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Ordenanzas cívicas: ¿de convivencia o de control e invisibilidad de la pobreza?

En los últimos años estamos asistiendo a un viraje hacia la criminalización de las conductas relacionadas con la prostitución voluntaria, que se ha visto en la promulgación de diferentes ordenanzas que los ayuntamientos de muchas ciudades españolas han ido aplicando. En estas ordenanzas, todas ellas llamadas "de convivencia", se prohíbe, entre una amalgama de conductas tales como la mendicidad, la música callejera, o los juegos de pelota (todas ellas de muy dudoso atentando contra la convivencia) el ejercicio del trabajo sexual en las calles multando a trabajadores sexuales y clientes.

Estos modelos jurídicos de abordaje de la prostitución que consisten en la criminalización de las conductas de los trabajadores y las trabajadoras sexuales han venido a dar respuesta, políticamente hablando, a sectores que se movían entre el prohibicionismo y el abolicionismo.

En este sentido se ha entrado en una política algo esquizofrénica, fruto de esta mezcla, pues mientras por un lado se fomentaban leyes de protección contra las víctimas de la trata (y se consideraba que cualquier tipo de prostitución era forzada) –planteamiento abolicionista—por otro lado, multitud de ayuntamientos aprobaban leyes que de hecho prohibían el ejercicio de la prostitución –planteamiento prohibicionista— en la calle.

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Esta Europa ancha y ajena

El escritor peruano Ciro Alegría describía el mundo como un espacio tan vasto que en él se perderían las normalidades cotidianas, los pequeños sueños; un lugar en el que, sin remedio, irían a extraviarse las palabras que surgen de las necesidades elementales de la vida común, tan diminutas ellas, tan mal vestidas, tan vulgares.

Algo de esta imagen nos golpea al contemplar el imponente edificio de Bruselas que alberga la sede del Parlamento Europeo. Como si contemplara con lejanía y frialdad las modestas proporciones humanas de la gente sencilla. Como si en él no pudieran entrar las necesidades de la gente ni aunque se limpiaran los pies y se vistieran ropa de domingo.

No es extraño entonces el desafecto de la ciudadanía. Porque las instituciones europeas se nos aparecen como ajenas a nuestras necesidades y preocupaciones cuando no, directamente, manipuladoras de nuestros derechos. 

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España, de nuevo a la cola de Europa en educación en derechos humanos

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert / EFE.

Entre las muchas medidas y disposiciones retrógradas que contiene la LOMCE, más conocida como Ley Wert, aprobada el 28 de noviembre pasado en el Congreso de los Diputados, está la eliminación de la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos del currículo de estudios para primaria y secundaria. Como ha denunciado Amnistía Internacional ante el Consejo de Europa, esta disposición es algo muy grave ya que supone la desaparición de la educación en derechos humanos en España. Significa que los españoles no estudiarán durante su educación obligatoria temas como la igualdad entre hombres y mujeres, la violencia de género, la diversidad afectivo-sexual, la homofobia, el racismo, la pobreza y sus causas…

En las nuevas asignaturas que van a sustituir en parte a la ahora eliminada ("Valores culturales" en primaria y "Valores éticos" en Secundaria, propuestas como alternativas a la clase de religión, es decir, dirigidas sólo a aquellos alumnos que no elijan religión), se han excluido la práctica totalidad de esos contenidos específicos de derechos humanos. Ello supone sin duda un retroceso inaceptable que nos hace volver a una situación como la de anteriores sistemas educativos, cuando los derechos humanos no existían en el currículo. España vuelve así a ponerse a la cola de Europa en esta materia educativa.

Efectivamente esta disposición incluida en la LOMCE nos sitúa a años luz de Europa, donde la mayoría de países sí incluyen en sus currículos educativos contenidos de educación para la ciudadanía democrática y los derechos humanos. Supone además un claro incumplimiento de los acuerdos y recomendaciones internacionales y europeos suscritos por España. Tanto Naciones Unidas, a través del Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos (2005), como el Consejo de Europa a través de la Carta de la Educación para la Ciudadanía Democrática y la Educación en Derechos Humanos (2010), recomiendan a los Estados la introducción de esos contenidos en los currículos educativos de todos los niveles. España había firmado todos estos acuerdos, que ahora incumple.

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Las otras cuestas de enero

Esta historia tiene lugar en el mes de enero. En esa maravillosa época del año llena de buenas intenciones, propósitos de mejora, rebajas, regalos caros e ilusiones baratas. Claro que esa idílica perspectiva no la disfrutan todos.… no al menos la mujer que protagoniza nuestra historia.

Estrella es una madre andaluza de casi 70 años, de pequeña estatura, delgada, alegre y vital, a pesar de la mala vida que le dio su marido hace muchos años, esa mala vida que ninguna mujer debería nunca tener que soportar, y que le dejó alguna que otra secuela física. Pero la sonrisa nunca se borra de su cara porque aquello queda ya muy lejos. Él terminó pagando por sus delitos y salir de aquel calvario hizo que no volviera a perderla nunca más.

Vive en un pequeño piso en un barrio de las afueras de una ciudad del sur. Estrella trabajó toda su vida limpiando casas, verdeando en campos ajenos o haciendo cualquier cosa que le pudiera reportar algo de dinero para mantenerse a ella y su hijo. Ahora, sin trabajo desde hace años, tiene una pensión que no llega a los 300 euros, la mitad de los cuales se le van en pagar una deuda por un incendio que sufrió su casa. Su comida favorita de cada día es una sopa y algo de pasta; y sólo gracias a la ayuda que consigue de un banco de alimentos, de vez en cuando puede permitirse tomar algo diferente. Esos días sí que son fiesta. Con poco más de cien euros al mes, pagar la luz y el agua a veces se le hace muy difícil, por lo que de vez en cuando regresa a aquellas épocas de la niñez en las que las velas iluminaban muchos hogares cuando el sol se apagaba.

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Criminalizar por ley la defensa de los derechos

Un millar de personas protestaban la pasada semana por las detenciones de la Complutense y contra la Ley de Seguridad / EFE.

La defesa de los derechos conquistados con tanto trabajo y luchas por ciudadanos y ciudadanas, en tantos momentos de la historia, está a punto de ser criminalizada por ley, con la nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. De primeras, por su nombre, parecería el de una ley que salvaguarda nuestra seguridad, ¿pero a quién defiende esta nueva vuelta de tuerca a la 'ley Corcuera'? Pues a primera vista, defiende a los gobernantes de los ciudadanos, y nos preguntamos ¿la ciudadanía da tanto miedo?

El criticar las injusticias, el trabajar por mantener la igualdad de todas y todos, les da tanto miedo que tienen que criminalizarnos por ley, criminalizar nuestra defensa de los derechos fundamentales. ¿En qué sinrazón hemos entrado que lo que debería ser apoyado es pisoteado, lo que debería ser escuchado es silenciado y todo lo que va en contra del orden establecido es multado? Porque, al final, esta ley lo que hace es multarnos, es decir, crearnos la obligación de pagar una cantidad determinada de dinero por defender nuestros derechos.

Y se ha establecido un canon a pagar por todo lo que represente pensar diferente, disentir y reaccionar ante las injusticias. La Ley de Seguridad Ciudadana nos quiere multar con una infracción grave de hasta 30.000 euros por intentar impedir desahucios, por desobedecer ante la injusticia, por manifestarnos y no querer disolvernos cuando el poder quiere que lo hagamos, por concentrarnos frente a las sedes donde los políticos deciden nuestro futuro -aunque ellos no estén allí-, por no obedecer las órdenes de los antidisturbios aunque éstas sean injustas y faltas de ética.

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El TEDH y la doctrina Parot, una reflexión sobre los derechos humanos

Concentración en Burgos a finales de octubre contra la excarcelación de la etarra Inés del Río / EFE.

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra España en el caso de Inés del Río y que ha resuelto la ilegalidad de la doctrina Parot, ha provocado en todo el país una enorme división iniciada por los políticos y alimentada por los medios de comunicación que ha desvirtuado por completo una realidad: España ha sido condenada por incumplir el Convenio Europeo de Derechos Humanos y los políticos han utilizado interesadamente el dolor de las víctimas para convertir en proetarras a los que abogamos por la aplicación de la legalidad.

La decisión del Tribunal de Estrasburgo no ha supuesto en ningún momento la puesta en libertad de manera arbitraria de ninguna persona. Ha significado algo tan evidente como la libertad para alguien que ya había cumplido su condena y que continuaba en prisión, a raíz de la denominada doctrina Parot, establecida por el Tribunal Supremo en 2006.

Con ese método, los condenados verían cómo su estancia en prisión se prolongaría hasta los 30 años máximos previstos por la Ley, pues las redenciones se reducirían de cada una de las penas impuestas y no sobre el total de 30 años, algo que alargaría la reclusión de manera considerable, lo que no era posible cuando se le impuso la sentencia por la aplicación del Código Penal vigente en ese momento.

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La lucha contra la trata de seres humanos y la prostitución: historias de víctimas por partida doble

Procedente del África Subsahariana, de Nigeria, llegó a España con 21 años. Ejercía la prostitución y desarrollaba su trabajo en la calle, expuesta a los ojos de una sociedad que sólo es capaz de verla a través de sus miedos, sus prejuicios y sus intereses. Nos contaba que no fue fácil llegar a España, tampoco aguantar aquí. "Es un trabajo duro, además la policía me acosa constantemente, y tengo miedo todo el tiempo: miedo a las multas por la ordenanza, miedo a la policía, miedo a que me expulsen del país…". 

Pero aquel día estaba contenta, "después de todo, ya casi cumplo tres años en España y podré empezar a pedir mis papeles". Esto nos lo decía un poco antes de su expulsión, cuando aún le recomendábamos paciencia, "ten paciencia que los trámites llevan su tiempo"… Pero no se los dieron. De poco le valió su armadura de paciencia y esfuerzo cuando la policía fue a buscarla allí donde solía (ex)ponerse a trabajar. De poco valió la paciencia cuando la maquinaria se puso en marcha y se vio en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en cuestión de horas.

Tampoco allí hubo tiempo, dos semanas privada de libertad y, otra vez, el camino de vuelta a África. Su historia puede ser la historia de muchas de las personas que cada año en este país son ingresadas en un CIE y luego expulsadas, pero no por ello debemos pasarla por alto. Existe, además, algo que  duele especialmente, y es que, por ser mujer, inmigrante y trabajadora sexual, "tenía todas las papeletas". Un interesante informe aborda, no como hipótesis de trabajo sino como conclusión, la sobrerrepresentación de mujeres que ejercen la prostitución en los CIE. Cada historia personal es única e intransferible, pero ser extranjera, indocumentada y ejercer la prostitución en este país supone indefectiblemente el conllevar una serie de obstáculos que muchas otras comparten

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Con Lampedusa de fondo, Marruecos reprime la solidaridad

Ataúdes preparados para las víctimas del naufragio de Lampedusa / EFE.

La muerte de trescientas personas somalíes y eritreas en su intento por llegar a Lampedusa tiene responsable: una Europa insolidaria que dedica millones de euros para reforzar sus fronteras y a la que no le importan las víctimas colaterales que su lucha contra la inmigración produzca. El precio que se ha pagado es el de más 20.000 personas que han perdido su vida en el Mediterráneo desde mediados de los años noventa hasta hoy, 300 de ellas el pasado jueves 3 de octubre.

Es inconcebible que esta Europa-Fortaleza continúe con su guerra contra los migrantes utilizando como armas, entre otras, a Frontex (Agencia Europea de Fronteras) y Eurosur (Sistema Coordinado de Vigilancia), que tienen 3.520 millones de euros de presupuesto asignado para el periodo entre 2014 y 2020. Los gendarmes que realizan el trabajo sucio de Europa son los países limítrofes (Libia, Argelia, Túnez, Marruecos, Mauritania…) a los que la Unión Europea, premio Nobel de la Paz, "subcontrata" para detener el tránsito de los migrantes a cualquier precio, sin importarle si violan sus derechos, se les tortura o se les detiene ilegalmente.

Italia, al igual que España, tiene como prioridad que los migrantes no lleguen, a cualquier precio. Llegó a acuerdos con dictadores de países del norte de África, utiliza toda la tecnología militar que la Unión Europea pueda financiarles y refuerza un discurso xenófobo y racista de odio hacia el otro que, lamentablemente, va calando en la sociedad.

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La paz en Colombia. Memoria histórica y terrorismo de Estado

Un miembro de la guerrilla de las FARC vigila el camino que conduce a la zona rural de Miranda Cauca / EFE

La paz de los vivos requiere la paz de los muertos. La memoria histórica es uno de los ejes de la negociación que mantienen el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Mis amistades colombianas están cruzadas por la guerra de una u otra manera. El terror forma parte de sus emociones, naturalizado en privado, en silencio, sugerido o explícito, de la misma forma que su revelación pública se ha cercenado durante décadas.

Más de sesenta años de violencia extrema, aniquiladora de cuerpos y de la condición humana, han dejado un balance feroz. La atrocidad ha quebrado la población, el territorio y los recursos -legales o ilegales, como la cocaína- en diversas etapas, hasta hablarse del riesgo de balcanización de Colombia. Y de la banalización de su violencia. Pero este país, tan rico en fuentes energéticas y minerales, se resiste a la fragmentación del infierno. Ahora afronta un escenario colectivo, complejo y esperanzador. Apartar las armas y hacer memoria. Documentar la guerra y contar la verdad. Hacer justicia, reparar a las víctimas y pedir perdón. Algo que en España no hicimos y todavía lamentamos.

La guerra dejó al menos 220.000 personas asesinadas, 25.000 desaparecidas y 4.744.046 desplazadas entre 1958 y 2012. Son los datos recabados por el informe Basta Ya, del Grupo de Memoria Histórica (CNMH), creado al amparo de la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz y publicado el pasado mes de julio. De esa cantidad, 177.307 fueron perpetrados contra la población civil y unas 40.787 víctimas mortales corresponden a las partes combatientes. De los 16.340 asesinatos selectivos registrados por el CNMH entre 1981 y 2012, los paramilitares fueron responsables del 38,4 %, a los grupos armados no identificados se le atribuyó el 27,7 %, a las guerrillas el 16,8 %, a la fuerza pública el 10,1 %, a desconocidos el 6,5 % y a la alianza entre la ultraderecha armada y a los cuerpos de seguridad del Estado el 0,4 %.

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Migración y vivienda. Desigualdades en el acceso a un derecho básico

Si en un artículo anterior denunciábamos los graves problemas de vivienda a los que se enfrentan miles de personas en Andalucía, hoy dedicaremos este espacio a analizar la situación del colectivo migrante con respecto a un tema concreto: el acceso a la vivienda de alquiler. Aparte de verse afectada por los desahucios y la dificultad para mantener el pago de sus casas (ya sean en propiedad o rentadas), esta población afronta además trabas y discriminaciones que tienen que ver con el mercado de pisos en alquiler ofertado por las inmobiliarias. Un problema éste que, aún no estando necesariamente vinculado a la crisis, viene a complejizar más si cabe la precaria situación de este colectivo con respecto a la vivienda.

En 2012, el área de inmigración de APDHA llevó a cabo un estudio en la ciudad de Granada en el que se analizó esta cuestión, poniendo de manifiesto las dificultades de la población migrante extracomunitaria para encontrar pisos en alquiler a través de las agencias inmobiliarias. La intervención tuvo lugar en 15 inmobiliarias repartidas en 5 barrios de Granada (centro y periferia) y en ella participaron 20 personas, todas ellas en situación jurídica regular, originarias de Senegal, Marruecos, Argelia, Bolivia, Argentina, Francia y España. Durante el estudio pudimos observar que, aun no produciéndose casos flagrantes de discriminación, sí que se dieron tratos desiguales y discriminaciones solapadas y de difícil detección.

Así, aun partiendo de situaciones socio-económicas similares y preguntando por el mismo tipo de pisos, los migrantes extracomunitarios participantes en la acción recibieron una oferta menor de viviendas y de peor calidad que los participantes de origen español o los migrantes comunitarios. En barrios de mayor poder adquisitivo pudimos apreciar igualmente cómo se vetaba la entrada a ciertas nacionalidades ofreciéndoles pisos más caros de los demandados, dificultando así el alquiler en la zona.

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