Se cumplen ahora más de seis meses desde que el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos publicara el resumen de su informe sobre el programa de detención secreta operada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. El documento de 500 páginas añadió nuevos detalles y confirmó algunos de los datos que ya eran de dominio público sobre las violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidas en el marco de ese programa entre 2002 y 2008. Entre otras cosas, el resumen revela que en 2003, el entonces director de la CIA George Tenet, dijo que “si el público en general supiera de este programa, muchos pensarían que somos torturadores”. Una docena de años más tarde, muchos lo piensan, y sin embargo, todavía no conocen ni la mitad de la información. Entre otras cosas, el contenido completo de las 6.700 páginas del informe, que siguen estando clasificadas como Top Secret.
Sí, “torturamos a algunas personas”, dijo el presidente Barack Obama cuatro meses antes de la publicación del resumen del informe. Y sí, “detenidos de la CIA fueron torturados”, concluyó la Presidenta del Comité en su prólogo al sumario. Sin embargo, la labor del Comité se ha rodeado de un silencio profundo por parte de la administración Obama en lo que se refiere a cualquier compromiso sobre rendición de cuentas.
Los “valores nacionales” son parte de la narrativa, como lo han sido durante todo el período tras los ataques del 11S. En un discurso en el día internacional contra la tortura, en junio de 2004, por ejemplo, el presidente George W. Bush dijo que lo que las fotos de Abu Ghraib representaban era “incompatible con nuestras políticas y nuestros valores como nación.” Diez años más tarde, el gobierno de Obama dijo lo mismo ante las Naciones Unidas: “Las técnicas duras de interrogatorio destacadas en ese informe [el del Comité de Inteligencia] no son representativas de cómo Estados Unidos se enfrenta a la amenaza de terrorismo hoy, y no son consistentes con nuestros valores”.
Sin embargo, el programa de detención e interrogatorio secreto fue para muchos y durante muchos años consistente con los valores nacionales, algo ampliamente defendido aún, aumentando el fantasma de un retorno a este tipo de actividades en un escenario futuro. “Por supuesto que sí”, aprobé el “water-boarding” y otras técnicas de interrogatorio “mejoradas”, George W. Bush, escribió en sus memorias publicadas en 2010. Sí, “yo era responsable de ayudar a desarrollar e implementar el programa de ”interrogatorio mejorado“, agregó el ex jefe del Centro Antiterrorista de la CIA José Rodríguez. El ex vicepresidente Dick Cheney, en respuesta a las conclusiones del Comité del Senado, dijo: ”Yo lo haría de nuevo“. Ni rastro de ningún tipo de disculpa o arrepentimiento.
En un discurso en mayo de 2009, en el que defendió el uso del simulacro de ejecución por ahogamiento interrumpido (“water-boarding”), el ex vicepresidente se refirió a la cuestión de los valores nacionales: “Ningún valor moral del pueblo estadounidense obliga a funcionarios públicos a sacrificar vidas inocentes para salvaguardar de cosas desagradables a un terrorista capturado”. Volvió a este tema en sus memorias de 2011 reiterando que no pensaba en absoluto “que los valores estadounidenses fueron abandonados, o puestos en peligro, en la lucha contra los terroristas. De entre todo lo que hemos perdido en este conflicto, Estados Unidos nunca perdió su rumbo moral”. Sus creencias ilustran lo maleable y subjetivo que puede ser el concepto de “valores americanos”.
Políticos, funcionarios de inteligencia, legisladores, abogados, médicos, psicólogos, interrogadores y guardias, en EEUU y en otros lugares del mundo,... muchas han sido las personas involucradas tanto en el establecimiento y funcionamiento del programa de la CIA como en hacer la vista gorda cuando la evidencia de los abusos comenzó a emerger. Es de suponer que creían que el programa era coherente con los valores nacionales. Pero hay claramente un déficit profundo de derechos humanos en el centro de un gobierno en el que incluso su jerarquía legal, el Fiscal General, apoyaba activamente el uso sistemático de la detención secreta. Cabe añadir, sin embargo, que hay ecos de este déficit en que el resumen del informe no mencione que la mayoría, si no todas las personas recluidas en el programa de la CIA, fueron sometidas a desaparición forzada, un crimen de derecho internacional.
En el día en el que la Comisión del Senado publicó el resumen del informe, el Presidente Obama expresó su “esperanza” de que esta divulgación limitada ayudara “a dejar estas técnicas donde pertenecen, en el pasado”. Mensaje similar al que había enviado a los empleados de la CIA en abril de 2009 en el sentido de que podían estar seguros de que nadie que hubiera seguido el asesoramiento del Departamento de Justicia en el uso de “técnicas de interrogatorio mejoradas” sería llevado a juicio: “No se ganará nada”, escribió, “gastando tiempo y energía en buscar culpables sobre lo que ocurrió en el pasado”. El fiscal general Eric Holder posteriormente añadió que compartía “la convicción del presidente que, como nación, debemos, en la medida de lo posible, mirar hacia adelante y no hacia atrás cuando se trata de cuestiones como éstas.” Ningún reconocimiento aquí tampoco a que el derecho internacional exige la rendición de cuentas o que, como ha dicho el Comité de Derechos Humanos de la ONU en relación a las obligaciones en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que EE.UU. ratificó con reservas en 1992, “los Estados Partes deben garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia. Al igual que con la falta de investigación, no enjuiciar a los autores de tales violaciones puede de por sí constituir una violación separada del Pacto.” En otras palabras, la rendición de cuentas es un requisito legal, no una elección política.
En lo que se refiere a sacar a la luz la verdad, EEUU puntúa algo mejor. Cuando se publicó el resumen, el presidente Obama lo acogió diciendo que “una de las fortalezas que hacen a América excepcional, es nuestra disposición a enfrentarnos abiertamente a nuestro pasado, hacer frente a nuestras imperfecciones.” Altos funcionarios del gobierno añadieron que “como estadounidenses, tenemos el compromiso de enviar un mensaje claro al mundo que apoyamos la transparencia”. Sin embargo, la gran mayoría de lo que el Comité del Senado averiguó sobre cómo trataron a los detenidos está enterrado en las miles de hojas del informe que no son públicas. La Casa Blanca ha retenido 9.400 documentos de la CIA, atención: documentos, no páginas, relativas al programa de detención. Y la ausencia de la verdad completa facilita la impunidad.
En mayo de 2009, el presidente Obama se opuso a una comisión independiente de investigación sobre abusos a detenidos en base a que “nuestras instituciones democráticas son lo suficientemente fuertes como para ofrecer rendición de cuentas”, y añadió que “el Congreso puede revisar abusos de nuestros valores” y “el Departamento de Justicia y nuestros tribunales pueden castigar cualquier violación de nuestras leyes”. Las limitadas investigaciones que el Departamento de Justicia ha llevado a cabo sobre los interrogatorios de la CIA fueron cerradas en 2012 sin que se imputaran cargos contra nadie. Hoy en día, el informe completo todavía clasificado del Comité de Inteligencia del Senado sobre los “abusos de nuestros valores” está acumulando polvo en instalaciones seguras, sin que el Departamento de Justicia parezca que vaya a usarlo para iniciar actuaciones contra nadie.
Algo que también revela el resumen Comité del Senado es que en 2005, cuando la propuesta del senador Carl Levin para establecer una comisión de investigación independiente fue ganando apoyo, la CIA destruyó unas cintas de vídeo que contenían imágenes de detenidos sometidos a desaparición forzada siendo torturados con “water-boarding”. Hasta la fecha, nadie ha rendido cuentas por la destrucción de pruebas de crímenes de derecho internacional.
Cuando el presidente Obama admitió el año pasado que “torturamos a algunas personas”, haciendo un llamamiento a la comprensión, sugirió que lo que había sucedido podría ser achacado al temor generado por los ataques del 11S y a la presión sobre los “patriotas” que trabajan duro para prevenir nuevos ataques. Desde luego, la comprensión de por qué suceden las violaciones de derechos humanos es importante para garantizar que no se repitan. Pero en los EEUU el “entendimiento” se ha convertido en parte de una narrativa oficial que se entreteje con la impunidad. Como tal, se convierte efectivamente en la justificación. Y, junto con la renuencia a aplicar el derecho internacional a su propia conducta, es parte de su continua negativa a cerrar la puerta a la tortura y las desapariciones forzadas.
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