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Legitimar los abusos policiales, un flaco favor al Estado de Derecho

Imagen de las cargas policiales llevadas a cabo durante las protestas estudiantiles celebradas en Valencia el 20 de febrero de 2012. © Julio González CC BY-NC-SA 2.0

Cuando comencé en Amnistía Internacional hace casi una década, me gustó que trabajásemos junto a la policía, ya que este cuerpo desempeña un papel clave en la protección de los derechos humanos.

La policía vela por nuestra seguridad y por el libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales y, sobre todo, es garante de la legalidad. No hay duda de que su labor no siempre es fácil ni de que hay situaciones en las que los agentes se ven sometidos a mucha presión y provocación, pero saber como gestionar esas situaciones, sin evitar atajos, también forma parte de su trabajo. Por eso no entiendo algunas declaraciones y actitudes de sus responsables y demás autoridades. ¡En ningún caso pueden ni deben tolerarse abusos contra las personas a las que deben proteger!  

¿Qué ocurre cuando se producen actuaciones policiales irregulares? ¿Qué sucede cuando ante casos flagrantes de malos tratos, los poderes  públicos los justifican y miran hacia otro lado? Lejos de reafirmar el trabajo policial, lo debilitan y desacreditan.

La falta de medidas correctoras ante la mala actuación de unos pocos perjudica al colectivo. Lamentablemente, no son casos aislados, son demasiadas las denuncias creíbles que diariamente recibimos de personas que no comprenden por qué algunos agentes les maltrataron o les insultaron -en muchos casos con connotaciones racistas-. Son personas que no entienden por qué fueron víctimas de una actitud arbitraria y desproporcionada, por qué sus denuncias quedan en nada, o aún peor, por qué son ellas las que terminan siendo condenadas por atentado contra la autoridad.

A lo largo de estos años me han impactado algunos casos especialmente, como el de Daniel, golpeado por dos agentes no uniformados de la Policía Nacional de tal manera que, tanto él como su novia, pensaron que se trataba de atracadores y llamaron al 091 pidiendo ayuda. Para justificar la agresión, le acusaron de intento de homicidio por intentar apropiarse del arma policial. Nunca se encontraron sus huellas en ella. ¿Qué sanción ha recibido quien le acusó falsamente?

La impunidad policial es una realidad y la falta de investigación por parte de sus responsables directos y, sobre todo, los fallos de la investigación judicial, contribuyen a que siga existiendo.

Gran parte de los casos terminan siendo sobreseídos, y, si llegan a juicio, a menudo acaban en sentencias absolutorias, porque no se puede identificar a los responsables. Cuando se produce una condena, ésta es sólo nominal y después de muchos años y obstáculos. Otras veces, como ocurrió con Lucian Padurau, víctima de tortura -uno de los crímenes más graves dentro de derecho internacional- finalmente se indulta a los culpables.

Rodrigo Lanza durante la presentación del Informe de Amnistía Internacional "Sal en la Herida" en el que se recogía su caso. © Amnistía Internacional, 2009

Rodrigo Lanza durante la presentación del Informe de Amnistía Internacional "Sal en la Herida" en el que se recogía su caso. © Amnistía Internacional, 2009


También me acuerdo de Rodrigo, Juan Daniel,  Alex y sobre todo de Patricia -no pudo soportar tanta presión y se quitó la vida-. Fueron golpeados, insultados con connotaciones racistas y xenófobas y amenazados por los policías que les detuvieron. Sin embargo, no hubo investigación de los malos tratos que sufrieron, pese a la gravedad de sus heridas. Pero ellos sí fueron condenados por el mismo tribunal que archivó sus denuncias. Lo documentamos en un informe y denunciamos que el juicio no cumplió las garantías exigidas por la normativa internacional. Hoy Rodrigo ya está en libertad, intentando recuperar su vida, tras cumplir cinco años de condena.

No podemos permitir que esto siga ocurriendo. Es hora de que la policía y los responsables políticos y judiciales se pongan a trabajar en serio. Estoy segura de que el castigo adecuado para estas conductas que violan los derechos humanos será positivo para todos.

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La "Puerta del Sol" palestina: historia de un desalojo por la fuerza

Mapa de Israel y Territorios Ocupados. CC BY-SA HonestReporting.com

El campamento, que los activistas denominaron pueblo de Bab al Shams "Puerta del Sol", se había levantado dos días antes en tierras palestinas de propiedad privada con el fin de protestar contra la ocupación israelí y la continua expansión de los asentamientos ilegales, estrechamente vinculada a los desalojos forzosos en Cisjordania.

Policías armados hasta los dientes se trasladaron al pueblo para expulsar a los activistas pacíficos por orden del gobierno de Israel, a pesar de que el Tribunal Supremo había fallado el viernes que no se desmontase el campamento.

Cuando desperté por la mañana, comencé a hacer llamadas telefónicas para comprobar cómo estaban los activistas.

Hablé con Zaid, un activista al que conocí el año pasado, cuando fuerzas policiales de la Autoridad Palestina lo golpearon por protestar pacíficamente en Ramala.

Me pidió que llamase más tarde, porque estaba en el hospital con su hermano, que sufría una hemorragia interna cerca de un ojo provocada por la violencia policial durante el desalojo; y eso que la información de los medios de comunicación y las declaraciones israelíes afirmaban que el desalojo se había llevado a cabo de forma “pacífica”.

Llamé a otras personas, y por fin hablé con Sameer por videoconferencia; en Jerusalén eran alrededor de las seis de la tarde, y se acababa de despertar.

“Tengo la sensación de que todo mi cuerpo está magullado”, dijo. “Me golpearon con fuerza, y el frío no hizo más que empeorar las cosas.” Gimió de dolor al alargar la mano para agarrar un cigarrillo antes de describir lo ocurrido. Expulsó el humo y contó: “Estaba totalmente oscuro y hacía muchísimo frío. Había cientos de lucecitas; eran linternas de la policía antidisturbios, que llegaban de todas direcciones. Era surrealista, como si estuviéramos en una película de ciencia ficción.”

“A eso de las dos de la madrugada empezaron a sacarnos. Había cientos de policías antidisturbios. Con el equipamiento y los chalecos antibalas parecían superpolicías, y nosotros sólo éramos 130 personas apiñadas en medio del pueblo.”

“No opusimos resistencia al desalojo, pero tampoco colaboramos. Los soldados empezaron a sacarnos uno a uno; daban patadas para separarnos y luego entre cuatro y seis soldados nos iban sacando de allí de uno en uno.”

“Me dieron tantas patadas y tan fuertes en la pierna izquierda que sentí que se había roto. Tres soldados me arrastraron, y, cuando los periodistas ya no podían verme, empezaron a golpearme con los codos y a darme patadas en la espalda; después me tiraron contra unas rocas. Dos de los soldados me dieron patadas cuando estaba en el suelo. Me dieron en el cuello y otra vez en la pierna izquierda, y en la espalda.”

“Luego me metieron en un autobús policial junto con unos 40 activistas más; estábamos unos sobre otros, y algunos necesitábamos atención médica urgente. Vi las ambulancias cerca del autobús, pero se negaron a atendernos a pesar de que se lo pedimos una y otra vez.”

Sameer encendió otro cigarrillo y continuó: “Ahora tengo que ir a una reunión para debatir cuáles van a ser nuestros próximos pasos, pero te diré algo: regresaremos a Bab al Shams. Igual que deben regresar a sus hogares todos los palestinos que se han convertido en refugiados desde 1948. Esto es sólo el principio”, afirmó.

El pueblo representa la resistencia no violencia y significativa; un desafío práctico a la opresión e injusticia israelí. Lo crearon jóvenes palestinos que no estaban afiliados a ningún grupo ni partido. Es lógico que Israel quiera detenernos. Esperábamos el desalojo, pero eso nunca nos impedirá defender nuestros derechos humanos.”

Fue una iniciativa realmente alentadora, que ofreció un ejemplo nuevo y creativo de la defensa pacífica de los derechos humanos que está llevando a cabo la población palestina. Pero la historia de Bab al Shams también refleja las experiencias más amplias de muchos otros palestinos.

Cerca de Bab al Shams viven alrededor de 2.300 refugiados palestinos de la tribu beduina jahalin, en comunidades diseminadas en la zona conocida como E1 y en torno a ella. Están allí desde que Israel los desalojó por la fuerza de sus lugares de origen en el desierto del Néguev, a comienzos de la década de 1950. A finales de la década de 1990, algunos también volvieron a sufrir el desalojo forzoso para facilitar la expansión de asentamientos ilegales israelíes.

Miles de refugiados palestinos de la tribu beduina jahalin están obligadas a vivir cerca de vertederos. © Amnistía Internacional

Miles de refugiados palestinos de la tribu beduina jahalin están obligadas a vivir cerca de vertederos. © Amnistía Internacional

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Cerremos Guantánamo

Activistas de Amnistía Internacional durante un acto de protesta en la Embajada de Estados Unidos en Madrid, enero de 2006. © Rocío Carneros / Amnistía Internacional

Pongámonos en situación. Imagínate que estamos hablando de tu padre, marido, hermano, amigo o vecino. De repente un día desaparece. Tú no sabes nada de él durante semanas, meses, o incluso años. Ni tú ni otras personas que le quieren y conocen. No sabéis si está vivo o muerto y esa ignorancia genera un dolor que se acrecienta cada día que pasa.

Mientras tanto él ha sido entregado de unas autoridades a otras con una bolsa negra en la cabeza y esposado. Ha sido torturado y maltratado. Ha ido de avión en avión perdiendo la noción del tiempo y de la realidad. En ocasiones, sin saberlo, ha hecho escala en países europeos o incluso ha estado en cárceles secretas en este continente. Hasta llegar a su destino final: Guantánamo. Allí le esperaban unas terribles jaulas que todos pudimos ver en fotos, un mono naranja y continuar encapuchado. Intensos y eternos interrogatorios y todo tipo de prácticas de tortura.

Hace diez años que la mayoría de los 166 detenidos que hoy continúan recluidos en el centro hicieron ese viaje al agujero negro. Desde entonces permanecen sin cargos ni juicio y en clara vulneración de sus derechos. El hecho de que en vez de llamarse John o Carlos se llamen Omar o Abdul no les convierte en personas de segunda, ni con menos derechos. Y sin embargo parece que sus nombres, nacionalidades y prácticas religiosas marcan una diferencia en términos de derechos.

De las casi 800 personas que han pasado por Guantánamo, sólo siete han sido condenadas hasta el momento. De hecho, después de años de tormento, se ha llegado a la conclusión que la inmensa mayoría son inocentes. Y después de una experiencia así ¿quién les devuelve todos estos años? ¿quién les libera del trauma? Y a sus familias, ¿hay alguna forma de resarcirlas de tanto sufrimiento? Por mucho que lo intentemos creo que no podemos llegar ni a imaginarnos lo que han sentido y sienten.

Este terrible lugar lo creó el Presidente norteamericano George W. Bush. Los días han ido pasando y la criatura ya cumple 11 años. El 11 de enero “celebramos” el vergonzoso aniversario del primer traslado de un detenido al centro.

En 2009 el Presidente Obama se comprometió a cerrar Guantánamo en el plazo de un año. Promesa incumplida. Falta de valentía, imposibilidad de acuerdo con la oposición, poca demanda de la sociedad norteamericana y falta de apoyo por parte de los estados europeos fueron, entre otras, las razones.

Activista de Amnistía Internacional entrega en enero de 2005 más de 100.000 firmas en la Embajada de Estados Unidos en Madrid para pedir el cierre de Guantánamo. © Bernabé Cordón

Activista de Amnistía Internacional entrega en enero de 2005 más de 100.000 firmas en la Embajada de Estados Unidos en Madrid para pedir el cierre de Guantánamo. © Bernabé Cordón

Este segundo mandato, y cuanto antes mejor, tiene que ser el del cierre. Demócratas y Republicanos tienen que dar un portazo a este limbo jurídico de una vez por todas. Los 166 detenidos que allí permanecen deben ser sometidos a juicios con garantías ante tribunales ordinarios independientes, o deben quedar inmediatamente en libertad.

Pero no nos creamos que la responsabilidad es exclusivamente de los norteamericanos. Guantánamo también existe gracias a la acción y omisión de los países europeos. Por ejemplo: algunos países como España permitieron el paso de los aviones de la vergüenza sin preguntar quién iba dentro; Italia participó en el secuestro y entrega de un detenido en Milán; y Polonia y Rumanía llegaron más allá, permitiendo cárceles secretas en su territorio.

Durante la legislatura del Presidente Rodríguez Zapatero no se avanzó en la rendición de cuentas por el papel jugado en estas “entregas extraordinarias”. Pero sí se manifestó un compromiso público con el cierre de Guantánamo que incluso se materializó con la acogida de tres ex-detenidos. Hoy le pedimos al Presidente Rajoy que mantenga ese compromiso y continúe acogiendo detenidos. Los gobiernos europeos pueden desempeñar un papel clave para resolver esta situación aceptando en su territorio a varias de estas personas que no pueden ser repatriadas y necesitan protección internacional.

En este 11 aniversario, que ojalá sea el último, no queremos dejar de indignarnos y no podemos olvidar la existencia de ese agujero negro ni a los 166 hombres que allí intentan sobrevivir.

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¡A todas las mujeres del mundo, sed fuertes!

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Kim Hak-soon fue la primera superviviente en hablar públicamente del sufrimiento como "confort woman". © Consejo Coreano de Mujeres Reclutadas por Japón para la Esclavitud Sexual

Tenía 14 años cuando me vi arrastrada a la fuerza a la esclavitud sexual por el ejército japonés. Dijeron que me contratarían como operaria de fábrica, pero en vez de eso nos llevaron a muchas hasta Taiwán, Hong Kong, China, Malaisia e Indonesia. Yo estaba con la comandancia del ejército, así que prácticamente fui a todas partes con ellos.

No tengo palabras para describir lo que me hacían los soldados todos los sábados, desde el mediodía hasta las cinco de la tarde; y los domingos, de ocho de la mañana a ocho de la tarde. Al final del día no podía ni incorporarme. Tras ocho años de suplicio me pusieron a trabajar en un hospital del ejército. Su intención era ocultar cualquier prueba sobre las “confort women”.

Ni siquiera me enteré de que la guerra había terminado. Cuando volví a casa tenía 22 años. ¿Cómo iba a contarle a nadie lo que me había sucedido? Mis padres no dejaban de decirme que me casara, pero no podía. Al final tuve que decirles la verdad. Al principio no me creyeron, y después dijeron que, al menos, había sido afortunada por sobrevivir a todo aquello. Han transcurrido varias décadas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y Japón todavía no ha dado una respuesta adecuada. Si nuestro propio gobierno no se esfuerza en este asunto, ¿con quién vamos a hablar? Ésa es la razón de que sigamos luchando.

Me impliqué en el movimiento de las “confort women” en cuanto se formó, por tanto hace 20 años. Un día estaban pidiendo informes de las “confort women” que habían sobrevivido. Así que llamé. Vinieron a verme unas personas y algunos periodistas. No recuerdo la fecha exacta, pero el Consejo Coreano de Mujeres Reclutadas por Japón para la Esclavitud Sexual llegó hasta mí y desde entonces estoy con ellas. Al principio fue realmente difícil, pero no podía quedarme cruzada de brazos cuando todas esas personas acudían todos los miércoles a manifestarse por nosotras. Ahora yo también protesto todos los miércoles ante la Embajada. Reclamamos a gritos al gobierno japonés que pida perdón. En este tiempo hemos establecido lazos afectivos entre nosotras, como no podía ser de otra manera.

Cuando asistí a la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de la ONU en Viena en 1993, muchas mujeres de todo el mundo gritaron con nosotras, por nosotras. Aprecio sinceramente el apoyo de otros Estados. Hablan como si estuvieran dispuestos a trabajar a nuestro lado ya mismo. Pero pienso que deben presionar más a Japón si de verdad quieren ayudarnos. Y no parece que sepan que esto no sólo les sucedió a mujeres coreanas. Todos los países cuyas mujeres lo sufrieron deben cooperar más activamente en la protesta contra la negación del gobierno japonés. Todos esos países probablemente conocen los delitos y saben que estuvo mal. Deben cooperar [entre ellos] y pedir a Japón que acepte recomendaciones y dé importancia al reciente proceso de examen periódico universal de la ONU. Estoy deseando que, en vez de palabras, tomen más medidas que ayuden a mantener la presión sobre Japón.

Imagen de Lee Doo-soon, confort woman, (84), Tongyoung. © Paula Allen

Imagen de Lee Doo-soon, confort woman, (84), Tongyoung. © Paula Allen


Han pasado varias décadas pero nada se ha resuelto. Cuando oigo hablar de simpatizantes en todo el mundo me siento muy agradecida, y gracias a eso tengo esperanza en que esta lucha pueda terminar pronto. Confío en que cada vez más gente alce su voz para que este asunto se resuelva. Debemos permanecer fuertes y no rendirnos. También pido a las mujeres jóvenes y a los estudiantes que se sumen a nuestra lucha por la justicia: vuestras voces y acciones serán enormemente apreciadas.

Yo ya tengo 90 años, y lógicamente esto me fatiga. Pero quiero recibir en persona las disculpas del gobierno japonés. No lo hago por dinero. Sólo quiero que el gobierno japonés lamente sus acciones, asuma la responsabilidad de lo que hicieron, nos pida perdón a todas y respete nuestros derechos humanos.

A todas las mujeres del mundo, sed fuertes. ¡No a la guerra! ¡No a la violencia contra las mujeres!

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#YoDefiendoDDHH

Catálogo de destinos a "paisajes de muerte". © Amnistía Internacional

¿Te imaginas que más de 800 personas aplauden casi instantáneamente lo que acabas de decir? ¿Y que tus palabras son compartidas por 3.000 personas en menos de dos horas y finalmente casi por 60.000? Es uno de los poderes que tienen las redes sociales en el mundo actual. En Amnistía Internacional creemos que no es el único.

Las redes sociales ofrecen infinitas posibilidades para el activismo por los derechos humanos y para inducir cambios reales. Desde crear un catálogo con destinos a “paisajes de muerte” hasta una fábrica para creativos publicitarios, pasando por saturar el muro del alcalde de Roma para exigir el fin de los desalojos forzosos en su ciudad o por unirse para hacerse fotos con carteles de apoyo a un bloguero iraní hallado muerto días después de su detención. Con frecuencia dichas acciones sirven de  presión complementaria a otras llevadas a cabo por otras vías, como en el caso de Nasrin Sotoudeh, abogada iraní, presa de conciencia, que comenzó una huelga de hambre para protestar contra la denegación de visitas cara a cara de su hija de 13 años y su hijo de 5 años, y contra el hostigamiento a sus familiares por parte de las autoridades iraníes. Varias organizaciones, entre las que se encuentra Amnistía Internacional, denunciamos su situación por facebook y twitter, y finalmente se consiguió que se levantara la prohibición de viajar impuesta a su hija y, como consecuencia, que la abogada pusiera fin a su huelga de hambre, 49 días después de iniciarla. Siempre que se respeten algunas “normas” como las de creatividad, empatía, buena conversación y paciencia, el poder de las redes nunca deja de sorprendernos.

Desde Amnistía Internacional cuidamos el trabajo en redes sociales porque miles de personas nos están escuchando y porque también queremos oírlas a ellas. Nuestra presencia en plataformas como facebook y twitter no se limita sólo a la difusión de nuestras noticias, ciberacciones y actualizaciones sobre nuestro trabajo. Creemos que son un diálogo, una puerta abierta por la que dejamos que entre cualquier persona con respeto y tolerancia. Y esta capacidad que tienen las redes de crear diálogo es muy importante en nuestro trabajo, porque no sólo nuestros mensajes se difunden ahora de manera exponencial, sino que podemos recibir con inmediatez denuncias sobre violaciones de derechos humanos y noticias sobre acontecimientos “en tiempo real” desde lugares hasta ahora impensables. ¿Quién iba a imaginar, hace sólo pocos años, que íbamos a seguir en directo, a través de twitter, y documentadas con vídeos y fotografías, las manifestaciones en la plaza Tahrir de El Cairo, al inicio de la Primavera Árabe?

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Hablan las mujeres de Bhopal: 28 años sin justicia es demasiado tiempo

Residente de Bhopal © Amnistía Internacional

Era la noche del 2 al 3 de diciembre de 1984. Justo en el momento en el que se producía el peor desastre industrial en la India y la fábrica de Union Carbide en Bhopal liberaba unas 40 toneladas métricas de un gas letal a la atmósfera, Rampyari Bai se encontraba en el hospital con su cuñada. Ésta última acababa de ponerse de parto. “En cuanto le pusieron una inyección, dio su último suspiro”, cuenta. Hoy Rampyari Bai es una de las mujeres que sobrevivieron a la fuga, aunque enfermó de por vida, y se ha convertido en activista en busca de justicia. Está dispuesta a sacrificar su vida “por mi movimiento y por los pobres. No voy a ceder en mi lucha, mientras tenga pulso no pienso retroceder”.

El caso del escape en Bhopal es ya tristemente emblemático como ejemplo de cómo las empresas pueden eludir sus responsabilidades en el débil y restrictivo marco legal que les es aplicable. El gas ha dejado secuelas en forma de enfermedades crónicas que afectan a cerca de 150.000 personas, no solo en aquellas personas que vivieron la fuga sino también en la generación nacida años después. Muchas mujeres padecen trastornos ginecológicos y reproductivos, y se ven forzadas a cuidar de sus maridos, hijos y mayores mientras trabajan para llevar a casa un salario que sus maridos enfermos ya no pueden obtener. Pero nada de esto las detiene y, casi tres décadas después de la tragedia, continúan encabezando la lucha para que la justicia llegue por fin a sus vidas.

Colonia de Atal Ayub Nagar en Bhopal, India, establecida junto a la antigua fábrica de Union Carbide, abril de 2012.

Colonia de Atal Ayub Nagar en Bhopal, India, establecida junto a la antigua fábrica de Union Carbide, abril de 2012.

Hazra Bee froma parte del colectivo de mujeres afectadas por el gas de Union Carbide. Tanto ella como su marido enfermaron a causa del desastre. Su primer hijo enfermó también a los 8 años y cuando más adelante se casó y tuvo su primera hija, esta nació discapacitada todavía por culpa del gas. Hazra ha perdido a su marido y ahora se ocupa de sus cuatro hijos y de su nieta, apenas puede alimentarlos y no tiene medios para llevarlos al colegio.Hazra se refiere al acuerdo alcanzado entre el gobierno indio y Union Carbide en 1989, por el que se destinaba a las víctimas una indemnización que muchas no han recibido aún, como “arrojar migas de pan a los perros, han devaluado nuestras vidas”.

Activistas de Bhopal denuncian que la situación es peor hoy que en la mañana después del desastre, no sólo por el reguero de enfermedades que ha dejado el escape, sino porque el esqueleto de la antigua fábrica permanece abandonado, sin que ni Union Carbide, ni la empresa que la adquirió en 2001, Dow Chemical, la hayan limpiado. Y unas 40.000 personas viven todavía hoy en sus inmediaciones, expuestas a residuos tóxicos y consumiendo agua contaminada.

Ni las enfermedades, ni las dificultades, ni la sensación de no ser escuchadas han sido capaces de detener la lucha de las mujeres de Bhopal durante la friolera de 28 años. Sus peticiones son claras y básicas para que los causantes de una de las tragedias que más ha impactado al mundo recuperen su dignidad: que se limpie la antigua fábrica, que se compense a las víctimas y se les provea de cuidados sanitarios, y que los responsables sean convenientemente juzgados.

Y por todo ello lucharán, hasta el último suspiro.

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Connecticut, Congo, Colombia

Armas de fuego a punto de ser destruidas por el ejército en Ciudad Juárez, México, 16 de febrero de 2012.© AP/PA Photo/Eduardo Verdugo

Las armas han vuelto a conmocionar al mundo. La terrible muerte de 20 niños y 6 adultos en Connecticut asesinados a tiros ha reactivado, en las agendas políticas y medios de comunicación, el debate sobre el control de las armas.

En una emotiva rueda de prensa, el presidente Obama recordó: “Hemos vivido esta situación ya demasiadas veces”, y nos dio una buena noticia: “Vamos a tomar medidas significativas para impedir que esto vuelva a suceder”.

Ojalá sea así, pero es importante mirar más allá. Es importante no quedarse dentro de las fronteras de EEUU. También es necesario poner en la agenda política y pública norteamericana el impacto mundial del comercio internacional de armas, que cuenta con una regulación deficiente. Por tercera vez en 100 años hay una oportunidad para remediar esta situación.

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Tahrir en el Congreso de los Diputados

Imagen del Congreso de los Diputados, Madrid. © Raúl Hernández González

Exigir respeto a sus derechos humanos es el nexo de unión de millones de personas que llevan dos años saliendo a la calle en el Norte de África y Oriente Próximo. Sus poblaciones han decidido alzar la voz ante sus gobernantes, tras décadas de represión y violaciones sistemáticas de sus derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales.

En Amnistía Internacional tenemos entre nuestros objetivos y responsabilidades conseguir que sus voces lleguen más allá de sus plazas Tahrir. Y esta semana estas voces y peticiones de derechos humanos han llegado al Congreso de los Diputados.

Con motivo del 10 de diciembre, representantes de Amnistía Internacional hemos celebrado una interesante sesión de trabajo junto a diputados y diputadas de casi todo el arco parlamentario (CIU, PP, PSOE, PNV, ICV, ERC y UPyD) y expertos en la zona (Gema Martín Muñoz, Andreu Bassols y Eduard Sole)

En la sesión se han puesto sobre la mesa errores del pasado y se ha terminado con una buena noticia: la adopción de una Declaración en la que, desde el Congreso, se insta al Gobierno español a garantizar un tratamiento prioritario de los problemas de derechos humanos en las relaciones bilaterales y de la Unión Europea (UE) con tres países de la zona que se encuentran en un momento clave: Egipto, Túnez y Libia.

Se piden al Gobierno cosas tan importantes como que promueva la ratificación de tratados internacionales, la cooperación con las Naciones Unidas, la abolición de la pena de muerte y el respeto a la libertad de expresión, manifestación y reunión. De forma prioritaria España tiene, según el texto aprobado, que ayudar a estos países a promover y proteger los derechos de las mujeres.

Cambios tan profundos no se producen de un día para otro. Y cambios tan profundos necesitan el apoyo y el acompañamiento de la comunidad internacional. Esta declaración es un paso importante en esa dirección. Ahora el Gobierno tiene que ponerla en marcha y el Congreso controlar que así sea. Desde Amnistía Internacional, por supuesto, mantendremos nuestro interés y seguimiento.

Las voces que se escuchan en las plazas de estos países y otros de la zona nos deberían avergonzar a los ciudadanos de la UE. Nos han demostrado que las relaciones mantenidas durante décadas por la UE y por España con gobiernos represivos de estos países no han sido las apropiadas para la defensa de los derechos humanos. Se ha mirado hacia otro lado respecto a ejecuciones, torturas y desapariciones. Hemos asistido a preocupantes ventas de material de defensa que claramente conllevaban un riesgo de ser usados para cometer violaciones de derechos humanos. Se han firmado acuerdos sobre asuntos relacionados con la migración, como en el caso de Italia con la Libia de Gadafi,  cerrando los ojos ante la atroz situación de los derechos humanos.

Grafiti en la calle Mohamed Mahmoudde de El Cairo, octubre de 2012. En esta misma calle, en noviembre de 2011, las fuerzas de seguridad reprimieron a un grupo de manifestantes, dejando al menos 50 muertos. © Amnistía Internacional

Grafiti en la calle Mohamed Mahmoudde de El Cairo, octubre de 2012. En esta misma calle, en noviembre de 2011, las fuerzas de seguridad reprimieron a un grupo de manifestantes, dejando al menos 50 muertos. © Amnistía Internacional


Las revoluciones árabes han abierto una ventana de oportunidad a la política exterior de la UE y de España. Esperamos que tanto con estos tres países como con muchos otros, ésta se sepa aprovechar.

Conscientes del compromiso con los derechos humanos de algunos diputados, convencidos de la importancia del trabajo parlamentario, confiamos en seguir impulsando nuevas iniciativas que satisfagan las demandas de éstas y de otras muchas voces.

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Defensores de derechos humanos en Colombia: en el punto de mira de los violentos

Mary Luz Avendaño en una imagen tomada en España © Amnistía Internacional

En Colombia, a raíz del conflicto interno que vivimos, reclamar los derechos de las víctimas, pedir la verdad de los hechos ocurridos y exigir que se condene a los culpables, es sentencia de muerte. O, en el mejor de los casos, de amenazas contra quienes se atreven a alzar la voz. Cientos de líderes han tenido que dejar sus territorios y desplazarse a otros lugares para salvaguardar su integridad. Muchos de ellos han recibido o aún reciben protección por parte de las autoridades, pero la mayoría no cuenta con estas medidas por lo que están en situación de vulnerabilidad. Han sido víctimas de unos y otros actores de la guerra y vuelven a serlo por reclamar sus derechos.

Ocurre lo mismo con los periodistas que investigamos temas relacionados con quienes participan del conflicto interno, el narcotráfico o la corrupción. El año pasado la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) realizó un sondeo con 300 periodistas del país. Reconocieron que se autocensuran a la hora de cubrir estos temas, más los relacionados con minería ilegal, por temor a las represalias. Las cifras nos dan la razón. El año pasado 118 periodistas fuimos amenazados y dos tuvimos que exiliarnos debido a la gravedad de las amenazas.  

En mi caso, durante mis 15 años de actividad profesional, he cubierto los temas relacionados con el conflicto armado y los derechos humanos. El 31 de mayo de 1998 fui secuestrada una semana por la guerrilla de las FARC, durante la jornada electoral para elegir presidente de la República. Fue una experiencia dura y dolorosa para mí y mi familia.

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¿Quiere el Sr Wert que España sea la última de la clase en derechos humanos?

Dibujo realizado por niños de Vitoria en contra del reclutamiento de niños soldado. Los dibujos se enviaron posteriormente a niños de Uganda © Amnistía Internacional

Laura es una estudiante a la que desde Amnistía Internacional preguntamos su opinión sobre Educación para la Ciudadanía hace unos meses. Nos dijo estas palabras rebosando honestidad y la creímos. Pero quizá el Señor Wert no la cree y por eso propone eliminar la asignatura en su anteproyecto de ley.

Los derechos humanos no deberían ser propiedad de un Ministerio, ni del de Educación ni de ningún otro, y su conocimiento debe estar al alcance de toda la sociedad, empezando por quienes están formándose en las escuelas. La eliminación de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía supone un retroceso inaceptable para la educación en derechos humanos de este país y nos aleja de las recomendaciones internacionales y europeas en la materia.

Si se prescinde de esa asignatura, surgen las dudas: ¿Qué contenidos van a tener las asignaturas previstas de Valores Culturales y Sociales y Valores Éticos? ¿Van a hablar de derechos humanos? ¿Van a hablar de igualdad entre hombres y mujeres o de la necesidad de no discriminar a los homosexuales o a las personas de otras etnias? Y si es así, ¿por qué se elimina la asignatura que ya incluye esos contenidos?

La propuesta del Sr. Wert puede significar que millones de estudiantes en España vayan la escuela durante años sin que ninguna asignatura les hable de violencia de género, de homofobia o de racismo. ¿No le parecen al Ministerio de Educación necesarios estos temas? Eso no es lo que dice la ley de violencia de género. Ni tampoco lo que el Consejo de Ministros de este gobierno defendió sobre el papel el pasado mayo en su Declaración con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia.

Y lo que es más....¿Por qué se presenta un proyecto que incumple con claridad las recomendaciones internacionales que el partido en el gobierno actual firmó en 2004? Esos acuerdos hablaban de derechos humanos en todos los niveles educativos.

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