Hoy, 7 de octubre, la llama olímpica llega a Moscú como pistoletazo de salida de los Juegos de Invierno que se celebrarán del 7 al 23 de febrero del año que viene en Sochi, una ciudad situada en la costa del mar Negro. Posteriormente, del 7 al 16 de marzo se celebrarán también allí los Juegos Paralímpicos.
En esta edición, decenas de deportistas podrán participar en nuevas disciplinas olímpicas, como los saltos femeninos de esquí nórdico o el patinaje artístico por equipos. Sin embargo, encontrarán muchos obstáculos para “practicar otros deportes” más tradicionales como la libertad de expresión, de reunión y de asociación, entre otros.
Quienes participen en los Juegos no podrán, por ejemplo, expresar libremente sus opiniones acerca de la religión oficial porque, si lo hacen, podría considerarse blasfemia y acabarían en prisión. Fíjense, si no, en las componentes del grupo Pussy Riot, que van camino de completar su segundo año de cárcel por actuar en una catedral ortodoxa de Moscú. En agosto de 2012 fueron condenadas a dos años de prisión por “vandalismo por motivos de odio religioso”.
Los y las deportistas no podrán besar a su pareja -si ésta es del mismo sexo- en el estadio o en la calle si hay cerca un menor, pongamos por caso, puesto que podrían denunciarles por “hacer propaganda de relaciones sexuales no tradicionales a menores”. En ningún caso podrán celebrar un Día del Orgullo Gay porque están terminantemente prohibido.
Tampoco podrán sumarse a las manifestaciones de protesta en Sochi, porque seguramente no serán autorizadas y, en caso de que lo estén, correrían el riesgo de recibir una multa si algo se tuerce -basta que la manifestación corte el tráfico o que un espacio verde resulte dañado-, acabar arrestados indefinidamente o recibir golpes si se disuelve violentamente, como acostumbra a hacer la policía. Todavía hoy están en prisión Vladimir Akimenkov, Artiom Saviolov y Mikhail Kosenko, detenidos durante las protestas en la plaza Bolotnaya de Moscú en 2012.
Como la mayoría de los deportistas vienen de fuera de las fronteras rusas, no podrán apoyar económicamente a una ONG local sin que ésta se haya inscrito anteriormente como agente extranjero; si desatienden la orden, la ONG podría ser multada con fuertes sumas. En la Federación Rusa, un agente extranjero equivale a ser más o menos un espía, reminiscencias quizás de la guerra fría.
No podrán criticar abiertamente a las autoridades rusas so pena de ser acusados de difamación. No podrán comentar que algún ciudadano ruso ha criticado la corrupción existente en el país, la impunidad de los crímenes en el Cáucaso norte o la situación en las cárceles locales, pues su interlocutor podría ser considerado un traidor: estaría atentando contra el orden constitucional o la soberanía rusa.
Practicar estos derechos es cada vez más difícil en Rusia. Desde el regreso de Vladimir Putin a la presidencia del país, en 2012, se han aprobado numerosas leyes que dificultan enormemente expresarse en libertad, opinar, disentir, protestar o defender pacíficamente lo que uno cree.
Aunque debo confesar que, más que la situación de los deportistas, me inquieta la situación de la población rusa, que tiene que vivir los 365 días del año en el país y que no puede ejercer derechos tan básicos. Allí seguirán cuando terminen los Juegos de Invierno y, probablemente, con menos atención mediática. Me preocupa, insisto, porque para estas personas no se trata de un juego. Se trata de derechos humanos y éstos son esenciales para vivir dignamente.
Amnistía Internacional recoge firmas hasta el 27 de enero próximo para pedir
al presidente Putin respeto a la libertad de expresión, reunión y asociación en Rusia
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