque sigue procesado, y en segundo lugar para evitar que la sociedad turca continúe precipitándose hacia un tiempo sin derechos humanos. Pensad en que detras de las cifras- 360 académicos perseguidos por hacer un llamamiento para que Turquía no sea parte del conflicto en Siria, 150 periodistas en prisión, 130.000 funcionarios despedidos fulminantemente- hay vidas concretas de personas concretas, como la de Taner, como la vuestra y como la mía.

El inicio del camino para el cambio a mejor empieza cuando uno se toma, como algo personal, la injusticia. Nuestra indiferencia es el mejor aliado de los violadores de derechos humanos. No lo olvidemos.

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Cuatro retos para AMLO y un nuevo México

Partidarios de López Obrador celebran su victoria // AP Photo/Emilio Espejel

1. El drama de la migración

Miles de personas cruzan el denominado Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) para huir de la violencia y la persecución en sus países de origen. Aunque el foco mediático está al otro lado de la frontera, con la infame política de separación de familias de la administración Trump, la práctica de devolución de personas que lleva a cabo México es igualmente cruel.  

Es cierto que las autoridades estadounidenses deben poner fin tanto a la separación como a la detención de familias cuando llegan a la frontera de Estados Unidos y México para solicitar asilo. Pero México, por su parte, también debe llevar a cabo cambios en su política de devolución de personas, sin tener en cuenta los riesgos para su vida y su seguridad cuando regresan y, en muchos casos, sin aportarles la debida información y violando al hacerlo el derecho internacional e interno. Y es que en 2017 México recibió 14.596 solicitudes de asilo, frente a las 1.296 de 2013, un aumento que se produce fundamentalmente por el incremento de la violencia extrema en los países del Triángulo Norte.

Migrantes en la frontera de México en Tapachula, Chiapas / Sergio Ortiz/ Amnesty International

Migrantes en la frontera de México en Tapachula, Chiapas / Sergio Ortiz/ Amnesty International

“Aquí no nos interesa la vida de ustedes. Aquí hacemos nuestro trabajo que es deportarlos”, cuentan sobre los agentes del Instituto Nacional Migración (INM) algunos de los testimonios recabados por Amnistía Internacional, entre los que se encuentra el caso de Saúl, asesinado tres semanas después de que el INM lo deportara ilegalmente a Honduras.

2. La violencia y las desapariciones forzadas. Nos faltan al menos 37.000 personas

Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, se desconoce la suerte o el paradero de 37.000 personas en México, aunque la cifra podría ser más alta. El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos forzosamente la noche del 26 de septiembre de 2014, es, desgraciadamente, es solo un ejemplo de una investigación profundamente defectuosa como las que se llevan a cabo en el país que, más que tratar de encontrar la verdad, lo que parece es que intentan que ésta no salga a la luz. A pesar de la nueva Ley General de Desapariciones Forzadas aprobada en 2017, AMLO tiene un gran reto para acabar con la impunidad que rodea a esta terrible violación de derechos humanos que provoca sufrimiento en miles de familias de los y las desaparecidas y es, fundamentalmente, dotarla de recursos.  

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La reforma del sistema de asilo de Dublín, una oportunidad para unir a las familias y a Europa

Llegada a las costas de un grupo de personas refugiadas / ARIS MESSINIS

El viaje de Alan y Gyan tuvo aún más dificultades de las que normalmente tienen que afrontar las personas refugiadas hasta llegar a territorio europeo. Sujetos a los costados de un caballo, viajaron con su madre, Amsha, su hermana Shilan y su hermano Ivan, primero a Irak, y luego, cruzando las montañas, a Turquía. A final llegaron al litoral occidental turco, donde los contrabandistas los pusieron en un bote inflable rumbo a Grecia. Acabaron en un campo de refugiados instalado en una asilada base militar abandonada, a 80 kilómetros de Atenas.

Su padre y su hermana menor, Rwan, tuvieron que quedarse en Siria hasta que ella acabó la escuela, y luego, cuando la inseguridad se volvió insoportable, se marcharon también, atravesando Turquía y los Balcanes hasta llegar a Alemania.

Los miembros de la familia que habían llegado a Grecia presentaron una solicitud para reunirse con los demás en Alemania con arreglo al sistema de asilo de la UE, conocido como Reglamento de Dublín, pero la respuesta tardaba demasiado. Esperaron meses, soportando las precarias condiciones del campo de refugiados junto con miles de personas refugiadas más.

Además, Ivan estaba fuera del ámbito de aplicación de las normas de reunificación familiar de Dublín. Aunque anhelaba reunir a la familia, dejar en Grecia a Ivan, que era uno de los hermanos que se ocupaban de Alan y Gyan, era impensable para su madre. Hablando con Amsha, nos explicó: “Ivan es mi brazo derecho. ¿Cómo me iba a ir y dejarlo allí?”

Reubicación

Frontera entre Serbia y Hungría / Amnesty International

Frontera entre Serbia y Hungría / Amnesty International

Por suerte para la familia, en 2015 los líderes europeos acordaron un programa de emergencia de dos años para distribuir a las personas refugiadas de Grecia e Italia en otros países de la UE. Por medio de este procedimiento, la familia se reunió por fin en Alemania en marzo de 2017, poniendo fin a una larga separación.

Con la finalización del programa de reubicación en septiembre de 2017, hay poco margen para finales felices como éste ya. Con el Reglamento de Dublín actual, la familia habría tenido que esperar mucho más para reunirse. Probablemente, Ivan habría visto marchar a su familia sin perspectiva alguna de reunirse otra vez con ella.

Un sistema inservible

El sistema de Dublín no cumple su función. Los países de la UE no dejan a las personas solicitantes de asilo detenerse en ellos, las obligan a cruzar fronteras internas y externas de regreso al lugar de donde vienen, burlan las normas relativas a las familias y eluden la obligación de búsqueda y salvamento para evitar acumulaciones de casos de asilo – siendo el ejemplo más reciente de ello el pulso entre Italia y Malta por el barco de salvamento Aquarius, aunque todavía pendientes del desembarco del Lifeline. Las personas solicitantes de asilo se abren camino, de todas formas, hasta otro destino de la UE para reunirse con sus familiares y amigos o simplemente para llegar a un país que les ofrezca mejores oportunidades de apoyo.

Justicia, compasión, eficiencia

El sistema es intrínsecamente disfuncional, con independencia de cuantas personas soliciten asilo. Los requisitos para la obtención de visados, las sanciones a los medios de transporte y otras medidas hacen a quienes buscan protección les resulte imposible viajar legalmente a la UE. Por tanto, la responsabilidad principal recae en los Estados fronterizos de Europa, cuyas fronteras las personas solicitantes de asilo consiguen cruzar o donde son desembarcadas tras ser rescatadas en el mar. Esta distribución desigual de la responsabilidad es el problema estructural del sistema, y ponerle remiendos no arreglará nada.

Este jueves y viernes se reúne el Consejo Europeo para debatir, entre otras cuestiones,  medidas para reforzar el control de las fronteras externas de la UE y reformar el Reglamento de Dublín. Sin embargo, tal y como se ha filtrado en el borrador de las conclusiones, parece que en lugar de intentar abordar la carencias del sistema de Dublín, algunos líderes europeos están intentado, una vez más, recurrir a terceros países para detener el flujo de personas refugiadas y migrantes y, de esta manera, solucionar la crisis política autoinfligida de Europa.

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Cómo la historia de una mujer desencadenó en Irlanda un movimiento por el derecho al aborto

Mujeres celebrando la victoria sobre el aborto en Irlanda // Peter Morrison

El aborto es un servicio de salud rutinario y habitual: uno de cada cuatro embarazos termina con esta intervención. Pero a pesar de ello, hay un enorme silencio en las conversaciones públicas en torno al aborto y las historias de las mujeres y niñas que se han sometido a él.

Los debates nacionales que desencadenan el cambio dependen a menudo de la valentía de una mujer o de una familia que rompe ese silencio, revelando, desde una experiencia personal y desgarradora, las demoledoras consecuencias de limitar el acceso a este servicio de salud vital.

Tomen por ejemplo el caso de Savita Halappanavar, que acudió al servicio de urgencias del Hospital Universitario de Galway, Irlanda, cuando estaba embarazada de su primer hijo, en 2012. Allí le dijeron que iba a tener un aborto espontáneo y que existía el riesgo de infección. Los médicos informaron a Savita y a su familia de que, debido a la legislación, no podían intervenir hasta que su vida corriera peligro, y se negaron a practicarle el aborto que pidió. Como consecuencia de esta denegación de atención médica urgente, Savita murió.

“Fue el fin del mundo”, dijo Praveen, el esposo de Savita, tras la muerte de ésta. “Ella quería vivir, tener bebés [...] Aún no puedo creer que no esté con nosotros. No nos podemos creer que pasaría algo así en el siglo XXI”.

Referendum en Irlanda // Karl Burke

Referendum en Irlanda // Karl Burke

La investigación sobre su muerte concluyó que la restrictiva posición constitucional de Irlanda sobre el aborto había sido un factor coadyuvante. El presidente independiente de la investigación, el profesor Sabaratnam Arulkumaran, confirmó ante una comisión del Parlamento irlandés en octubre de 2017 que, de no haber sido por la posición legal, se le habría practicado la interrupción del embarazo. Añadió: “Nunca habríamos sabido de ella y hoy estaría viva”.

Como era de esperar, a la gente le indignó el carácter totalmente evitable de la trágica y prematura muerte de Savita. Cuando su familia dio a conocer con valentía su historia, ésta ganó enseguida los corazones de la opinión pública irlandesa, contribuyendo así a preparar el camino para el histórico referéndum de Irlanda. Hubo marchas al Parlamento, torrentes de mensajes indignados en las redes sociales y, quizá lo más importante, un ajuste de cuentas tardío en los medios de comunicación irlandeses, donde otras mujeres empezaron a dar a conocer sus propias experiencias a manos de este sistema cruel y anticuado.

Tara Flynn, actriz, humorista y escritora irlandesa, fue una de las primeras mujeres que rompieron el silencio contando públicamente su historia sobre el aborto cuando contó con valentía su historia en un evento para la campaña global de Amnistía Internacional sobre los derechos sexuales y reproductivos Mi Cuerpo Mis Derechos, en 2015.

Estas conversaciones influyeron sin duda en el resultado de la votación. Las encuestas de salida la noche del referéndum mostraron que los factores que más influyeron en el voto fueron las historias personales de mujeres que habían divulgado los medios de comunicación y las experiencias de personas conocidas.

Sin duda, cuando acudió a las urnas, la gente tenía en mente la historia de Savita y las de mujeres como ella. Aunque estas situaciones son extremas, crean el espacio para un debate público más compasivo para todas las personas. Estas conversaciones tienen una importancia fundamental para las mujeres corrientes que lidian cada día con las preguntas urgentes en torno al aborto.

Estos casos dan a conocer a mujeres sobre las que pesan los riesgos y problemas insostenibles asociados a la restrictiva ley y el estigma social que rodea el aborto, lo que las obliga a viajar al extranjero para recibir una atención médica vital, a comprar ilegalmente en Internet medicamentos abortivos y a usarlos sin la debida supervisión médica, o a recurrir a otras formas de aborto peligroso.

La tendencia general es que los países del mundo reformen sus leyes y eliminen los obstáculos administrativos y prácticos para hacer más accesible el aborto sin riesgos. Sin embargo, hay Estados que conservan marcos jurídicos discriminatorios y peligrosos, donde, de nuevo, es la valentía y la desesperación de mujeres concretas las que han abierto un debate público sobre el aborto.

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Cinco razones por las que salir a correr por Yemen

Activistas de Amnistía Internacional realizan un ensayo del recorrido de la carrera / AI

Cólera

Antes de la guerra Yemen ya era el país más pobre de la región. Hoy la situación es desesperada. El conflicto ha dañado los servicios sanitarios y el suministro de agua, llevando al país al borde de la hambruna. La guerra ha traído además consigo enfermedades que el mundo creía erradicadas en el siglo XIX como la difteria o, sobre todo, el cólera: la población yemení se ha vista sometida al brote de cólera de más rápido crecimiento jamás registrado, con más de un millón de personas afectadas, una cuarta parte de los cuales son niños y niñas.

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