Alaya investigará la actividad de la CEA durante 14 años en relación con cursos de formación

La juez Mercedes Alaya, dentro de la causa abierta por las presuntas irregularidades en relación a las ayudas a cursos de formación y subvenciones por parte de la Junta de Andalucía a sindicatos y otras entidades, investiga entre otros los pagos realizados entre los años 1999 y 2013 por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) para abonar los cursos de formación que dio a través de fundaciones vinculadas y empresas.

En un auto dictado el 14 de mayo de 2014, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada señala que, según los atestados remitidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, “el actual estado de la investigación ha puesto de manifiesto que las principales entidades beneficiarias de subvenciones para la realización de acciones formativas, no solo fueron las entidades sindicales, sino que también lo fue la CEA como uno de los principales agentes sociales”.

Todo ello, añade la juez Mercedes Alaya en un auto incluido en el sumario del caso, “según las diferentes órdenes de la Consejería de Empleo que regulan lo relativo a políticas activas de empleo en la comunidad andaluza y más concretamente lo relativo a formación profesional, tanto ocupacional como formación continua”.

Por todo ello, libra mandamiento judicial a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria a fin de que “a la mayor brevedad” ponga a disposición de la UCO “toda la información relativa a las operaciones con terceros y declaraciones de IVA” de la Confederación de Empresarios de Andalucía en los ejercicios económicos de 1999 a 2013.

La juez dictó este auto después de que, el mismo 14 de mayo, la UCO le remitiera un oficio en el que comienza relatando que dicha unidad está desarrollando una investigación “que tiene por objeto esclarecer todos los pormenores que han concurrido a la hora de adjudicar y aplicar determinados fondos públicos por parte de la Junta, cuyo destino final fueron determinados agentes sociales, los cuales podrían haber dado a dichos fondos un destino diferente al que tenían en un principio”.

En el oficio, la Guardia Civil relata que en octubre de 2013 “se publicaron diversas noticias de prensa que revelaban las instrucciones que desde UGT-A se impartían, mediante correo electrónico, a distintos proveedores al objeto de que estos modificasen determinadas facturas para que los servicios facturados pudieran justificar diferentes subvenciones otorgadas por la administración con objeto de dedicarlas a actividades formativas”.

“En aquel momento, las publicaciones hacían referencia únicamente a UGT-A y a CCOO-A, lo que motivó que, al objeto de identificar a todos los proveedores de estas entidades, se solicitase mediante el correspondiente mandamiento judicial a la Agencia Estatal de Administración Tributaria una serie de informaciones de índole fiscal relativa a estas organizaciones sindicales, en concreto se solicitó la información relativa a las operaciones con terceros relativas a UGT-A y CCOO-A, así como de las entidades beneficiarias”, mientras que “igualmente sería necesario estudiar las declaraciones de IVA de las mismas entidades”.

No obstante, y según indica la UCO, la investigación “pone de manifiesto cómo las principales entidades beneficiarias de subvenciones para la realización de acciones formativas no sólo fueron las entidades sindicales, sino” también la CEA “como uno de los principales agentes sociales”.

Hasta el momento, el único imputado en la causa de los cursos de formación que investiga la juez es el exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández.