Un agente de la UCO apunta que el sistema de concesión de las ayudas de las ERE suponía falta de control

La declaración del comandante de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha continuado este miércoles, y en la misma ha apuntado que el convenio marco de 2001 por el que se concedían estas ayudas suponía falta de control en el procedimiento.

El abogado del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero ha preguntado al agente de la Guardia Civil sobre las diferencias entre la concesión de las ayudas antes y después del convenio marco de julio de 2001, firmado entre el consejero de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, entonces viceconsejero de Empleo y presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) --posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)--, por el que el IFA pagaría las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo después de recibir dinero, a través de transferencias de financiación, con cargo al programa 31L desde la propia Dirección General.

El comandante de la UCO ha señalado que antes del convenio marco se usaban como instrumentos presupuestarios la encomienda de gestión y las subvenciones, mientras con el convenio marco se introduce una nueva figura para el pago de las ayudas como es la transferencia de financiación, lo que supuso “una diferencia sustancial”. “Si se hubiese seguido usando la encomienda y la subvención no se hubieran dado algunas situaciones como consecuencia de la falta de control”, ha añadido.

También sobre el convenio marco, por el que se concedieron las ayudas sociolaborales y a empresas investigadas, el agente, instructor, entre otros, de un atestado 'Informe sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía en el periodo 1999-2010', ha señalado que el contenido del citado convenio de julio de 2001 “ha pretendido crear un procedimiento específico para regular la concesión de determinadas ayudas de una Consejería”.

Además, desde el punto de vista policial, el convenio marco “desplaza” la legislación aplicable en Andalucía, esto es, la Ley General de Hacienda Pública y el Reglamento de Subvenciones de diciembre de 2001.

Del mismo modo, ha defendido que el convenio marco “expiró” en 2003, como así se recoge en informes “internos” de la propia Consejería de Empleo. Además, ha apuntado otros informes que señalan la caducidad de mismo como el elaborado en 2009 por el despacho de abogados Garrigues, la Intervención General o del gabinete del propio consejero de Empleo, también de 2009.

Éstos, según ha indicado, hablan de la “necesidad” de un nuevo convenio marco porque el anterior “había expirado y estaba caducado”. “Cuando la propia Consejería de Empleo decía que el convenio marco estaba caducado, se prorrogó de forma artificiosa para seguir dando validez al procedimiento”.

Sobre las transferencias de financiación, el agente ha indicado que no habla de su legalidad o no, consciente de que se recogen en las leyes de Presupuestos de la Junta, sino de sus consecuencias por “la falta de control”.

El agente, como ya dijera en la primera parte de su declaración el pasado lunes, ha mantenido que, desde un punto de vista policial, “hay menoscabo de fondos públicos” en el procedimiento de concesión de ayudas investigado.

Por último, antes del receso, ha vuelto a mostrar sus dudas del análisis elaborado por la Junta sobre la presencia de intrusos en los ERE. El Gobierno andaluz apunta a un número entre 18 y 20 de los 6.300 trabajadores beneficiarios. “No comparto lo que dice la Junta, no sé de dónde lo saca”, ha afirmado.

Precisamente sobre los intrusos, el pasado lunes, el comandante de la Guardia Civil manifestó que le “llamó la atención” las relaciones “familiares” o la “afinidad al PSOE” de éstos, apuntando casos de familiares del 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas, del exchófer de Guerrero, del propio ex director general de Trabajo, de exconcejal del PSOE en Camas (Sevilla), del ex delegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas o de las secretarias de Guerrero.