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Sobre este blog

Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes que se toman la lucha contra las injusticias como algo personal. Combatimos los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación y el activismo.

Estamos presentes en casi todos los países del mundo, y somos independientes de todo Gobierno, ideología política, interés económico o credo religioso.

Manual de amenazas a la manifestación en España

Un manifestante retenido entre 11 agentes antidisturbios tras la manifestación del 25 de septiembre de 2012 en Madrid. © REUTERS / Sergio Pérez

Ana Gómez Pérez-Nievas

Periodista en Amnistía Internacional España —
  • Estás preparada: llevas la mochila con una botella de agua, las zapatillas por si hay que correr, algo de dinero por si se alarga la cosa y el móvil con batería para tuitear, quedar con gente que jamás encontrarás por la falta de cobertura y hacer alguna foto. Puede que tengas hasta una pancarta original y muchas ganas de gritar pacíficamente a las autoridades de tu país, región o ciudad, qué han hecho mal. Sin embargo, en España el #derechoaprotestar está amenazado, tal y como publica hoy Amnistía Internacional en un informe.

En el documento, la organización denuncia como el uso excesivo de la fuerza y los malos tratos por parte de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad contra manifestantes pacíficos, la falta de investigaciones sobre las denuncias formuladas, la conducta agresiva de policías contra periodistas y fotógrafos, las comprobaciones colectivas de identidad y el aumento de multas administrativas están reprimiendo el derecho de manifestación.

1. Los que no llegan

Aunque parece algo sencillo: asistir a una manifestación, puedes encontrarte con trabas antes de llegar al lugar donde se inicia el recorrido. Tres son los requisitos necesarios para poder restringir el derecho a la reunión pacífica y se tienen que cumplir los tres: si son establecidos por ley, si tienen como finalidad la protección de ciertos intereses públicos (seguridad nacional, orden público, etc) y si son demostrablemente necesarios para lograr ese fin. El resto supone una violación del ejercicio a la libertad de reunión pacífica, así como de otros derechos relacionados como la libertad de asociación y de expresión.

Sin embargo, no sólo mediante las prohibiciones de manifestaciones se está controlando a los manifestantes. También se está controlando incluso antes de que se produzcan las manifestaciones. Las comprobaciones colectivas de identidad o las multas impuestas están teniendo un efecto disuasorio. También las cargas policiales han hecho que mucha gente se plantee dejar de acudir a las concentraciones. “Vas con mucho miedo y con más cuidado, me aconsejan que no vaya a los escraches y que en los desahucios no esté en primera línea”, asegura Jorge, de 35 años y auxiliar de enfermería. Jorge fue identificado el 25 de marzo de 2012 antes de llegar a Atocha para participar en una protesta. A pesar de que finalmente no pudo asistir a la concentración ya que tuvo que regresar a su casa, donde se estaba produciendo un pequeño incendio (tal y como consta en la denuncia que presentó), le llegó una carta de Delegación de Gobierno de Madrid donde se le acusa a la misma hora del incendio de desobedecer órdenes policiales.

2. Los que acuden pero no vuelven a sus casas

Aunque hayas acudido a la manifestación con intención de marcharte pronto a casa quizás ese no sea tu destino. Puede que acabes en un furgón sin cinturones de seguridad que, mediante golpes de freno y giros bruscos, te lleve a una comisaría. Con suerte, puede que después de correr entre la multitud, con la sombra de los policías a tu espalda, aún así te llegue algún golpe de porra y acabes en el hospital, en lugar de en el calabozo. A lo mejor, cuando te están curando las heridas, la rabia suba de nuevo por tu garganta al pensar dónde acabará ese papelito y la denuncia que piensas presentar con él. No es algo nuevo, pero la impunidad es persistente: existe una falta de investigaciones exhaustivas, imparciales y efectivas sobre las denuncias de uso innecesario o excesivo de la fuerza y otras violaciones graves de derechos humanos cometidas por los funcionarios.

Ester Quintana, de 43 años, regresaba a casa de una protesta en Barcelona el 14 de noviembre de 2012 cuando comenzaron las cargas y, al girarse en busca de uno de sus amigos, recibió el impacto de una pelota de goma. Perdió un ojo. Aunque dos agentes han sido acusados, la investigación, todavía en curso, ha sido delegada a la misma institución policial a la que pertenecen los dos Mossos d'Escuadra.

Leandro Acosta también recibió golpes por parte de la policía, pero no acabó en el hospital sino en comisaría. El 25 de septiembre, acudió a la concentración de Rodea el Congreso en Madrid y, tras gritar, desde la primera línea del cordón policial, a los antidisturbios que eran herramientas del sistema utilizadas para golpear, dos agentes lo arrastraron dentro del cordón. Una fotografía muestra que los principios de proporcionalidad y naturaleza excepcional con los que debe actuar la policía según la normativa española sobre detenciones, no fueron aplicadas en ese momento: cerca de 11 agentes rodean y golpean a Leandro, apretándole la nariz y la garganta. A pesar de sangrar por la nariz y tener un labio roto, pasaron varias horas hasta que fue atendido por profesionales médicos. Sufría traumatismos múltiples en la cabeza, la cara, el pecho y el cuello, pero no tuvo acceso a su informe médico hasta que su abogado escribió al departamento de atención al paciente del centro.

Y eso que, siendo hombre, no tienes que quejarte del trato degradante por motivos de género al que los agentes someten a algunas detenidas. Tener que escuchar “¿Quieres agua o sexo?” cuando le pides ayuda a un policía porque te encuentras mareada tras la carga policial, como le sucedió a María (nombre ficticio), de 21 años.

3. Los que lo cuentan

Según la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, al menos 53 periodistas resultaron heridos en 2012 en distintas localidades en España, al ser golpeados por agentes de policía mientras informaban sobre protestas. Juan Ramón Robles ha sido uno de ellos. Su vídeo muestra los incidentes y la carga policial que tuvo lugar en la estación de Atocha cuando los agentes bajaron a las vías después de la manifestación de Rodea el Congreso del pasado 25 de septiembre de 2012. Por grabarlo, un policía se acercó a él y le rompió el equipo con el que trabajaba, a pesar de ir identificado como prensa, y en otras ocasiones ha recibido golpes.

Aunque el papel de los periodistas es crucial para documentar los sucesos de las manifestaciones y no se les puede impedir que observen y graben la operación policial, lo cierto es que numerosos profesionales han sido sometidos a restricciones en el ejercicio de su trabajo. Seas periodista de un medio, o autor de un blog a título personal, te puedes encontrar con un “prohibido informar”.

4. Los que el susto lo reciben después

A lo mejor has conseguido evitar los golpes y las detenciones, pero no las identificaciones y el susto te llega después, en forma de multa. Amnistía Internacional ha documentado como las autoridades han llevado a cabo un uso abusivo de las sanciones administrativas y penales para castigar a los manifestantes que ejercen pacíficamente su derecho a la libertad de reunión. Según la información proporcionada por la Comisión Legal 15M, tan sólo entre el 12 y el 15 de mayo de 2012, cuando se conmemoraba el aniversario del 15M, se habían iniciado procedimientos contra más de 314 personas. Se trata de sanciones que, en su mayoría, oscilan entre los 300 euros por infracciones leves y los 1.500 por infracciones graves, con el posible efecto disuasorio que conllevan.

Si te ha tocado vivir alguno o todos los casos mencionados, es muy probable que te plantees si acudir o no a la próxima protesta.

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