Levantado el secreto parcial de las actuaciones que derivaron en la operación Barrado

La jueza Mercedes Alaya ha levantado el secreto de sumario parcial que pesaba sobre la causa del fraude en cursos financiados por la Junta de Andalucía y que culminó la pasada semana con la operación Barrado en la que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) detuvo a un total 16 personas, incluidos 13 exaltos cargos, todas ellas en libertad con cargos. La magistrada ha dictado un auto con fecha de este lunes en el que levanta el secreto parcial que decretó el pasado 13 de febrero tras analizar los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre las “distintas direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y las diversas irregularidades denunciadas”.

La jueza declaró secretas estas actuaciones, que concluyeron con la operación de la Guardia Civil, “atendiendo la gravedad de los delitos investigados, la especial importancia de la línea de investigación con ellos iniciada, de las expectativas de la misma y del riesgo de frustrar sus posibles resultados por la posible pérdida, destrucción o manipulación de indicios o fuentes de prueba”.

No será hasta la próxima semana cuando las partes personadas en este procedimiento tengan acceso a la documentación afectada por el secreto de sumario, entre ellas la declaración como testigo, el pasado viernes, de un interventor de la Junta de Andalucía que participó en la elaboración de los informes que alertaron de irregularidades y que dieron lugar a la operación.

Una parte sigue secreta

Lo que continúa vigente es el secreto que la jueza decretó el día 20 de enero ante la “gravedad” de los hechos y tras detectar distintas “bolsas de fraude” que le llevaron a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una concerniente a las ayudas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe).

El secreto afecta a la investigación sobre la “existencia de entramados empresariales beneficiados de diferentes subvenciones, algunas de las cuales habrían sido identificadas por funcionarios de la propia Dirección General de Formación” y por Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía en Sevilla, “y en la que personas que dirigían varios entramados de empresas tenían acceso a un volumen importante de subvenciones, incluso algunas de estas personas tendrían relación con determinados cargos de la administración”.

En segundo lugar, la instructora aludía a la “existencia de determinados fraudes en los consorcios entre administraciones; estos consorcios recibían subvenciones a través de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Empleo, utilizando el procedimiento de adjudicación de concurrencia no competitiva, planteando la Cámara de Cuentas dudas sobre la adecuación del procedimiento”, lo que también fue declarado secreto.

Mercedes Alaya pone de manifiesto que, de la documentación recibida, “se ha podido constatar que todos los consorcios tienen abierto expedientes de reintegro, dos de ellos en fase de inicio, y el resto en fase de resolución”.

Fue el pasado martes cuando los agentes de la UCO realizaron la última operación de manera simultánea en las ocho provincias de Andalucía, deteniendo a un total de 16 personas, entre ellas cuatro exdirectores generales de la Junta de Andalucía, nueve exdelegados provinciales de Empleo y tres responsables de dos consorcios de formación, por delitos de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones.

Entre los detenidos se encontraban los delegados de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Sevilla, Aurora Cosano, y Huelva, Eduardo Muñoz, quienes fueron cesados de inmediato.

En los autos de imputación la jueza pone de manifiesto que, desde la Consejería de Empleo se impartían “órdenes” a las distintas delegaciones provinciales “para que no se controlara el dinero” destinado a la formación, “creando de esta forma una red de clientelismo político”.