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Sentencias ejemplarizantes. Colocar la represión en el centro del debate

Los movimientos sociales llevamos largo tiempo en el punto de mira de la criminalización

Manifestación de la Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión contra la Ley Mordaza.

Manifestación de la Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión contra la Ley Mordaza.

Los movimientos sociales llevamos largo tiempo en el punto de mira de la criminalización. El debate sobre las acciones cometidas por quienes ejercen la protesta social va minando la capacidad de poner en el centro lo fundamental, lo realmente relevante: La represión ejemplarizante a través de sentencias desmedidas y la aplicación del derecho penal del enemigo.

El caso de Andrés Bódalo es un ejemplo de ello, ya que se habla más sobre la persona y su perfil en el movimiento sindical, que sobre los hechos imputados. Andrés tiene una sentencia condenatoria de 3 años y medio de prisión por agresión a la autoridad durante una protesta en 2012. Los debates sobre la veracidad o no de los cargos imputados, deberían resolverse a través de un juicio justo y con garantías procesales, que valorara debidamente las pruebas y testimonios de las partes implicadas. Pero más allá de esta cuestión, que no es baladí, tenemos que denunciar que esta y otras sentencias tienen un sentido ejemplarizante para aquellas personas que ejercen un papel relevante en la protesta y movimientos sociales.

Igualmente, el caso de Carlos Cano y Carmen Bajo (que sigue luchando para conseguir el indulto), por participar en un piquete durante la huelga general del 2012 y ser condenados por un delito contra la libertad de los trabajadores a tres años y un día de prisión, es otra muestra de esta situación.

De nuevo, un juicio justo y con garantías debería ayudar a resolver la acusación por el delito imputado. La decisión judicial no sólo resuelve condenar a estas personas, sino que la sentencia es desmedida y ejemplarizante. Dada su magnitud, parece que la sentencia pretende castigar el movimiento sindical y la protesta ciudadana de forma general. Así se ha podido comprobar a través de la abundancia de denuncias y sentencias condenatorias a las personas participantes en el movimiento sindical en su conjunto tras la huelga del 2012.

Los titiriteros de la compañía Títeres desde Abajo de Granada, Alfonso y Raúl, componen otro de los ejemplos de represión desmedida en el ejercicio de la libertad de expresión sucedido en febrero de este año. En este caso, las medidas cautelares de prisión sin fianza para los acusados de enaltecimiento del terrorismo, adoptadas por el juez Ismael Moreno, a raíz de la función representada en la que se mostraba un cartel con el mensaje Gora-Alka-Eta ante el público infantil, resultan claramente abusivas y represoras. Actualmente Alfonso y Raúl están a la espera de juicio, obligados a presentarse periódicamente en el juzgado sin la posibilidad de salir del país. Además, los cargos a los que se enfrentan podrían obligarles a pasar cuatro años en prisión, por representar una obra de ficción.

Inicialmente, aparecieron encendidos debates sobre la idoneidad y oportunidad de la representación, cuestiones que no deben en ningún momento justificar las medidas judiciales claramente desafortunadas y evidentemente represoras del mensaje de protesta y crítica social que planteaba la obra.

Una vez más, las acciones pretenden ser ejemplarizantes, parecen trascender los hechos objeto de la acusación y se dirigen más bien al control de la protesta como herramienta de participación legítima. Habría que destacar también la represión de la libertad de expresión en las redes sociales, desarrollada a través de la operación araña y sus diferentes fases desde 2014, en las que se han efectuado detenciones y condenas por enaltecimiento del terrorismo a personas que expresaban sus opiniones en el espacio virtual.

Asimismo señalamos el caso de Alfon, el cúmulo de detenciones y condenas a miembros del SAT, o el acoso y presión que viven las personas que defienden el derecho a la vivienda... Todos forman parte de una larga lista de casos diversos y situaciones que ilustran con claridad este patrón.

La escalada represiva es real. Los casos presentados son el resultado de la criminalización de la protesta, manifestada a través de sentencias individuales pero que pretenden ser coercitivos para la generalidad, asegurando así que el temor por ser juzgado, condenado y penalizado desmovilice las luchas sociales reactivadas desde el inicio de la crisis.

Además, esta forma de tratar a las personas fomenta, a través de la utilización de argumentos -frecuentemente de dudosa veracidad-, la configuración de una opinión pública contraria a las movilizaciones de protesta. Observamos repetidamente que se acaba cuestionando con más contundencia a quienes ejercen la protesta, que la situación que provoca que ésta aparezca. Ejemplos como los expuestos anteriormente son algunos de los que, entre muchos otros, atentan duramente contra nuestras libertades.

La ley mordaza y reforma del Código Penal nacen con la vocación de legitimar situaciones que existían con anterioridad y que, al ser aprobadas y establecidas en el orden legislativo, adquieren un valor intimidatorio y represor, que se apoya además en la magnitud de las multas y las sentencias condenatorias de las personas que ejercen la protesta.

Coloquemos la represión en primera línea, analicemos sus mecanismos, patrones y consecuencias. Identifiquemos y señalemos los elementos que atentan contra nuestras libertades  y derechos.

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