La izquierda andaluza denuncia el “lucro indirecto” de Serrano al poder combinar el escaño con su bufete de abogados

El escaño de Francisco Serrano y de los otros siete diputados de Vox examinados por los letrados del Parlamento andaluz es compatible con sus actividades profesionales. Lo acaba de determinar la Comisión del Estatuto del Diputado a partir de los informes favorables presentados por los servicios jurídicos de la Cámara. Esos informes son preceptivos, pero no vinculantes, de hecho, la supuesta incompatibilidad que pesaba sobre 17 parlamentarios (ocho de Vox, cinco de Ciudadanos, dos del PP, uno del PSOE y otro de Adelante Andalucía) fue sometida a votación de los miembros de la Comisión y, por primera vez en la historia autonómica, no hubo consenso. Los grupos de izquierda se negaron a avalar la continuidad de algunos diputados de Vox en el Parlamento, pero las formaciones conservadoras defendieron su permanencia, tal y como habían sugerido los letrados.

De las deliberaciones de la Comisión del Diputado se sabe muy poco, porque son reservadas y los miembros que forman parte de ella pueden cometer un delito y ser sancionados si revelan en qué términos se abordó el debate. El PSOE, sin embargo, sí ha hecho público que votó en contra de la compatibilidad de la actividad profesional de cuatro diputados de Vox (incluido Serrano) y su escaño. Adelante Andalucía ha sido menos explícito, pero también ha dado a entender que votó en contra. Lo que sí ha hecho su portavoz, Antonio Maíllo, es denunciar abiertamente que la Ley Electoral andaluza que regula el régimen de incompatibilidades está obsoleta, y que “hay un agujero enorme en la ley que permite el lucro indirecto”. “Hasta ahora no se había detectado porque no teníamos tantos diputados provenientes del ámbito privado, pero la ley permite que haya gente que está usando su actividad parlamentaria para lucrarse de manera indirecta”, dice Maíllo.

El líder de IU ha acusado directamente a la bancada de Vox y al presidente de su grupo, el juez en excedencia Francisco Serrano, que combina la dirección de un despacho de abogados con su actividad política. Ahora tendrá que abandonar la gestión directa de los casos, según dicta la ley, pero podrá terminar los que ya tenía entre manos. Serrano está especializado en litigios de pareja y en custodia de menores, y tanto desde su bufete como desde el Parlamento litiga con especial beligerancia contra las leyes de igualdad y lucha contra la violencia machista. Vox intentó pactar con el PP la derogación de estas leyes, y Serrano ha registrado en el Parlamento varias solicitudes para acceder a los nombres, al perfil profesional y al número de colegiado de los empleados públicos evalúan a las mujeres maltratadas. Su solicitud va dirigida a la plantilla de las Unidades de Valoración de la Violencia de Género, adscritas a la Consejería de Justicia, pero también a los trabajadores de una ONG y de una empresa de peritaje judicial que colaboran con el Gobierno andaluz en la lucha contra la violencia machista. La formación ultraconservadora denuncia que los informes que realizan estos trabajadores son “ideológicos”, movidos por un “feminismo supremacista de izquierdas”, y Serrano busca información sobre estos trabajadores para “depurar” sus conclusiones.

Este personal, avalado por la Junta, elabora los informes sociales y psicológicos sobre mujeres víctimas de malos tratos, informes que luego sirven como atenuante en los juzgados, si las mujeres deciden denunciar a su agresor, y que también son tenidos en cuenta por la Junta a la hora de conceder ayudas públicas a mujeres agredidas por sus parejas. Serrano denuncia que “se están violando sentencias de Altos Tribunales que exigen la colegiación. Los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados y de los que depende la libertad de un acusado o el futuro de niños”. Tanto PSOE como Adelante Andalucía acusan a Serrano y al resto de diputados de Vox de usar “la información a la que acceden de forma prioritaria, en calidad de parlamentarios, ”no como servicio público, sino para servirse de lo público“. ”Serrano es un misógino que se dedica a defender a padres supuestamente maltratados. Los datos que consigue en el Parlamento le aportará un lucro indirecto a su despacho de abogados“, señala Maíllo.

El artículo 6.5 de la Ley Electoral andaluza recoge que los diputados deben ejercer “en régimen de dedicación absoluta” y su mandato es “incompatible con el desempeño de actividades privadas”, en particular las relacionadas con la “gestión, defensa, dirección o asesoramiento ante cualesquiera organismos o empresas del sector público respecto de asuntos que hayan de resolverse por ellos, que afecten directamente a la realización de algún servicio público o que estén encaminados a la obtención de subvenciones o avales públicos”. Pese a las críticas de PSOE y Adelante Andalucía, la Ley Electoral no juzga la posible incompatibilidad del escaño de Serrano con su despacho de abogados por los asuntos que trata -los litigios contra las políticos contra la violencia de género- sino por la remuneración que percibe en su actividad privada.

El diputado de Vox ya ha dicho que no gestionará el bufete ni dirigirá personalmente casos en los tribunales ni cobrará por ello, de modo que la Cámara ha admitido su compatibilidad. “Aquí se ofrece la compatibilidad a todo Dios. Basta que uno diga que no va a cobrar nada para que le den la compatibilidad, la ley es muy laxa con actividades privadas, y muy dura con actividades públicas”, dice Maíllo, en alusión al caso de David Moscoso, diputado de Adelante, el único al que la Cámara ha negado la compatibilidad porque había solicitado poder impartir clases en su universidad a lo largo de la legislatura mientras mantenía su acta. “El tripartito de derechas ha venido al Gobierno a forrarse y estos de Vox en el Parlamento son unos jetas”, dice Maíllo.

Críticas a Moreno Bonilla

PSOE y Adelante Andalucía han endurecido su labor de oposición con el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, que se sostiene en el apoyo de los 12 diputados de Vox. Los socialistas afean al presidente de la Junta la actitud “laxa” ante las “barbaridades” de la formación ultraderechista, tanto con los empleados que evalúan la violencia de género o los profesores de un instituto de Huelva que, la semana pasada, vieron cómo la Fiscalía abría una investigación de oficio sobre una actividad extraescolar por el Día de la Mujer (8M), denunciada por Vox en redes sociales. Los grupos de izquierda acusan a Serrano de utilizar los mecanismos de control parlamentario a su alcance para batallar contra las leyes de igualdad, no sólo política y electoralmente, sino desde un despacho de abogados “donde defiende los derechos particulares de sus clientes y cobra por ello”.

Tanto PSOE como Adelante reconocen que la Ley Electoral plantea incompatibilidades de diputados en términos de remuneración directa, pero no examina el beneficio indirecto. “Cuánto le cuesta a un bufete de abogados publicitarse en los medios como lo está haciendo Serrano desde el Parlamento”, dice Maíllo. Los dos grupos de izquierda acusan al presidente del grupo de Vox de servirse de su condición de diputado para acceder a información personal de funcionarios que trabajan en un ámbito profesional -la lucha contra violencia de género- que toca de lleno los asuntos que se dirimen en su despacho de abogados.

El portavoz del PP en el Parlamento, José Antonio Nieto, coincide con Maíllo en que el régimen de incompatibilidades que viene en la ley “necesita ser actualizado”. Se hizo en una época en la que abundaban los casos de profesores universitarios que entraban en política, pero en esta legislatura son mayoría los que provienen de la actividad privada. “Muchos de sus argumentos son razonables, aunque tengo más coincidencia con lo que plantea sobre mejorar la compatibilidad de los empleados públicos [profesores de universidad] que a hacer más dura la incompatibilidad con el ámbito privado”, advierte Nieto.

El diputado de Ciudadanos Fran Carrillo era uno de los 17 señalados por la Cámara por posible incompatibilidad. Carrillo es el accionista mayoritario de una empresa -la Fábrica de Discursos-, y el PSOE relaciona su perfil con una petición que ha registrado su grupo en el Parlamento para que la Oratoria sea una asignatura troncal en Secundaria. Otro “lucro indirecto”, sugieren los socialistas. El diputado naranja ha explicado que la posible incompatibilidad de su escaño no era con la empresa de la que era administrador (ahora accionista mayoritario), sino por impartir clases en distintos másters y postgrado. Carrillo se ha desmarcado del resto de grupos y ha defendido la Ley Electoral. “Si somos restrictivos con gente que quiera desempeñar la política y la docencia, puede que estemos expulsando a gente muy profesional y capacitada. No se puede ser prohibitivos, porque entonces beneficiamos a los que se quieren eternizar viviendo de la política, que son los que ponen vetos a los otros”, sentencia.

Con todo, el dictamen sobre la compatibilidad de los 17 diputados aprobado por la Comisión del Estatuto del Diputado no ha sido incluido en el orden del día del próximo Pleno, como estaba previsto. La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, lo ha frenado para solicitar un informe “más exhaustivo” a la Comisión, aludiendo a ciertas “incorrecciones” en el mismo. Bosquet asegura que el error es técnico, de redacción, pero que el fondo del asunto, es decir, la compatibilidad de estos diputados no se cuestiona. En la historia autonómica, el Parlamento andaluz nunca ha declarado incompatible el escaño de un diputado con su actividad privada.