Alaya: Los sindicatos se financiaron “de forma irregular durante una década”

El último auto de la jueza Mercedes Alaya no deja de nuevo bien parados a los sindicatos UGT y CCOO. Si cuando envió a prisión el 21 de marzo al exdirector de la mediadora Vitalia, Antonio Albarracín, los hizo aparecer en la escena del caso de los ERE aludiendo a presuntos pagos a los entornos de UGT y CCOO por valor de 4,2 millones, esta vez Alaya señala directamente que “los sindicatos, además de las cuotas de sus afiliados y de las subvenciones públicas anuales, encontrarían durante una década en Andalucía esta otra forma de financiación irregular” en la trama de los ERE.

Según el auto de medidas cautelares establecidas sobre José González Mata, administrador único de Uniter y desde anoche en prisión, esta mediadora “realizaría pagos periódicos a los sindicatos UGT y CCOO, los cuales se verificarían de manera fraccionada a través de distintas entidades, que no responderían a ningún concepto definido y efectivamente soportado, pues los mismos no prestarían ni facturarían ningún servicio a Uniter que los justificara”.

El auto, al que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia, explica que “UGT y CCOO indiciariamente habrían impuesto, de manera arbitraria e ilegítima, tales pagos como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de reestructuración empresarial, pagos que en estos casos recaerían sobre Uniter como principal beneficiaria de estos grandes procesos, como en otros casos lo exigirían de las empresas que promovían los expedientes de regulación de empleo”.

Según datos bancarios y fiscales, recogidos en los razonamientos jurídicos del auto, González Mata habría destinado a través de sus empresas 3.253.031,61 euros a UGT y CCOO. De la misma forma Vitalia habría destinado 4.291.384,10 euros y otros 104.400 euros Estudios Jurídicos Villasís. Lo que supondría una cantidad total de 7.648.815 euros, según detalla la jueza Alaya.

En el apartado del auto relativo a 'pagos a sindicatos por parte de Uniter' añade la magistrada que dichos pagos se habrían canalizdo a través de seis entidades (Atlantis Asesores, ASP Asesoramiento Seguros, Federación Minerometalúrgica de CCOO, TEMIQUI, S.A., ITG, S.A y la Federación Agroalimentaria de Cádiz. UGT). La jueza, examinados algunos de los datos ofrecidos por la contabilidad de Uniter respecto a estas entidades, señala que Atlantis habría recibido de Uniter entre 2003 y 2010 la suma de 1.538.268,09 euros, la cual, amén de no retribuir contraprestación alguna, “procedería de los fondos destinados por la Junta de Andalucía para el abono de las subvenciones sociolaborales y que sin lugar a dudas abonaría la intervención de Uniter en futuros expedientes, pues era obvia la influencia ejercida por los sindicatos en los procesos de reestructuración empresarial, sobre todo en los más importantes que eran a su vez los que mayor negocio generaban”.

“Connivencia” de responsables de la Junta

Alaya indica en este auto que convendría poner el énfasis no sólo en las sobrecomisiones millonarias que tanto Vitalia como Uniter habrían cobrado, y que se habrían detraído “ilegítimamente” de los fondos públicos de la Junta de Andalucía “con la connivencia de responsables de esta última”, sino, según estima la Dirección General de Seguros, en la propia “innecesariedad del gasto de mediadores”, ascendente sólo en las pólizas y periodo parcial analizados por este organismo a 51.650.520 euros.

Esta cantidad se incrementa notablemente si se atiende a los datos ofrecidos por la Agencia Tributaria, lo que habría encarecido “injustificadamente” el coste de las pólizas de seguros, pues según la Dirección General de Seguros son las propias entidades aseguradoras las que acuden directamente a los concursos de pólizas de seguros financiadas por la Administración.

En este sentido, apunta el auto que el reciente Decreto-Ley 4/2012 de 16 de octubre de la Junta de Andalucía, establece que en ningún caso la aportación de la Administración de la Junta en la financiación de la prima incluirá comisiones o gastos externos de intermediación u otros semejantes devengados o de los que sea acreedora persona física o jurídica distinta de la compañía aseguradora.

El “enriquecimiento del inculpado”

Dice el auto, respecto a González Mata, que el “enriquecimiento del inculpado”, fruto del “ilegítimo negocio” de las pólizas financiadas por la Junta de Andalucía y de las sobrecomisiones que ésta le abonaría, podría evidenciarse de un análisis de Cureña S.L., una sociedad patrimonial que comparte domicilio social con Uniter e Ingotor, y que se nutre en su mayor parte de los ingresos que recibe de estas sociedades, lo cual le serviría al González Mata “para aflorar al tráfico mercantil sus ilícitas ganancias”. Según el documento, es titular de 32 inmuebles, de los cuales 29 los adquirió en el periodo investigado y con casi tres millones de euros entre productos de pasivo e imposiciones a plazo.

Según la jueza, el ya encarcelado habría cometido el delito de asociación ilícita por la “organización criminal” a la que pertenecería, la cual estaría “jerarquizada con un reparto de roles muy determinados para cada interviniente”. González Mata influiría en la concesión de la ayuda pública por su cercanía con determinados cargos de la Administración (prevaricación, tráfico de influencias), así como incorporaría al tráfico mercantil las ilícitas ganancias procedentes de las sobrecomisiones de las pólizas que intermediaba de la Junta, las cuales obviamente procedían de las subvenciones concedidas por dicha Administración (malversación).

Las sobrecomisiones, según relata el auto, se destinarían a su “enriquecimiento personal”, aflorándolas mediante la adquisición de inmuebles a través de su entidad Cureña (blanqueo de capital) y a su distribución entre los demás integrantes de la trama para que a su vez le dieran un destino fuera de los cauces legítimos, favoreciendo a otras entidades y personas, algunas de ellas con cargo público (cohecho).

En todo este recorrido, González Mata habría incurrido además en delito de falsedad documental para justificar el trasvase de fondos entre las distintas entidades de su grupo, elaborando incluso nóminas falsas de trabajadores y facturas falsas entre sus sociedades por servicios inexistentes, que igualmente ha tenido que generar las oportunas declaraciones tributarias, podrían haber dado lugar a la comisión de diversos delitos de defraudación a la Hacienda Pública.

El juzgado, que fija la posible responsabilidad pecuniaria de González Mata en 98’8 millones de euros, nombra como administrador judicial de Cureña y Uniter al Consorcio de Compensación de Seguros a causa del embargo de las cuentas y fincas a sus nombres.