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La jueza impone una fianza de 2,1 millones de euros a Ramón Díaz por permitir el “despilfarro” del caso ERE
La jueza que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 2.142.722,15 euros al exparlamentario del PSOE Ramón Díaz, quien “era consciente que nadie controlaba el destino dado a las ayudas, lo que obviamente incrementaba el despilfarro de las mismas”, en todo lo cual el inculpado “tendría cierta participación”.
Ramón Díaz compareció como imputado ante la juez Mercedes Alaya el pasado viernes y se acogió a su derecho a no declarar después de que la magistrada le imputara tres delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Tras ello, se celebró una comparecencia de medidas cautelares en la que la Fiscalía Anticorrupción solicitó que se le impusiera una fianza civil de dos millones de euros.
Pues bien, la jueza ha dictado un auto en el que cuantifica en 457.041,61 euros el coste para la Junta de Andalucía por la inclusión de cinco “intrusos” en Calderinox, Saldauto y A-Novo. Le suma la cantidad de 450.000 euros por la subvención sociolaboral a la SAT Virgen del Espino, en la cual “participaría activamente” el imputado, quien “sabía que no era para una empresa de ocho trabajadores, pues tan sólo tenía dos”.
La magistrada suma a todas estas cantidades otros 700.000 euros “por su contribución personal” a la negociación de los ERE, “conociendo como sabía cómo y con qué deficiencias se tramitaban las subvenciones sociolaborales en los expedientes en que intervino, que fueron muchos”, como Primayor, Saldauto, Calderinox, Faja Pirítica, Pickman o Nerva Croissant. El auto agrega que “era consciente, según reconoció a la Guardia Civil, que nadie controlaba el destino dado a las ayudas, lo que obviamente incrementaba el despilfarro de las mismas, en la que el inculpado tendría por lo expuesto cierta participación”.
El imputado defiende su inocencia
Tras la comparecencia del pasado viernes, el abogado del imputado entregó a los periodistas un comunicado de prensa en el que defiende su “absoluta inocencia” en el caso, añadiendo que “existen abundantes pruebas tanto testificales como documentales de su falta de participación” en los hechos relacionados con este procedimiento.
En dicho escrito se recoge que queda así reflejado en el informe enviado a la jueza por la Junta de Andalucía, a requerimiento de la fiscalía, “en el que se dice que no tenía ninguna capacidad de decisión, por lo tanto ni podía proponer acuerdos ni aprobaba ni denegaba”. Igualmente, su defensa agrega que “su alejamiento de la partida 31.L -más conocida como fondo de reptiles- está acreditado a lo largo del sumario y continuará demostrándolo en los momentos procesales oportunos”.
