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El abogado de Guerrero alega en el juicio de los ERE que actuó "dentro de la legalidad" y "en base a normativa estatal"

Defiende que el exdirector de Trabajo otorgó ayudas bajo "un procedimiento que le fue dado por sus superiores, consejeros y viceconsejeros"

Abogado de Guerrero alega que actuó "dentro de la legalidad" y con un sistema "dado por sus superiores"

Las intervención del abogado del ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero ha sido una de las más extensas este miércoles en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla por la conocida como pieza política de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos para evacuar sus conclusiones definitivas, defendiendo que el ex alto cargo del Gobierno andaluz actuó "dentro de los límites legales" y con un sistema "dado pos sus superiores, consejeros y viceconsejeros".

José Ávila, letrado que ejerce la defensa de Guerrero aunque no desde el principio de la vista oral, ha defendido que el ex director general de Trabajo actuó siempre en el marco de la legalidad vigente, pues "ni actuó ni activó un procedimiento de concesión de ayudas al margen del legalmente establecido", sino que se otorgaron "en base a la normativa estatal, que es la administración competente para regular las ayudas sociolaborales".

Fueron ayudas extraordinarias concedidas al amparo de la Orden Ministerial de 1995, que establece "unos requisitos mínimos, así como la concesión sin publicidad ni concurrencia, con un margen de discrecionalidad para el concedente". Siendo esta normativa la usada por el Ministerio y otras comunidades para conceder ayudas de esta naturaleza.

Guerrero, en su actuación, procede a otorgar "ayudas de forma lícita sin ánimo opaco ni ocultamiento a la intervención delegada en Empleo, con un procedimiento que le fue dado por sus superiores, consejeros y viceconsejeros", añadiendo su abogado que el uso de las transferencias de financiación es "legal".

Del mismo modo, Ávila ha manifestado que el director general de Trabajo es "la autoridad laboral por excelencia y era el competente para la concesión de las ayudas, competencias otorgadas por ley".

Por todo ello, el abogado ha considerado que "no cabe hablar de delito alguno ni actuación delictiva", solicitando para Guerrero una sentencia absolutoria.

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